La Corte Suprema de Justicia dio por finalizada este martes su intervención en la Causa Mendoza sobre la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, con el voto de sus cuatro integrantes, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución habría sido una jugada de ajedrez del presidente del tribunal, que obligó a Lorenzetti a una posición que lo incomodó tanto como para emitir una ampliación de los fundamentos del voto al que suscribió.

Para los jueces, su rol en litigio terminó con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Fuentes judiciales explicaron a LPO que la definición se limitó al "tema contaminación", y aclararon que "todo lo que esté referido a daños, responsabilidad e indemnización seguirá en los juzgados pertinentes, pero no es tema constitucional de la Corte".

A través de un comunicado de prensa, los cortesanos notificaron: "este tipo de procesos se consideran culminados desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal una vez que se han definido claramente las metas a cumplir y se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación".

Ambos aspectos, según ese razonamiento, se concretaron con el PISA y Acumar. "Los objetivos institucionales propuestos por la sentencia de esta Corte se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA -que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo- y con la creación de la Acumar a cargo de su cumplimiento", entendieron los magistrados.

Según los supremos, ese organismo es el que "está en condiciones de ejecutar la política pública que desarrolla el mandato constitucional de garantizar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano".

Lorenzetti, por su parte, hizo una ampliación de los fundamentos del voto que suscribió junto a sus colegas. Entre otros argumentos, enumeró la necesidad de resumir "el estado al momento del dictado de la sentencia", "exhibir el nivel de cumplimiento"; y mencionó los "avances", desde la red de agua potable y los desagües pluviales hasta los planes habitacionales en la zona.  

Desde Comodoro Py, dijeron a LPO que Lorenzetti debió sentirse arrinconado. "Le quedó menos margen que a una hoja canson, iba a quedar muy expuesto si votaba distinto", reflexionaron.

Un ex funcionario de Acumar le dijo a LPO que "la Corte se está lavando las manos", y sugirió que podría tratarse de "una concesión al gobierno" de Javier Milei. "Antes citaban una o dos veces al año para que informen la marcha del saneamiento pero ahora ya ni siquiera informan sobre la campaña de salud para los que tienen plomo en sangre en los barrios de la cuenca", indicó.

El problema es que la definición de la Corte deja a la Acumar "sin razón de ser", al decir de un camarista. Al mismo tiempo, empodera a los intendentes cuyas jurisdicciones lindaban con el Riachuelo y tenían supervisiones permanentes del organismo.

Los más memoriosos recuerdan que los gobiernos kirchneristas utilizaron la causa para ejercer presión sobre la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad y la administración de los jefes municipales involucrados. Por eso, especulan que los supremos dejaron en manos de Milei la decisión de mantener o cerrar Acumar.

El pleito arrancó en julio de 2004, con la demanda de 17 personas por el incumplimiento de la Ley General de Ambiente. Exigían una recomposición e indemnización del daño ambiental colectivo, ocasionado como consecuencia de la contaminación de la Cuenca del río Matanza Riachuelo.

La acción estaba dirigida contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas y, casi dos años después, la Corte interpretó que debía entender sobre "la recomposición del bien de incidencia colectiva, configurado por el medio ambiente", mientras que los reclamos individuales debían tramitarse ante otros tribunales.

Ya en agosto de 2006, las tres jurisdicciones intervinientes asumieron el consenso y se comprometieron a "aunar esfuerzos". "El 28 de agosto de 2006, el Presidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los intendentes de los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras suscribieron un acuerdo por el que se comprometieron a brindar su más absoluto apoyo al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso, mediante el cual se propiciaba la creación de la Acumar", recuerda el parte de prensa.

Dos meses más tarde, se creó la Acumar por ley. El ente fue dotado de facultades de "regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la Cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en lo referido a prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales".

Al cabo de dos años, se diseñó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), y se estableció su monitoreo constante. Por eso, el máximo tribunal aseguró que "una vez que el plan se encuentra en funcionamiento, es Acumar la que está en condiciones de ejecutar la política pública que desarrolla el mandato constitucional de garantizar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano".