Existe una historia que cuenta Conrado Pappalardo, importante empresario y político paraguayo, que quizás sirva para pensar la reciente controversia entre Argentina y Chile en torno al Estrecho de Magallanes. En sus memorias, Pappalardo recuerda las negociaciones que condujeron al acuerdo que los entonces presidentes Juan Perón y Alfredo Stroessner firmaron en 1973 para la construcción de Yacyretá.

El asunto venía de lejos. En 1926, Eusebio Ayala y Honorio Pueyrredón, embajadores de Paraguay y Argentina respectivamente ante los Estados Unidos, habían firmado en Washington un protocolo para el aprovechamiento energético de los saltos de Yacyretá-Apipé. Aquel entendimiento establecía una distribución extraordinariamente favorable para nuestro país: Paraguay tendría derecho al 7,5 % de la producción energética y Argentina al resto.

Casi cincuenta años después, sectores de la administración argentina continuaban invocando aquel antecedente para condicionar la negociación de un acuerdo más equitativo con Paraguay.

Pappalardo cuenta que Stroessner lo envió a negociar personalmente con Perón, a quien conocía de sus años de exilio en Asunción. Cuando el enviado paraguayo le explicó que la Cancillería argentina se aferraba al compromiso de 1926, Perón respondió: "Pero eso fue hace mucho tiempo". Acto seguido llamó a su canciller, Alberto Vignes, y le indicó que aceptara la propuesta paraguaya de distribuir la energía en partes iguales. Después hizo lo propio con el almirante Emilio Massera, jefe de la Armada.

¿Quién piensa la seguridad en Sudamérica?

Según el relato de Pappalardo, Perón le explicó que era precisamente la Armada la que sostenía algunas de las posiciones más duras, en buena medida por las diferentes concepciones existentes dentro del Estado argentino acerca del desarrollo energético y el lugar preponderante que debía ocupar, para este último grupo, la energía nuclear en detrimento de la eléctrica. 

Perón entendió que una relación estratégica entre dos países no puede quedar indefinidamente prisionera de documentos, rivalidades y desconfianzas pertenecientes a otro mundo. El General no estaba renunciando al interés argentino: simplemente entendía que ese interés había cambiado.

Medio siglo después, probablemente no exista en Hispanoamérica un vínculo más cercano y natural que el que mantienen hoy Argentina y Paraguay.

La reciente controversia provocada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, acerca del Estrecho de Magallanes merece ser observada desde esta perspectiva. El brigadier Valverde habló de la necesidad de mantener presencia argentina en el extremo austral y se refirió a "Magallanes, el sur, el Drake" como espacios centrales para la soberanía y como una verdadera llave bioceánica entre el Atlántico y el Pacífico.

La reacción chilena fue inmediata. Su Cancillería anunció una nota de protesta y recordó que el Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente (término que enfatizaron) chileno, conforme a los tratados vigentes. La Cancillería argentina respondió rápidamente reafirmando expresamente el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Finalmente, los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambos países conversaron y dieron el incidente por superado.

Pero detrás del episodio aparece una cuestión bastante más importante. Que el Estrecho de Magallanes sea chileno no significa que la Argentina carezca de intereses estratégicos fundamentales en el espacio marítimo inmediatamente relacionado con él. El Estrecho no existe en el vacío. Forma parte de un sistema geográfico y estratégico que involucra el Atlántico Sur, Tierra del Fuego, el Pasaje de Drake, la comunicación con el Pacífico y, finalmente, la proyección antártica.

Cuando Valverde sostiene que la Argentina debe tener presencia en esa región porque allí se encuentra una de las llaves de la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, señala una realidad estratégica indiscutible. Eso no equivale a reivindicar soberanía argentina sobre el Estrecho. El problema aparece cuando la geografía política se interpreta con las desconfianzas del siglo XX, tal el caso de la desproporcionada reacción trasandina.

Que el Estrecho de Magallanes sea chileno no significa que la Argentina carezca de intereses estratégicos fundamentales en el espacio marítimo inmediatamente relacionado con él. El Estrecho no existe en el vacío. Forma parte de un sistema geográfico y estratégico que involucra el Atlántico Sur, Tierra del Fuego, el Pasaje de Drake, la comunicación con el Pacífico y, finalmente, la proyección antártica

Para la dirigencia argentina, Chile debería ser el aliado político y estratégico fundamental para lo que resta del siglo XXI y, en ese sentido, hay que orientar los esfuerzos. Y si Chile tuviera una mirada igualmente larga sobre sus propios intereses y desprovista de condicionamientos varios, debería llegar a una conclusión semejante respecto de la Argentina.

Pero, como advertía Carlos Escudé al cuestionar la tendencia a antropomorfizar a los Estados, Argentina y Chile no son personas que "piensan", "sienten" o "desconfían". Son sus gobiernos, sus fuerzas armadas, sus burocracias, sus élites económicas, sus medios de comunicación y sus diferentes facciones de poder los que interpretan los intereses nacionales. Y es allí donde el episodio Magallanes resulta revelador.

Quien se haya detenido a ver el tratamiento que los medios de comunicación trasandinos dieron a las declaraciones de Valverde notará lo delirante del enfoque adoptado. Más aún cuando el affaire en cuestión se inicia, una vez más, en redes sociales (como la campaña antiargentina luego del partido contra Inglaterra y la sábana ya histórica), para luego ser desarrollado por los medios tradicionales.

José Kast y Javier Milei.

 En algunos programas televisivos, con formatos por supuesto muy similares a los argentinos, los conductores parecían más interesados en confirmar una supuesta amenaza argentina que en comprender qué había dicho efectivamente el jefe de nuestra Fuerza Aérea, quien antes de usar la expresión en cuestión destacó en la entrevista los intereses comunes y la cooperación binacional como un activo.

Paradójicamente, fueron algunos de los propios entrevistados chilenos -entre ellos ex ministros con experiencia directa en las áreas de Defensa, como Jorge Burgos y Santiago Vidal- quienes debieron moderar la sobreactuada indignación de los conductores de TV chilenos (muy al estilo de los nuestros, sin importar el lado de la grieta), quienes seguramente tenían bien en claro lo que tenían que hacer.

Pero, como advertía Carlos Escudé al cuestionar la tendencia a antropomorfizar a los Estados, Argentina y Chile no son personas que "piensan", "sienten" o "desconfían". Son sus gobiernos, sus fuerzas armadas, sus burocracias, sus élites económicas, sus medios de comunicación y sus diferentes facciones de poder los que interpretan los intereses nacionales. Y es allí donde el episodio Magallanes resulta revelador.

Pero existe además un tercer actor que, visto desde Buenos Aires, no puede ser ignorado. El Reino Unido no es para la Argentina una potencia extrarregional cualquiera. Es el Estado que ocupa las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y mantiene una presencia militar permanente en parte de nuestro territorio nacional. Al mismo tiempo, Londres mantiene una relación de defensa sostenida con Chile, asociación que desde hace tiempo Argentina debiera haber intentado quebrar como una de sus prioridades estratégicas.

Esa desatención se paga por partida doble luego de la peligrosa (para Argentina) Asociación Estratégica 2026-2030 que el Brasil de Lula -no el de Bolsonaro- suscribió con la potencia ocupante, cerrando de este modo el cerco sobre las pretensiones nacionales. Por cierto, no se trata de exigirles a Chile o Brasil que organicen sus relaciones internacionales de acuerdo con los intereses argentinos. Se trata más bien de que la Argentina oriente su política exterior y de defensa de acuerdo con los propios y entienda, de una buena vez, que nada tiene que ver que Kast sea de "derecha" y Lula "compañero", o a la inversa.

La recuperación de algunas capacidades militares argentinas también forma parte de este escenario. La incorporación de los F-16 y el renovado interés argentino por el Atlántico Sur son observados del otro lado de la cordillera, más allá del sistemático lobby en contra que semanalmente se publica en un artefacto con destino a la Luna. Desde el año 2015 Argentina tiene paralizada la compra de aviones que bien pudo resolver entre 2019 y 2023, quizás perfectamente consciente de que la adquisición de los Thunder chinos no era una opción realista, en tanto traspasaba una línea, por lo que se decidió desplegar la vieja y conocida estrategia del perro del hortelano.

En Chile, de hecho, existe actualmente una discusión no menor acerca de los recursos destinados a sus Fuerzas Armadas y de las capacidades estratégicas que el país debe conservar. El gobierno de Kast, que también arribó con motosierra, como todos los del tipo en la región, ha puesto la cuestión presupuestaria y la eficiencia del gasto público en el centro de su agenda. Frente a esa situación, que una facción pretenda agitar la remanida "amenaza argentina", a partir de una frase de un alto mando militar totalmente sacada de contexto, podría adquirir la forma de una coartada oportuna para dar prioridad al fortalecimiento de las capacidades estratégicas chilenas.

Así, la recuperación militar argentina (de esta manera lo ven al otro lado de la cordillera) puede ser utilizada por sectores vinculados a la defensa chilena como argumento para advertir contra eventuales reducciones presupuestarias. Pocas cosas resultan más eficaces para defender un presupuesto militar que señalar el incremento de capacidades del vecino (salvo en Argentina, que ha visto en los últimos años impertérrita cómo Chile, Perú y Brasil invertían en defensa). Tan es así que hoy el rearme alemán preocupa mucho más a Gran Bretaña y Francia que a Rusia.

Apenas dos días después de la controversia, el 27 de agosto, Argentina y Chile avanzaron conjuntamente en los protocolos para tres enormes proyectos cupríferos transfronterizos -Vicuña, NexoAndino y Filo Sur- previstos en el Tratado de Integración Minera. El esquema podría habilitar inversiones superiores a los 20.000 millones de dólares y permitir que proyectos argentinos utilicen infraestructura y puertos chilenos sobre el Pacífico.

Esa noticia explica mucho mejor dónde están los intereses argentinos que cien horas de televisión discutiendo las declaraciones de un brigadier en un programa de streaming dedicado a promover la industria nacional. Argentina necesita los puertos chilenos para proyectar parte de su producción hacia Asia. Chile necesita el desarrollo minero argentino para potenciar su propia infraestructura. Ambos comparten una frontera de más de cinco mil kilómetros, recursos naturales complementarios, pasos cordilleranos, energía, minería, comercio transpacífico, intereses antárticos y un espacio austral cuya importancia estratégica no hará otra cosa que crecer durante las próximas décadas.

Por eso vale la pena regresar a aquella conversación entre Perón y Pappalardo y, más aún, pensar a quién sirven estas tensiones entre Argentina y Chile. ¿Cómo es posible que, frente a cada nueva era de entendimiento (pongamos por caso el político entre Kast y Milei, más allá de las reservas que correspondan) se presenten este tipo de situaciones? ¿O será tal vez que los sectores que históricamente promovieron los intereses chileno-británicos (o la mirada antiargentina y, de este lado, la análoga contra Chile) ven a su pesar que el creciente interés y consecuente presión de Estados Unidos sobre esta zona pone en crisis esas miradas o asociaciones? 

Es raro que The Telegraph haya vuelto a publicar un artículo a este respecto y que días después, en el Salón Oval, el presidente Trump haya manifestado como nunca antes estar dispuesto a revisar la postura estadounidense respecto a las islas argentinas. El río está sonando.