El camarista Eduardo Farah, cercano al kirchnerismo, dispuso que la causa donde se investiga al viaje al Lago Escondido de un grupo de jueces, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y exagentes de inteligencia deje de tramitarse en la justicia federal de Bariloche y pase a los tribunales de Comodoro Py, como pretendían los involucrados.

El juez de la sala II de la Cámara Federal porteña hizo lugar a un planteo realizado por el juez del fuero penal económico Pablo Yadarola, uno de los integrantes de la comitiva que se hospedó en la estancia del magnate Joe Lewis.

Ese viaje salió a la luz a partir del hackeo del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo 'Alessandro. A partir de esa maniobra, se difundieron los chats de un grupo conformado por los viajeros, que comenzaron a diseñar estrategias para ocultar que les habían pagado el viaje y el hospedaje, lo que podía configurar el delito de dádivas.

La causa había recaído inicialmente en la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, que en principio no movió el expediente, pero a partir de la filtración de los chats empezó a profundizar la investigación y en diciembre imputó a los participantes del viaje.

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Pero ahora los involucrados en el viaje a Lago Escondido, que temían ser llamados a indagatoria en Bariloche, lograron que el expediente pase a Comodoro Py, donde la mayoría de los integrantes del grupo conocido como "Los Huemules" tiene gran influencia. Pero además en los tribunales de Retiro ya hay un antecedente muy fuerte en contra de promover una causa basada en pruebas obtenidas mediante espionaje ilegal, en la denuncia derivada de los chats de D'Alessandro y el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles.

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Lo paradójico es que el beneficio lo terminó concediendo un juez como Farah que supo ser muy cercano al kircherismo y que durante el gobierno de Mauricio Macri terminó pidiendo el traslado de su cargo de camarista a un tribunal de primera instancia, denunciando presiones del Gobierno. Farah era apuntado por el macrismo por haber firmado la liberación de Cristóbal López. Recién en diciembre de 2020 y a partir de un fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de jueces, Farah pidió su regreso a la Cámara.

Farah justificó su decisión afirmando que "todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito" de la Ciudad de Buenos Aires, como también "todos los asuntos que, conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante" en la capital. "Si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí", agregó. 

Lo paradójico es que el beneficio lo terminó concediendo un juez como Farah que supo ser muy cercano al kircherismo y que durante el gobierno de Mauricio Macri terminó pidiendo el traslado de su cargo de camarista a un tribunal de primera instancia, denunciando presiones del Gobierno

El camarista aseguró que "a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado", en línea con lo que había sostenido el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe. "En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio", sostuvo Agüero Iturbe.

El juez Julián Ercolini

Además de los mencionados Yadarola y D'Alessandro, en el viaje también estuvieron los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el publicista Tomás Reinke.