Daniel Garbellini, uno de los funcionarios que integraba el esquema de recaudación en la Andis de Diego Spagnuolo, apeló a su participación en un ámbito religioso para que no se interprete la palabra "ofrenda", presente en los mensajes que intercambiaba con el grupo que se organizó para desviar fondos, como un sinónimo de "coima".

En un escrito presentado ante el juzgado de Ariel Lijo, Garbellini sostuvo que cuando se refería o trataba a alguno de los miembros de la organización que se montó para delinquir como "hermano", estaba usando terminología propia del Instituto del Diálogo Interreligioso. "Traigo esta explicación para contextualizar algunas de las conversaciones extraídas por la imputación que, tergiversadas, pueden despertar sospechas", planteó.

Garbellini pidió que se interpreten "ciertos giros lingüísticos" como la utilización de la palabra "hermano" para referirse a alguno de sus colegas, bajo el sentido contemplado en las instituciones religiosas. "El uso de ciertos giros lingüísticos, lejos de tratarse de una organización criminal, son los comunes que se prodigan personas que participan de comunidades religiosas", indicó, y agregó que ese "parentesco ritual" establecido entre quienes no comparten un vínculo biológico "refuerza la cohesión social" y "establece niveles de confianza y respeto".

Con esa excusa, el imputado pretendió que se entienda "el haber referido el término 'ofrenda', como personalmente refería a 'metales', utilizando un lenguaje simbólico lejano al interpretado por el representante del Ministerio Público Fiscal".

Spagnuolo admitió que la voz de los audios es de él y complicó a Karina

La preocupación del ex funcionario se funda en que la Fiscalía tome el vocablo "ofrenda" como sinónimo de "coimas", verdadero objeto de la causa. En efecto, la investigación de Franco Picardi revisa la arquitectura que montó un grupo de funcionarios de la agencia y personas vinculadas a prestadores o droguerías para desviar recursos de la Andis a través de sobreprecios.

La defensa de Garbellini presentó ese descargo el 31 de julio pasado, para desactivar las conclusiones que pueda sacar eventualmente el juez Lijo a partir de las conversaciones por chat entre el imputado y sus socios, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.

LPOJuanca Casas

Garbellini fue el segundo de Spagnuolo, quien todavía sigue dando vueltas con los pedidos del peritaje de su voz en los audios donde menciona que un 3 por ciento de la recaudación "subía hasta Karina". El ex director llegó a reclamar que lo admitieran como querellante en la causa que había impulsado la propia Karina Milei en un juzgado paralelo al de Lijo para impugnar la procedencia de otra saga de audios, con el objetivo de demostrar que era víctima de espionaje y que por esa razón la investigación de Lijo y Picardi debía impugnarse.

Lo curioso fue que Spagnuolo terminó reconociendo que la de los audios en los que alude a Karina era su propia voz, algo que hasta ese momento había negado. Pretendió que esas piezas también fueron fruto de un intento de espionaje y debían incorporarse a la que se tramitaba por la denuncia de la hermana presidencial, asumiendo entonces que efectivamente el contenido era real.

Los que hicimos la denuncia entendemos que lo que hizo la nueva auditoría (en referencia al trabajo de Alejandro Vilches, a quien el gobierno terminó despidiendo) echa por tierra todo tipo de duda sobre los sobreprecios que alcanzaron el 1000 por ciento.

En ese contexto, el abogado Gregorio Dalbón pidió este jueves la detención de Spagnuolo, luego que la Sala II de la Cámara Federal porteña, con el voto de Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmara su procesamiento.

En declaraciones a AM750, Dalbón Debemos recordar que Picardi pidió la detención cuando se inició la causa, después no lo encontraron y luego Casanello rechazó la detención".

Tras esta aclaración, Dalbón recordó que Picardi ya había pedido que se lo detuviera pero el juez Sebastián Casanello, que subrogó hasta febrero pasado el juzgado de Lijo, consideró que no era necesario. "Los que hicimos la denuncia entendemos que lo que hizo la nueva auditoría (en referencia al trabajo de Alejandro Vilches, a quien el gobierno terminó despidiendo) echa por tierra todo tipo de duda sobre los sobreprecios que alcanzaron el 1000 por ciento", precisó.

El abogado aclaró, por otro lado, que "lo único que se intenta hacer no es pedir una condena anticipada, sino que se preserven las pruebas que van a ser marco de la elevación a juicio de esta causa".

Sin embargo, no fue optimista con su reclamo. "Que digan que esto es una causa más y que la justicia no va a hacer nada, yo creo que es equivocado. Creo que es muy importante. Y también va a ser importante si desatienden nuestro pedido, porque cada uno sabrá lo que sucede si se les escapa o si hay una obstrucción a la justicia", argumentó, y concluyó "eso lo tiene que decidir Lijo y yo lo dudo".