Alberto Fernández fue procesado este lunes en la causa donde está acusado de ejercer violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez.

El juez Julián Ercolini lo procesó por delitos de lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja. También, por el delito de amenazas coactivas.

En la resolución de 184 páginas a la que tuvo acceso LPO, Ercolini planteó "distintas violencias verificadas" y de "carácter habitual" surgidas en el marco de una "relación asimétrica de poder".

En el procesamiento, el juez también resolvió un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes del ex presidente y mantiene las medidas restrictivas, tanto de acercarse a menos de 500 metros de Yañez como de llamarla o buscar otro vía de comunicación.

Sin embargo, Ercolini levantó la prohibición de salir del país que pesaba sobre Fernández desde el 6 de agosto pasado, cuando -como contó LPO- Yañez presentó la denuncia por violencia "física y mental".

Fabiola Yáñez denunció en la Justicia que Alberto la golpeaba

La resolución refiere a los distintos casos de "violencia psicológica contra Yañez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad".

Y señala: "Las conclusiones de las profesionales psicólogas y psiquiatra, se asientan sobre la base de haberse identificado distintas formas de violencia psicológica -también física y económica, tal como ha quedado acreditado en autos- que, por su carácter continuo y habitual, comprometieron seriamente la salud psíquica de la víctima provocándole un debilitamiento en la salud".

"No solamente la amenazó para que no instara la acción penal, sino que, a su vez, a partir de la pretensión de un comunicado público conjunto en el que se desconocieran, minimizaran y banalizaran los hechos en pos de preservar "la intimidad" y "el futuro de su hijo", pretendió desacreditar por completo el testimonio de Yañez y, en definitiva, asegurar su impunidad", agregó Ercolini al fundamentar el procesamiento por amenazas coactivas.