La Justicia le dio la razón al Chiqui Tapia, avaló la mudanza de la AFA a la provincia de Buenos Aires y anuló la designación de los veedores de la Inspección General de Justicia (IGJ) en la entidad.

Se trata de un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que el gobierno de Javier Milei filtró que apelará, pero que alimenta las sospechas de un acuerdo subterráneo por la cercanía de Juan Bautista Mahiques con la AFA. 

El ministro de Justicia es muy cercano a Tapia y Pablo Toviggino, al punto que lo habían designado en la "Universidad de la AFA", y su llegada al gobierno fue interpretada como una señal de que la guerra de la Rosada con la AFA había terminado. En los hechos, la virulencia de la política y los tribunales aflojó considerablemente y los popes de la AFA lograron cierto alivio en las causas que los apremiaban.

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La Cámara Nacional en lo Civil también dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y consideró que el organismo nacional ya no tiene competencia para ejercer controles sobre la entidad.

Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, tras el traslado de la sede social a Pilar y su inscripción en la provincia de Buenos Aires, las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

"Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad", señalaron los magistrados en la resolución.

La decisión representa un respaldo judicial para la conducción de Tapia, que había cuestionado la intervención de la IGJ y la designación de veedores por considerar que se trataba de medidas adoptadas sin competencia legal sobre la asociación.

Según accedió la agencia NA, la Cámara declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por 180 días hábiles.