La jueza porteña Karina Andrade ordenó esta madrugada la liberación de los 114 detenidos durante la represión en las inmediaciones del Congreso, en un fallo con lapidarias críticas al operativo policial de las fuerzas que conduce Patricia Bullrich. El gobierno le respondió con trolls y buscaría iniciarle un expediente en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

La titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo en su fallo que "se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros". Y agregó como un factor clave de su resolución que la convocatoria a la marcha se hizo "desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores".

Andrade afirmó que "la complejidad de derechos en juego (...) impide la aplicación del trámite de flagrancia", pero también cuestionó los mecanismos de las fuerzas policiales para justificar el supuesto arresto en flagrancia.

En ese sentido, indicó que "a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa" por parte de las fuerzas de seguridad. 

Ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos

"Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención", indicó Andrade. "Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después", continúa.

Además, la jueza desmintió a Patricia Bullrich respecto a que los detenidos estuvieran armados o hayan lastimado a los efectivos policiales. "A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos", afirmó.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, amenazó con iniciarle un proceso en el Consejo de la Magistratura por "incumplimiento de sus funciones".

No fue el único: Manuel Adorni, Juan Doe, Agustín Romo y otros referentes libertarios de las redes sociales salieron a pedir el juicio político contra Andrade a pesar de que La Libertad Avanza no tiene ni un solo representante en el Consejo.