El cruce entre banqueros y referentes económicos de Juntos por el Cambio del último fin de semana metió el dedo en la llaga. La oposición sondea nombres, combinaciones de caras para el armado de fórmulas, pero no contenidos y propuestas concretas. Si Patricia Bullrich fuera presidenta, ¿cómo y cuándo desarmaría el cepo? ¿desarmaría el cepo cambiario? ¿quién sería su ministro/a de Economía? ¿cómo bajaría la inflación?

¿Y si fuera Larreta el presidente? ¿Y si fuera Morales? ¿Y si fuera... (inserte el precandidato de su preferencia)?

Hasta ahora el panorama sugiere que toda la oposición está incómoda con la inflación y con el cepo, con el sesgo antiexportador y la brecha cambiara que genera, pero ninguno de los precandidatos quiere entrar al barro de las políticas para resolver los desbalances macroeconómicos, incluso cuando la inflación es la principal preocupación de todo el electorado, el único tema en la agenda para el que no hay grieta.

Por ahora, les "garpa" más criticar a la gestión del oficialismo que, castigada por la sequía, el tic tac del calendario electoral y errores propios no forzados, no está consiguiendo mostrar resultados atractivos. Entre una hiperinflación y una tendencia al 5,5% mensual, todos preferimos la segunda; pero nadie en su sano juicio daría su voto a quien le prometa 5% de inflación al mes en un mundo de inflación de un dígito anual.

El problema es que tarde o temprano ir por la presidencia, y ni que decir llegar a la presidencia, requiere decidir qué se va a hacer con el déficit, con las deudas -interna y externa-, con el cepo y con la política de comercio exterior. Y en este sentido, los candidatos de la oposición tienen incentivos a que el cepo le explote a Massa, que este gobierno devalúe y sea el culpable de llevar la pobreza arriba del 65%. Así, la gestión siguiente puede comenzar con la peor parte de las correcciones de shock ya recorrida.

Las proyecciones de analistas del último Relevamiento de Expectativas de Mercado descartan que Massa vaya a levantar el cepo. En cambio, vaticinan que, tan pronto cambie el Gobierno, habrá una corrección cambiaria del 25% para achicar la brecha.

El punto entonces es quién paga los platos rotos de levantar el cepo y devaluar.

Para el Gobierno, la carta de Juntos por el Cambio dice más del programa económico de Cambiemos que de la política de gestión de la deuda del Tesoro de Massa: "Si la salida del cepo la paga Massa, ese el primer punto del programa económico de Cambiemos. Si la tienen que pagar ellos, quizás no. En ese caso, achicarán la brecha con un salto nominal y luego un crawling más acelerado o esperarán que termine la sequía y acumularán dólares antes de levantar algunas restricciones. No lo sé, hay que preguntarles a ellos", fue la lectura de un economista del oficialismo.

En esa clave leen en el entorno de Massa las declaraciones de Lacunza, Laspina y Sandleris. "Cuando lo leí, lo primero que pensé fue que era un fake, que le había hackeado la cuenta a Lacunza porque el planteo para impedir la normalización de la curva de vencimientos no es acorde a su calibre técnico", dijo un importante colaborador del ministro.

´Esto solo se entiende desde una óptica electoralista, para que el Gobierno no pueda renovar vencimientos, empeorar la economía de todos y mejorar sus chances electorales. Pero se olvidan que, después de la hiperinflación de Alfonsín, la economía quedó tan inestable que Menem también se comió una, no es gratuito', agregó otro funcionario.

 "Esto solo se entiende desde una óptica electoralista, para que el Gobierno no pueda renovar vencimientos, empeorar la economía de todos y mejorar sus chances electorales. Pero se olvidan que, después de la hiperinflación de Alfonsín, la economía quedó tan inestable que Menem también se comió una, no es gratuito", agregó otro funcionario.

En efecto, generar un bombazo de pesos en junio por incapacidad de renovar la deuda en pesos, verse obligados a reperfilar compulsivamente a los acreedores -no solo los bancos- sería dañino para el sistema bancario y sus depositantes. La alternativa de emitir y hacer volar la brecha, la inflación y eventualmente el cepo, sería lapidario para el oficialismo sí, pero dañino para todos no solo los bancos y los ahorristas.

Si, en cambio, el Gobierno llegara a fin de mandato sin devaluar -posiblemente con la lengua afuera y arañando divisas de donde sea-, sería el turno de la próxima gestión para ponerle el cascabel al gato y decir cómo van a desarmar el cepo y cómo van a bajar la inflación, de decidir qué hacer primero y qué hacer después porque las dos cosas al mismo tiempo son técnicamente imposibles (al menos sin dolarizar), lo que equivale a decidir a qué parte de la población se le da prioridad en sus urgencias.

Esto es clave: el cepo es un mecanismo de transmisión de recursos desde los sectores más competitivos de la economía, el agroexportador, la minería y la energía, a los sectores industriales y urbanos más demandantes de mano de obra. El cepo es también un mecanismo de disociación del nivel de precios de los alimentos fuera del país y dentro del país, es decir, es un paliativo de la pobreza. Sacar el cepo de sopetón, es necesariamente una transferencia de ingresos de sopetón.

Y los salarios en términos reales ya no están altos como en 2015 ni la inflación es moderada como en 2015 ni hay margen para endeudarse y generar un colchón transitorio con divisas ajenas como en 2015; y la brecha cambiaria no es del 70% como en 2015 sino del 85% o más. Es decir, el sinceramiento cambiario de Alfonso Prat Gay en 2016 hoy sería mucho más inflacionario, o sea, mucho más doloroso.

Quizás, por eso también, articulado con otro conjunto de medidas económicas y, Dioses quieran, con lluvias, cosechas de promedio a buenas y exportaciones, también puede generar condiciones para ir desarmando la maraña de controles para proyectar más desarrollo. Al fin y al cabo, el cepo también tiene un costo en materia de inversiones, crecimiento del PBI potencial y posibilidades de dinamizar el mercado laboral que también es muy alto en el largo plazo.

El comunicado también fue llamativo por sus respuestas y por sus fundamentos. En primer lugar, porque fueron los bancos los que salieron a responderles a los referentes de Juntos por el Cambio y dejaron claro que el canje voluntario era preferible a cualquier reperfilamiento forzoso o reestructuración. Para economistas de una raigambre pro-mercado, el roce público con el sistema financiero pone en evidencia que las rispideces de una gestión que terminó hace tres años siguen a flor de piel. Y aunque los mercados tienen poca memoria, es una aspereza gratuita que la cúpula de la oposición arrastrará el resto del año. Al fin y al cabo, a este Gobierno todavía le falta hacer otros dos canjes de deuda. 

En segundo lugar, porque los argumentos esbozados se dan de bruces contra los esgrimido por sus correligionarios cuando estaban en funciones. Recuerdo bien que, off the record, funcionarios del gobierno anterior cuando se les preguntaba acerca de la sostenibilidad de la deuda, las formas de repago -en particular de las letras del Tesoro en dólares- y los mecanismos para reducir gradualmente el peso del gasto financiero sobre el gasto público, la respuesta era -palabras más, palabras menos-: "Los países no pagan sus deudas. Los países las renuevan, las administran, solo en países sin credibilidad les exigen el pago al vencimiento".

Por eso fue tan llamativo el comunicado de tres referentes económicos de Juntos por el Cambio que sugería que, las deudas de Tesorería en pesos de esta administración que entrarán en un canje la semana que viene no serían validadas por el próximo gobierno, un temor que ellos mismos atravesaron como gestión y los llevó a proponer modificaciones sobre la Ley de Administración Financiera para poder extender más los plazos de colocación de la deuda de Tesorería.