Industria Textil
La crisis de la industria textil
Por Mariano Kestelboim
El presidente no ve que la prenda de vestir importada o la fabricada localmente posee diversos costos asociados que son ajenos a la industria textil.

"Si quieren vender la misma remera que hacen los chinos 5 o 10 veces más cara, me parece que estamos en un problema", advirtió Javier Milei ante empresarios el jueves pasado en su exposición realizada en el Consejo de las Américas. En un escenario de colapso del consumo de ropa resulta un nuevo razonamiento disociado de la realidad local que lamentablemente contribuyen a profundizar la caída de la inversión privada. La misma ha ido en descenso a lo largo de todo el gobierno libertario en relación con la administración anterior y, en el último trimestre registrado (primero de 2026), llegó a ser un 12% inferior respecto al mismo período de 2023, según el INDEC.

Es obvio que, si las empresas textiles pudieran vender a precio chino y fuera negocio, lo harían, sobre todo bajo la crisis que atraviesan. El problema que el presidente no ve o no entiende es que la prenda de vestir importada o la fabricada localmente posee diversos costos asociados hasta llegar al consumidor final que superan ampliamente los estándares internacionales y son ajenos a la industria. Se trata de rubros dependientes de decisiones políticas (impuestos) o que las pymes del sector no pueden negociar en igualdad de condiciones con sus proveedores por su menor poder de mercado (costos de ocupación inmobiliaria, logística y financieros, principalmente) y que impiden a las firmas realizar las ventas a precios más cercanos a los chinos. De hecho, el precio de salida de fábrica de una remera no llega ni a representar el 8% de su precio de venta, como en múltiples ocasiones los representantes de la Fundación Pro Tejer y de la Cámara de la Indumentaria explicaron públicamente con dato duros.

Con un consumo interno deprimido y asfixiado por la suba desproporcionada de las tarifas de los servicios públicos, de los precios de los combustibles, de los alquileres, de los alimentos y de los medicamentos y un mercado desbordado por la importación (en los primeros 7 meses de 2026 se importaron 31.324,7 toneladas de ropa cuando en los mismos meses de 2023 habían sido 11.071,9 toneladas, según el INDEC), los fabricantes y los comercios han ido acumulando stocks. No pueden cubrir los gastos fijos de estructura, deben prorratearlos en menores volúmenes de ventas y, con tasas de interés exorbitantes, no consiguen realizar las inversiones más indispensables. Así se retrasan tecnológicamente, empeoran las condiciones laborales y terminan despidiendo personal y quebrando.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la producción de indumentaria perdió 27.526 puestos de trabajo asalariados registrados, según la Secretaría de Trabajo de la Nación (por la informalidad del sector, el número total debe más que duplicar esa cifra), lo cual representa el 30% de la dotación de empleo formal restante.

Otro dato que expone la magnitud del derrumbe es el nivel de utilización de la capacidad productiva: más del 60% de sus máquinas textiles no fueron utilizadas en los primeros siete meses de 2026, según el INDEC.

Si quieren vender la misma remera que hacen los chinos 5 o 10 veces más cara, me parece que estamos en un problema.

La pérdida de competitividad derivada del modelo libertario arrastró, entre muchas otras empresas, a la mayor exportadora de ropa. Will Der S.A., con casi medio siglo de trayectoria en el rubro y que trabajaba para marcas internacionales como Adidas, Puma, Fila, Salomon, New Balance y Lacoste, cerró sus fábricas en los partidos de General Pacheco y Las Flores de la provincia de Buenos Aires y debió despedir a 120 trabajadores. Santiago "Tati" Phelan, presidente de la compañía y exjugador y DT de los Pumas, contó que "los planes de trabajo desaparecieron" y que fue a buscar a empresas de minería para hacer mamelucos, pero tampoco había demanda.

El caso textil no es el de un mercado concentrado donde la venta a precios excesivos podría deberse a decisiones negligentes o por algún objetivo desalineado del negocio individual de las firmas. Hay una multitud de empresas que compiten y, si fuera negocio vender a precio chino, lo harían sin dudar en lugar de tener que cerrar.

El problema que Milei adjudica al sector privado, en realidad, es el resultado de su desinterés en conocer la situación de las fábricas y comercios y el efecto de sus políticas, que prefiere no entrometerse con los sectores de poder que generan los costos abusivos y que tampoco tiene la intención de diseñar políticas industriales. Con una estructura tributaria adecuada, con incentivos industriales articulados y una administración de la competencia externa desleal en un contexto internacional de guerra comercial, debería construir un sendero de instrumentos de políticas públicas capaces de aprovechar la riqueza en materia de recursos naturales (fibras de camélidos de muy alto valor, por caso), la capacidad de diseño y de generación de marcas de ropa locales y el conocimiento y tecnología desarrollada en el sector para impulsar su competitividad y así recortar asimetrías con los mayores países productores y exportadores de ropa.

Entre los grandes grupos de poder beneficiados a los que Federico Sturzenegger decide "no tocar sus negocios" (Milei dixit) se encuentran los bancos y sus tarjetas de crédito con diferenciales de tasas de interés siderales entre las alícuotas a las que prestan recursos y las que pagan por sus depósitos. También las tarjetas de crédito cobran abusivamente un 2% del valor de venta final de cada mercadería.

Otro actor relevante y con impacto en los costos de las empresas son los grupos dueños de los shoppings centers de Argentina. Cobran llaves para la renovación de contratos de alquiler (es un pago adelantado exigido por los shoppings que ha llegado a equivaler 20 meses de alquiler, obligatorio incluso para renovar contratos) y generan el mayor costo de ocupación de Latinoamérica por pertenecer a un espacio de comercialización indispensable para el posicionamiento de las marcas.

A diferencia del negocio de la producción y venta de ropa, que implican capitales relativamente bajos para iniciar sus actividades, las barreras a la entrada de nuevos competidores por las elevadas inversiones necesarias para ingresar al mercado de los bancos o de los shoppings son tan elevadas que no hay espalda financiera capaz de desafiarlos. Además, las eventuales represalias de los actores ya instalados en el mercado también representan un factor de desaliento. Por último, ante la ausencia de inversión pública, no existe la infraestructura mínima necesaria para planificar inversiones inmobiliarias para abrir nuevos shoppings.

Quizás Milei acusando a los empresarios de querer vender la ropa "5 o 10 veces más cara" que la china lo que intenta hacer es esconder el fracaso de su política económica. El relato choca con la realidad de un mercado abierto, con intensa competencia entre cientos de fabricantes locales, donde el gobierno bajó los aranceles de importación, eliminó las licencias no automáticas de importación, barrió los controles de subfacturación en la Aduana vigentes a través de los valores criterio, corrió los veedores privados de las cámaras que trataban de evitar el contrabando y quitó las medidas antidumping vigentes. Y, a pesar de todas esas medidas, la ropa de marca sigue siendo muy cara en la Argentina. Al punto que en mayo pasado la BBC dedicó un amplio informe a analizar el tema. El medio británico expuso las dificultades que deben atravesar los productores nacionales para poder competir en inferioridad de condiciones por los costos impositivos, inmobiliarios, financieros y logísticos desproporcionados respecto al resto del mundo.

Tan poco explica el costo del producto en el precio al público que el valor de importación bajó un 30% en los primeros siete meses de 2026 respecto al mismo lapso de 2023 (un kilo de ropa en el último período llegó a caer hasta los 14,57 dólares cuando antes de la asunción de Milei valía 20,52 dólares) y no tuvo eco en las vidrieras de las marcas.

Que el presidente de la Nación utilice la investidura del cargo para atacar con argumentos falaces a un sector de micro, pequeñas y medianas empresas familiares que está padeciendo la peor crisis de su historia por el impacto pleno del modelo económico que eligió, mientras los ganadores de la cadena de valor siguen abusándose impunemente, no debería pasar desapercibido. 

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