Desde principios de año, la mayoría de los estudios de opinión pública vienen mostrando un panorama electoral auspicioso para el oficialismo. La percepción de los votantes sobre que la inflación se está desacelerando -principal preocupación entre 2023 y principios de 2025- y que el dólar no tiene oscilaciones bruscas -principal indicador de estabilidad económica- se traduce en las encuestas como apoyo al gobierno y una intención de voto notablemente superior respecto al resto de fuerzas políticas.

Uno de los indicadores que puede utilizarse como proxy del desempeño electoral del oficialismo es el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado mensualmente por la Universidad Torcuato Di Tella desde 2001. Este índice mide la percepción ciudadana sobre cinco dimensiones clave: la evaluación general del gobierno, la eficiencia en el uso de recursos públicos, la honestidad de los funcionarios, la preocupación del gobierno por la gente y la capacidad para resolver los problemas del país. Su puntaje va de 1 a 5 y, ajustado a una escala de 0 a 100, muestra una correlación fuerte con los resultados de las 12 elecciones legislativas nacionales desde 2001 (r = 0,76). No es una correlación perfecta (que debería ser r = 1), pero sí robusta y estadísticamente significativa.

Según el valor ajustado del ICG en julio, si las elecciones legislativas nacionales se realizaran hoy, el oficialismo podría alcanzar alrededor de 49 puntos. Naturalmente, este índice se construye a partir de un relevamiento nacional y, por lo tanto, entre las salvedades que deben hacerse se encuentra el hecho de que esos 49 puntos no deben interpretarse como una predicción uniforme en todo el país, sino como un agregado de realidades provinciales diversas.

En este contexto, el clima de triunfalismo en el oficialismo es notorio. Si bien no existe, hasta ahora, ningún indicador robusto que contradiga esta tendencia, es aconsejable, por parte del gobierno, evitar dar por asegurado el resultado electoral por al menos tres motivos.

Unifica a la oposición y moviliza al electorado enojado. Anticipar una victoria puede actuar como un llamado de atención para la oposición e incentivarla a coordinar esfuerzos y lograr acuerdos de unidad. Uno de los principales activos del oficialismo en el presente es precisamente la fragmentación y falta de alternativas convocantes en la oposición. En otras palabras, el oficialismo no está disputando el voto con un contrincante claro y potente. Sin embargo, la figura de Javier Milei -y el temor a una posible victoria de su espacio en octubre- ya está siendo utilizada por el kirchnerismo como insumo de campaña. Como suele decirse: si no une el amor, que una el espanto. El escenario que hoy favorece al oficialismo puede, irónicamente, convertirse en el catalizador de una mayor movilización del voto opositor.

Genera expectativas difíciles de cumplir, incluso ganando. El exceso de optimismo eleva las expectativas de forma tal que, aun en caso de triunfo, el resultado puede percibirse como decepcionante si no se alcanza lo proyectado. Esta lógica se conoce bien en el ámbito bursátil, donde los mercados reaccionan negativamente ante resultados que, siendo positivos, no cumplen con las expectativas previamente descontadas. El mismo mecanismo puede trasladarse al terreno político: un oficialismo que proyecta una victoria holgada pero termina ganando por un margen menor corre el riesgo de enfrentar una narrativa pública de retroceso o debilidad.

Desmoviliza al electorado propio. Uno de los riesgos más documentados en la literatura sobre comportamiento electoral es el fenómeno de "falsa certeza de victoria", es decir, cuando los votantes creen que su candidato ya tiene asegurado el triunfo y, en consecuencia, perciben que su participación no es necesaria. Esta idea se vincula con la "teoría del votante racional" de Anthony Downs (1957), quien planteó que los ciudadanos evalúan los costos y beneficios de votar. Si el resultado se considera inevitable, el beneficio marginal del voto cae a cero. Más adelante, Riker y Ordeshook (1968) incorporaron esta lógica en su fórmula del voto, donde la probabilidad percibida de ser decisivo (P) influye directamente sobre la utilidad esperada de votar (R). Si P tiende a cero -como ocurre en escenarios de triunfalismo-, la motivación electoral también se reduce.

Desde la psicología política, este comportamiento se asocia con fenómenos como la sobreconfianza colectiva y la difusión de responsabilidad: cuando todos suponen que el resultado está garantizado, cada individuo cree que su participación ya no es necesaria. En lugar de movilizar, la sensación de victoria inminente puede desmovilizar al electorado propio, al generar una percepción de inutilidad del voto. En términos simples: si ya ganamos y mi voto no cambia nada, ¿para qué ir a votar?

Este fenómeno no es sólo teórico: en las elecciones provinciales de este año, la alta abstención fue un dato clave. Participación: San Luis y Jujuy (65%), Salta (59%), Misiones (55%), Ciudad de Buenos Aires (53%), Chaco (52%), entre otras. El politólogo canadiense André Blais, en su libro To Vote or Not to Vote (2000), a través de modelos estadísticos que controlan por variables como edad, nivel educativo y tipo de sistema electoral sostiene que la percepción de competitividad electoral es uno de los principales determinantes de la participación. Cuando los votantes creen que una elección está definida de antemano -porque una fuerza política parece imbatible o no tiene rival claro-, la participación tiende a disminuir.

Un buen clima electoral no garantiza un buen resultado. El exceso de confianza o transmitir "triunfalismo" puede ser contraproducente tanto por lo que genera en el propio electorado como por su efecto sobre la oposición. La recomendación, por lo tanto, es moderar las expectativas, evitar la sobreactuación de la ventaja y concentrarse en consolidar el voto propio y construir mayorías reales, no supuestas.