Raúl Pleé, Mario Villar y Javier De Luca elevaron esta semana una carta al procurador interino Eduardo Casal, en representación de los Fiscales Generales ante la Cámara de Casación, para advertir que el servicio de justicia se verÃa "comprometido" con la implementación del sistema acusatorio en Capital Federal si no se asignan los recursos necesarios.
También Ricardo Rafael Toranzos y Alberto Adrián MarÃa Gentili, presidente y secretario general de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, sacaron un comunicado este miércoles señalando que "la vorágine en la implementación en los últimos tiempos puso aún más de relieve la insuficiencia de las asignaciones económicas".
En su misiva, Pleé, Villar y De Luca consideran que el modelo acusatorio "debe ser recibido con beneplácito" pero avisan que "su implementación exige una preparación que incluye no sólo la capacitación que se ha venido realizando, sino recursos humanos y materiales, sin los cuales el funcionamiento adecuado y conforme las expectativas puede verse comprometido".
La nota es un dardo directo contra la voluntad del gobierno por poner en marcha la transferencia de la instrucción de los jueces a los fiscales a partir del 11 de agosto próximo. La paradoja de que sean los propios fiscales quienes objetan el dead-line para la implementación se explica porque no hay condiciones edilicias ni tecnológicas, como tampoco suficiente personal para encarar investigaciones en causas complejas.
Fuentes judiciales refirieron a LPO que los fiscales deberÃan asumir la indagación de delitos contra la administración pública o de Ãndole económica. "Les va a tocar intervenir en causas como Libra", ejemplificó un juez federal.
Milei enfrenta una rebelión de los jueces por el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad
De hecho, Pleé, Villar y De Luca mencionan en su carta que la implementación de este sistema en los fueros penal federal y penal económico, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y partidos bonaerenses de los alrededores, se tramitan "casos de mayor complejidad, dificultad probatoria y múltiples protagonistas". Por esa razón, un magistrado sugirió ante LPO que "el apuro por aplicar el cambio parece obedecer a la búsqueda de impunidad del poder económico o los funcionarios comprometidos en causas penales".
Con la nota dirigida a Casal los fiscales podrÃan estar iniciando una rebelión similar a la de la Asociación de Magistrados contra la Corte Suprema, cuando a fines de 2024 falló a favor de Gabriel Levinas en el litigio contra los deudos de León Ferrari y habilitó "la municipalización" de los juzgados nacionales en Capital Federal, poniéndolos bajo la órbita del Tribunal Supremo de Justicia porteño. La movida benefició en el acto a Mauricio Macri en la causa Correo pero activó la resistencia de los jueces nacionales que se desempeñan en CABA.
Al malestar de esos magistrados se suman ahora los fiscales. "El Poder Judicial está en descomposición", dijo uno de ellos.
En su queja engloba también la demora del gobierno para cubrir las vacantes de 200 juzgados federales en todo el paÃs. La situación es tan escandalosa que no hay juez designado para el Juzgado Federal N°1 de San Juan, un despacho con competencia electoral sin ocupante a meses de los comicios.
La interpretación más extendida entre el Senado y los pasillos judiciales es que la Casa Rosada mantiene "pisados" los pliegos porque los libertarios están en minorÃa en la Cámara Alta y "no hacen polÃtica".
Una muestra de esa postura se vio en las últimas horas con la filtración de los nombres de dos nuevos candidatos de Javier Milei para la Corte Suprema, Ivana Bloch y Ricardo RamÃrez Calvo. La versión indicaba que la propuesta habrÃa sido cursada hasta las oficinas de Cristina Kirchner en el Instituto Patria pero fue negada ante LPO tanto por un senador de La Libertad Avanza como por fuentes del Poder Ejecutivo.
Desde el peronismo también le bajaron el precio. "¿Dos libertarios? ¿Otra vez? Quiere poner dos porque quiere", contestaron apuntando contra el Presidente.
