La Justicia federal sospecha que el contrato de José Luis Espert con el presunto narco Fred Machado es trucho y una maniobra para tratar de blanquear un pago ilegal.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseguró que el documento de servicios profesionales que presento el ex diputado nacional es falso y fue una simulación para blanquear los USD 200.000 que recibió en su cuenta bancaria.

Espert utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos. Sin embargo, la Justicia comprobó que nunca viajó a dicho país para prestar los servicios y que las minas de la empresa no estaban operativas.

Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a Fred Machado, el argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como un lavador de dinero. La confesión de ese delito fue un acuerdo para que no lo investiguen por narcotráfico.

Por ese motivo, el fiscal realizó formalmente el pedido de indagatoria para Espert, bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar informes contables ilícitos.

Espert utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos. La Justicia comprobó que nunca viajó a dicho país para prestar los servicios y que las minas de la empresa no estaban operativas

Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades tanto del ex diputado nacional como los de su esposa, María Mercedes González.

Hasta el momento, se sabe que la relación entre Espert y Machado consistiría en el financiamiento logístico y económico por parte del empresario para la campaña presidencial de Espert en 2019 y que derivó en esta causa judicial por presunto lavado de dinero.

En abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de extradición hacia los Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.