La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del paÃs se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existÃa ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantÃas de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalÃas información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pedirÃa su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciarÃa penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron polÃticamente al tratarla de "jueza de la Cámpora", algo que algunos medios periodÃsticos recogieron y difundieron.
"Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio polÃtico no es la vÃa constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial", señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
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Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, MarÃa del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
El jueves pasado Bullrich habÃa escrito en su cuenta de X: "Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia".
"Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurÃdico prevé las vÃas procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso", dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquÃa contra el gobierno. Allà interpretan que la insinuación de un juicio polÃtico contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está "evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos" ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizarÃa la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura "por posible incumplimiento de sus funciones".
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. "La estabilidad, autonomÃa e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantÃas constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantÃa institucional", plantearon.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. "Resolvimos con los elementos que tenÃamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos", explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que asà lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. "Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro paÃs. Mi argumento fue estrictamente jurÃdico y apegado a la Constitución", afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un "derecho baluarte del sistema democrático".
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Pero sí existen sobradas pruebas de que esta jueza pertenece al kirchnerismo. Pero bueno, mientras la justicia siga siendo un brazo ejecutor de lo que manda Cristina Kirchner, así nos irá.
"'Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial', señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones"
Lo que habría que ver en este caso es si prima que sea jueza o que sea kirchnerista. No se le puede hacer juicio político a una jueza por sus resoluciones pero sí por adherir a ideas de izquierda que llevaron al país a la ruina, la pobreza, la inflación, los piquetes y el caos en las calles. Claramente la jueza defiende el intento de golpe de estado llevado a cabo por los jubilados el miércoles pasado.
"Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal"
No tiene mucho valor lo que proclame un organismo que aglutina a representantes de un entorno tan afín al kirchnerismo como el poder judicial.
"Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso"
La constitución también establece que el presidente es el jefe del estado y que es quien toma las decisiones en el país. No puede ser que por cada cosa que decida haya una movilización kirchnerista para oponerse y que encima no se pueda castigar a sus instigadores por generar un clima destituyente e intentar un golpe de estado. Si proclaman la defensa del sistema republicano y el respeto al debido proceso pues que empiecen por defender la democracia y la investidura presidencial, que también están garantizadas en la constitución.
"Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento"
También es un acto de amedrentamiento respecto del parlamento ir a acosarlo con barrabravas y demás grupos de choque como hacen los jubilados todos los miércoles sin consecuencia alguna para ellos. Sobre todo cuando la protesta no tiene pies ni cabeza (las jubilaciones se triplicaron en dólares durante el gobierno de Milei) y cuando la situación actual está como está para defender el superávit fiscal que desterró la inflación y nos catapultó a un crecimiento económico del 5% interanual que sacó a 10 millones de compatriotas de la pobreza. Pero no, hay que regalarle más plata a los jubilados que son el sector de la sociedad con menor índice de pobreza.
Esta banda de mogolicos estan bajo la insana idea de que en este pais hay una suerte de "principio de culpabilidad", y que alguien detenido tiene que probar que es inocente, y no al reves...
De todas formas, yo no me preocuparia mucho, los mogolicos tambien habian fogoneado que iban a denunciar a la fiscal que libero a los asesinos de la nena que mataron hace dos semanas...ese tema desaparecio, como desaparecio la indignacion por el asesinato.