Vivimos en un estado de emergencia global, sanitaria, económica y social con consecuencias de especial profundidad en los países latinoamericanos. Mucho se habla de estrategias de aislamiento, otro tanto de la tecnología, de si el abordaje debe ser global o cerrando fronteras, bastante acerca de si el enfoque prioritario debe ser salud primero economía después en las políticas de Estado que luchan por ganarle a la pandemia por Coronavirus.

De lo que se habla poco, y se hace menos, es de la necesidad de profundizar los mecanismos de transparencia pública en el marco de la actual emergencia. COVID-19 es el nuevo virus, pero hay otro, un virus preexistente en la historia de las personas y los Estados, que amenaza con continuar en expansión y que aumenta como una lente los padecimientos que ocurren: la corrupción.

"La corrupción podría ser el peor efecto colateral de la pandemia de Covid-19. La transparencia, la responsabilidad y el acceso a la información son esenciales en situaciones de emergencia" expresó recientemente Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional (TI), recordando de manera expresa a los gobiernos y sus instituciones que la información pública, la transparencia en procesos y acciones públicas y la rendición de cuentas no son valores menores a guardar ante la crisis, sino los valores principales. Siempre lo han sido.

Datos públicos: garantía para las decisiones

Hoy estamos inmersos en un contexto de riesgo, donde nos abruma la velocidad que requieren las decisiones para proteger vidas. Pero es, precisamente, en situaciones de crisis cuando es necesario liderar políticas de emergencia adecuadas y suficientes, reduciendo al mínimo la posibilidad de mentira, las decisiones capciosas o los manejos poco claros de lo público que contribuyen a aumentar la incertidumbre.

En este campo, sólo los procedimientos adecuados y los datos verificables nos garantizan diagnósticos de validez para mapear, si no la dimensión global, cuanto menos el estado de situación en territorio. Así como los datos se mueven en una realidad dinámica, la gestión de estos datos debe moverse también en esa realidad, pero ajustados al rigor de veracidad y transparencia que exige moralmente el objetivo.

Son los datos fiables los que permiten tomar las decisiones acertadas, pero esos datos deben ser no solo públicos en tanto documentales, sino efectivamente accesibles, ya que el acceso a la información garantiza la secuencia de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción en Estados democráticos. Así como la verdad es la primera víctima de una guerra, la transparencia es la primera víctima en estados de excepción.

Hace unos días, Sandra Pitta, biotecnóloga e investigadora de CONICET en Argentina, hizo pública su preocupación por el modo en que el gobierno venía manejando cifras oficiales en el marco de la emergencia nacional por COVID-19, ajustadas por la centralidad de la política sobre reactivos y testeos para asegurar datos representativos. Luego de esto, se ampliaron los centros de análisis, los reactivos y los testeos.

El largo camino de transparentar fondos públicos

Pero el tema de datos de salud no es el único riesgo que existe para la transparencia en medio de la pandemia global. El otro gran tema es el manejo de los fondos públicos asignados para garantizar recursos humanos y materiales suficientes. "Al hacer un mal uso de esos fondos extraordinarios, se vulneran los derechos de las personas" expresa el documento que los 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional elaboraron y difundieron a fines de marzo.

La preocupación sobre garantías de derechos humanos tienen que ver tanto con los canales de acceso ciudadano a tales derechos, como con la integridad de los recursos. Los procedimientos administrativos y el control necesario en contrataciones, compras públicas y pagos corren el riesgo de ser "saltados" en nombre de la emergencia y reemplazados por la discrecionalidad política.

Recientemente, la prensa argentina se hizo eco de la información respecto de los sobreprecios que el gobierno país pagó en la compra de alimentos y alcohol en gel para atender las demandas sociales que superaron en un 50 por ciento los precios máximos que el mismo Estado argentino establece y por los cuales, además, destina recursos en operativos de control comercial. Este podría ser un absurdo, tal vez lo parezca. Pero en un Estado acostumbrado, como muchos otros en América Latina, a estar virtualmente a expensas de decisiones oficiales que se mueven en la estrecha franja entre lo absurdo y lo corrupto, es un hecho no menor que trasciende ampliamente lo ideológico. La ciudadanía y la oposición reclamaron responsabilidades políticas y varios funcionarios tuvieron que renunciar a su cargo.

Confianza pública para construir voluntad

Las recomendaciones para la transparencia incluyen no sólo el acceso a datos abiertos, sino también y con igual importancia, la administración eficiente e imparcial de los recursos a través de competencia económica, el seguimiento del gasto y la rendición de cuentas al final del estado extraordinario como una obligación.

En sentido similar se han expresado otros investigadores, como Roberto De Michele y Juan Cruz Vieyra, especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al citar el último paper de la organización "Elite Capture of Foreign Aid" (Andersen, Johannesen y Rijkers 2020) sobre usos de fondos de ayuda para el desarrollo. Afirman que en los desastres naturales, crisis y epidemias se manifiestan "riesgos altos de uso indebido de recursos públicos" situación que lleva a un "circulo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones".

En los últimos años hemos asistido a procesos de apertura de los Estados, a legislación sobre derechos de acceso a la información pública y a mayor participación de la ciudadanía como una manera expresa de recrear la confianza pública perdida en sus instituciones. La emergencia no va a mejorar los niveles de confianza pública, muy probablemente los profundice y si queremos calidad democrática para sostener las comunidades después de esto, necesitamos liderar la confianza, necesitamos que sea real para construir voluntad en lo que sigue de ahora en más.

La transparencia no es, entonces, una obligación a cumplir cuando el riesgo y la incertidumbre hayan pasado y se publiquen números, estadísticas y resultados. Será tarde. La transparencia es la garantía para la vida humana ahora, en el preciso momento de la acción en la emergencia. Sabemos que la corrupción mata, la transparencia es el mejor antídoto ante el virus de la corrupción y el remedio para recuperar la confianza pública en las instituciones democráticas