El fiscal Franco Picaradi rechazó este miércoles el planteo de nulidad presentado por Martín Magram, abogado defensor de Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, en la causa de las coimas de la Andis, que involucra a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem y afecta al gobierno en plena campaña electoral. 

Con un escrito de 32 páginas dirigido a Seabstián Casanello, Picardi impugnó las objeciones de los propietarios de la droguería involucrada en el caso y le adjudicó al texto de la defensa "falta de coherencia".

Según el representante legal de los dueños de la Suizo Argentina, habría "violación flagrante al derecho de defensa en juicio" y "vulneración al debido proceso". Magram denunció "una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita" pero, además, le atribuyó al caso "claro tinte político".

Picardi fundamentó su rechazo al planteo de la familia Kovalivker "por ser errado, contradictorio, carente de sustento evidencial, y cuyo fin litigioso, únicamente, busca entorpecer el desarrollo de una investigación -incipiente- que se ha llevado a cabo -y se lleva, y llevará- respetando las reglas constitucionales y procesales vigentes".

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En su oficio, objetó que se "intentó poner en tela de juicio el actuar de esta justicia penal federal, utilizando diversas hipótesis y suposiciones que no puede sostener de ninguna manera pero que, además, se presentan como antagónicas".

El argumento del fiscal se basa en que el pedido de nulidad alega, primero, "grabaciones adulteradas o creadas por inteligencia artificial" pero, luego, alude a "grabaciones obtenidas de forma ilícita para el caso que sean verdaderas" y, finalmente, cuestiona el "tinte político, sin explicar a qué se refiere".

Además, Picardi señala que Magram cae en una "ausencia total de solidez en sus postulados", al reclamar la nulidad pero acusar al mismo tiempo "falta de acción para cerrar el caso". "A este tipo de planteos, en el marco de un caso vinculado a posibles maniobras de corrupción entre determinados funcionarios públicos del Estado Nacional y una parte del sector empresarial de la Argentina, emparentado a las droguerías nacionales, no se le debe dar lugar, ni respuesta favorable", aseveró.

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Entre las inconsistencias, se menciona incluso que la defensa de Kovalivker "se plantea una nulidad absoluta, la cual posee carácter excepcional, afirmando que se desconoce por completo el expediente, de lo cual resulta a priori, la primera contradicción". "¿Cómo es posible plantear la nulidad de algo que se desconoce?", pregunta retóricamente el fiscal.

Ese tono sería retomado en la página 8 y 19 para desmontar los planteos de nulidad. "¿Cómo es posible afirmar que se viola el principio de intimidad, encima de un funcionario público con conocimiento de actividades criminales que debió denunciar, cuando se realizan puras especulaciones contrapuestas y sin fundamento?", postula Picardi en referencia a las conversaciones grabadas de Diego Spagnuolo.

A este tipo de planteos, en el marco de un caso vinculado a posibles maniobras de corrupción entre determinados funcionarios públicos del Estado Nacional y una parte del sector empresarial de la Argentina, emparentado a las droguerías nacionales, no se le debe dar lugar, ni respuesta favorable.

De igual forma, se pregunta: "si el propio Poder Ejecutivo reconoce y da entidad pública a las informaciones difundidas a partir de dos actos administrativos (en referencia a los despidos de Spagnuolo y Daniel Garbellini), ¿qué se espera que haga la justicia penal frente a tales hechos denunciados?".

Hacia el final del escrito, Picardi concluye: "el presente caso -que por sorteo de ley quedó radicado en el juzgado a su cargo y gestionado en esta sede fiscal-, impone el deber de iniciar una investigación seria, diligente y respetuosa de las reglas constitucionales".