Leímos mucho en estos meses sobre el modo en que la irrupción del covi-19 reconfiguró nuestras relaciones. Los vínculos sociales requirieron nuevos modos de expresarse y la virtualidad fue el camino posible. Millones de personas nos vimos envueltas en un experimento global, inevitable y trágico. Se palpa la tensión entre quienes ven a las nuevas tecnologías como instrumentos de una distopía totalitaria y quienes las entienden como herramientas valiosas para preservar la salud o extender lo humano/social, ampliando los lazos a partir de nuevos soportes tecnológicos.

Las siempre vapuleadas organizaciones estatales son tensionadas por exigencias múltiples y variadas. Al refuerzo del sistema de salud y la prestación presencial de servicios esenciales (seguridad, defensa), se agregan otras que requirieron de nuevos formatos on line (educación, justicia), tanto en la atención al público, como en el back office. A las prestaciones habituales, la crisis económica obligó a sumar políticas destinadas a amortiguar su impacto, como el Ingreso Familiar de Emergencia o el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.

Algunas de estas actividades ya eran objeto de una digitalización programada, mientras que otras requirieron de esquemas de emergencia para garantizar su continuidad. Sin dudas, nos espera una estatalidad diferente, que en la opinión de muchos ha dejado de ser el lastre que postuló un sector del liberalismo en Mont Pelerin, para revalidar sus credenciales de conductor de la cooperación a gran escala y la recomposición del tejido social. La solución posible para los problemas actuales.

En ese contexto, la transición nos devuelve la imagen de un Estado activo, pero dañado por un proceso sistemático de erosión de sus capacidades, resultado de la desidia o la intencionalidad. La pandemia pasará, pero quedará la pregunta: ¿Qué Estado necesitamos construir?

¿La crisis puede motorizar un cambio de paradigma?

Recientemente, Vicente Palermo reflexionó sobre experiencias de países que lograron revertir su declinación a partir de crisis o catástrofes que desarticularon las redes que sostenían sistemas disfuncionales, estableciendo nuevos incentivos para la prosperidad e inclusión social. Caben, entonces, otros interrogantes: ¿Permite esta coyuntura pensar en una nueva estatalidad impulsada por la expectativa social sobre su rol de gestor del bienestar? ¿Habrá una coalición de poder transformadora en ese sentido? Cualquier respuesta sería aventurada, pero vale la pena detenerse a meditarlo.

Ante la crisis, la palabra de moda es: "teletrabajo". Y su extensión invita a analizarlo para encausar la emergencia, en el corto plazo, y estructurar, en el mediano y largo, un modelo que permita compatibilizar el impacto positivo de las TIC en las prestaciones de las organizaciones, con la mejora de la calidad de vida de sus integrantes. Un proceso virtuoso basado en la premisa de que todo avance tecnológico debe redundar en un provecho para las personas, tanto para quien resulte beneficiario/a, como para las y los trabajadores.

En honor a la verdad, el trabajo mediado por las TICs no es novedoso. Lleva casi dos décadas de desarrollo en la Argentina, desde el año 2003 cuando se creó una Comisión de Teletrabajo tripartita con la orientación del Ministerio de Trabajo con el objetivo de promoverlo como un medio para crear empleo, desarrollar nuevas competencias, optimizar la calidad de vida, conciliar las obligaciones familiares y laborales, incluir a grupos vulnerables y preservar el ambiente.

Sin embargo, en 2017 la Secretaría de Gobierno de Trabajo informó que sólo un 7,8% de los trabajadores/as del sector privado habían teletrabajado, mientras que apenas 3% de las empresas aplicaban la modalidad en sus procesos. Aún dentro del sector privado, que presume siempre de su carácter innovador, el teletrabajo estaba poco extendido. Pero el COVID-19 trastocó todo y abrió una ventana al aprendizaje colectivo que probablemente lleve a incorporar nuevas herramientas a las organizaciones públicas y privadas.

Sin caer en el determinismo tecnológico, es evidente que las TICs impactaron en la generalidad de las relaciones sociales, incluyendo al trabajo. El teletrabajo planteó debates específicos en cuanto a su definición conceptual debido a que la deslocalización del puesto de trabajo puede difuminar los derechos y las obligaciones laborales. Además, implica una reestructuración de las relaciones dentro de las organizaciones que requiere de un cambio de enfoque y es transformador de su cultura.

Argentina no cuenta con una ley especial en la materia, pero diversas normas, convenios y programas, internacionales, nacionales y sub-nacionales, sientan principios aplicables y buenas prácticas. Son ejemplos de ello: el Convenio Nº 177 de la OIT y su Recomendación Nº 184; diversas disposiciones de la LCT; la Resolución de la SRT Nº 1552/12; la Resolución del MTEySS Nº 595/13; o las Leyes provinciales Nº 2861, en Neuquén, y Nº 2717-L, en Chaco. A pesar de la carencia de una normativa específica a nivel nacional, la crisis obligó a una expansión notable del trabajo remoto, pasándose -sin escalas- de experiencias piloto acotadas a su adopción masiva, sin que fuera posible una planificación adecuada que garantice: conectividad, provisión de los materiales, condiciones de seguridad e higiene, etc.

Pandemia y teletrabajo

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del coronavirus COVID-19 como una pandemia. En la Argentina, mediante la Ley Nº 27.541, se dispuso la emergencia sanitaria, que fue ampliada el 12 de marzo mediante el DNU Nº 260/20. El 19 de marzo se dictó el DNU N° 297/20, por el cual se dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio". El trabajo remoto se convirtió en la única opción viable para las actividades no exceptuadas.

En el Sector Público, mediante el Decreto Nº 325/20, se dispuso que las y los trabajadores debían realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar de cumplimiento del aislamiento, con la finalidad que el Estado cumpla con sus funciones a pesar de la emergencia. En pocos días, el trabajo de las administraciones públicas cambió drásticamente. Y, contradiciendo los prejuicios de siempre, los datos del sistema digital de expedientes informados por la Secretaria de Gestión de Empleo Público exhibieron un incremento de la actividad respecto del 2019, y una mayor conexión en días y horarios inhábiles que, habitualmente, tenían poco tráfico.

Esto no quiere decir que todo el tiempo de conexión sea efectivo, ya que la falta de preparación e infraestructura adecuada puede estar supliéndose por el tiempo adicional, pero demuestra el compromiso de las personas y su comprensión del momento histórico excepcional. Las y los trabajadores aportaron espacios, dispositivos tecnológicos, conectividad y tiempos que eran propios. El caso de la docencia, en todos sus niveles, ha sido paradigmático en ese sentido.

Pensar el futuro: Legitimidad y mejora de las capacidades estatales

La viabilidad demostrada por la modalidad remota permite imaginar un futuro híbrido, donde las administraciones públicas articulen el trabajo presencial y el virtual para ampliar sus relaciones internas, políticas y servicios, a través de diversos soportes tecnológicos adaptables a la heterogeneidad de sus beneficiarios/as y a las habilidades diversas de sus trabajadores/as. Se trata de la reconstrucción de un Estado más efectivo y eficaz, que supere la discusión sobre su tamaño a partir del fortalecimiento de sus prestaciones.

En 2005, Carlos Vilas señaló que las capacidades estatales, orientadas a la consecución de objetivos socialmente compartidos, son vitales para mantener la unidad del conjunto por encima de sus tensiones y conflictos inevitables. Se trata de un proceso complejo, cuya construcción moviliza ingredientes objetivos y subjetivos, acciones concretas y creencias individuales. Hablamos de la legitimidad: un asunto vital en un Estado democrático, ya que transforma al mero poder de coacción en autoridad con contenido ético reconocible en sus mandatos. En ese sentido, remarcó que la red de interacciones y el desempeño efectivo de las instituciones públicas es lo que da sustento a la legitimidad del poder estatal. La convivencia en organizaciones se basa en un sistema de reciprocidades, al cual el Estado no escapa, y la intensidad del consentimiento social depende de que las personas juzguen que lo que entregan (trabajo, impuestos, respeto de las normas, participación) es proporcional a lo que reciben (servicios y políticas públicas valiosas). Solo así el orden social es percibido como justo.

Pocas voces -salvo las movidas por intereses particulares- van a alzarse en contra de un Estado que preste, eficazmente, más y mejores servicios, y desarrolle políticas socialmente valoradas. El secreto está en su fortaleza, su capacidad de innovar y su efectividad. Además, en el ámbito público, las políticas de transformación deben ser explicadas, justificadas y legitimadas. Esto implica una dificultad adicional respecto de los procesos de modernización desarrollados por organizaciones privadas, debido a cierta saturación del sentido común derivada de un relato negativo sobre las organizaciones públicas que obtura un acuerdo social orientado a la mejora de sus capacidades ¿Por qué invertir tiempo y esfuerzo en aquello que consideramos inútil?

Es preciso revertir esta percepción, que se evidencia en buena parte de la sociedad, mediante una renovada retórica que realce el valor social de las organizaciones públicas y esté basada en índices de mejora concretos, mensurables y verificables. Pero la narrativa positiva no servirá de nada si no está sustentada por un esfuerzo concreto para la mejora estatal. Se trata, según las palabras de Paula Canelo, de: "Construir lo que nos es común rejerarquizando a la igualdad como valor y a la solidaridad como regla (...) en tiempos de creciente desigualdad y fragmentación social."

Esta tarea, que requiere pensar al Estado post COVID-19 y sus prácticas, es la que nos convoca hoy. Debemos encauzar la inevitable modernización tecnológica sin olvidarnos que existen brechas -de vivienda, de conectividad, de género- que no han sido cerradas, e incorporar esa perspectiva incluyente requiere de un proceso participativo para evitar profundizar las desigualdades preexistentes y salir fortalecidos de la incertidumbre actual. Sin caer en la fetichización tecnológica, pero abiertos a las posibilidades que abren las modernas tecnologías y las nuevas habilidades humanas para mejorar la gestión pública, siempre que sean orientadas por una planificación político-estratégica consistente y con profundo contenido humano, que potencie las fortalezas y minimice los riesgos.