Un empresario acusado por Claudio "Chiqui" Tapia por presunta extorsión denuncia serias irregularidades en la causa y le pidió a la Fiscalía General de San Isidro que intervenga para que al menos le den acceso al expediente.

Se trata de Leandro Camani, titular de la firma Secutrans S.A. que provee los equipos para las fotomultas, que fue incluido por Tapia en una denuncia contra los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo del Gaiso.

Tapia sostuvo que los lilitos lo extorsionan con la denuncia sobre la mansión de Pilar y afirma que Camani está vinculado a ellos porque pretende que el Ceamse, que preside el "Chiqui", le otorgue a su empresa la provisión de los equipos de fotomultas en el Camino del Buen Ayre, que administra el Ceamse. 

Los abogados de Camani explican que la denuncia de Tapia es un disparate porque el Ceamse no tiene competencia sobre las fotomultas en el Camino del Buen Ayre, que  dependen de los municipios por donde pasa la traza. Los abogados explican además que Camani no conoce a Tapia ni a su segundo, Pablo Toviginno, a quien se le atribuye la mansión de 17 millones de dólares de Pilar. 

Cayó D'Onofrio y lo reemplaza un hombre de Massa en el ministerio de Transporte bonaerense

Camani denunció en su momento al ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, por un caso de corrupción con las fotomultas que terminó forzando la renuncia del funcionario. Yofe venía denunciando a D'Onofrio. Ambos militan en Pilar y competían políticamente. 

A Camani lo metieron en la denuncia, para darle un móvil a la acusación de extorsión de Tapia y Toviggino contra Yofe. Si la mansión de Toviggino en lugar de Pilar hubiera estado en Canning u otro municipio, Camani quedaba afuera, tuvo mala suerte.

Toviggino y Tapia sumaron a su equipo de defensa al abogado Gregorio Dalbón, conocido por su capacidad para enredar causas. "A Camani lo metieron en la denuncia, para darle un móvil a la acusación de extorsión de Tapia y Toviggino contra Yofe", afirmó a LPO un abogado al tanto de los pormenores del expediente. "Si la mansión de Toviggino hubiera estado en Canning u otro municipio, Camani quedaba afuera de la denuncia, tuvo mala suerte", agregó.

El legislador de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso.

LPO/ Juan Carlos Casas

LPO accedió a una presentación de Camani en la que describe una serie de irregularidades en la causa, empezando porque el juez Walter Saettone no le permite el acceso al expediente, lo que considera que afecta su derecho de defensa.

La "serie de graves irregularidades procesales" que describe en el planteo ante la Fiscalía General "comprometen la validez del acto inaugural de la investigación, la regularidad del encauce procesal posterior, la correcta delimitación del objeto de la IPP y el acceso defensivo mínimo a las actuaciones".

Uno de los puntos sobre lo que se explaya es la presunta falsificación de la firma de Tapia en la denuncia original, sostenido en un informe de un perito calígrafo que "concluye de manera expresa y categórica" que la rúbrica no corresponde al presidente de la AFA.

Entre las irregularidades, menciona "denuncia con firma no auténtica, ratificación incongruente, denuncia tardía sin corroboración objetiva, admisión de particular damnificado con acceso pleno frente a defensa excluida, direccionamiento de interrogatorios y extensión impropia por conexidad".

Uno de los puntos sobre lo que se explaya es la presunta falsificación de la firma de Tapia en la denuncia original, sostenido en un informe de un perito calígrafo que "concluye de manera expresa y categórica" que la rúbrica no corresponde al presidente de la AFA. En la presentación sostiene que el hecho de que el acto inicial de la causa tenga una irregularidad así, compromete toda la investigación.

También pone el foco sobre la ratificación de la presentación inicial. "Si la denuncia inicial presenta serios cuestionamientos de autenticidad y la posterior presentación no confirma su contenido sino que introduce una narrativa distinta y más breve, el resultado no es la convalidación del acto originario, sino la existencia de dos piezas incongruentes entre sí, ninguna de las cuales puede tenerse como base válida e inequívoca de la imputación", indica.

Por otro lado, desarrolla la negativa del juez a darle acceso al expediente, pese a que está imputado. "No resulta jurídicamente admisible que una persona sea introducida como eje de interrogatorios testimoniales y líneas de sospecha, mientras simultáneamente se le impide conocer el contenido del expediente, las declaraciones producidas, el alcance de los dichos y el contexto en que se formulan las preguntas", sostiene. La contracara es que el juez, vinculado al kirchnerismo, accedió rápidamente a incorporar a Tapia como damnificado.