La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó que se dicte una nueva sentencia en el resonante trámite del caso de Franco Casco, un joven de 22 años que en 2014 apareció muerto en las aguas del río Paraná, tras haber sido visto por última vez 24 días antes en la comisaría 7ª de Rosario. La conducta de los 19 policías que fueron juzgados y absueltos en el caso, que fueron acusados de distintos roles en un caso caratulado como desaparición forzada seguida de muerte, deberá ser reexaminada por un tribunal diferente al que los desvinculó a todos.

La determinación fue resuelta por unanimidad por los jueces de Casación Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Juan Mahiques. Ellos cuestionan el fallo dictado en julio de 2023 por el Tribunal Oral Federal (TOF 1) de Rosario donde, en modo dividido, fueron absueltos todos los acusados tras un largo proceso que incluyó para algunos de los juzgados cinco años en prisión preventiva.

Dos son los rasgos fundamentales para Casación en este caso. El primero es que la sentencia de primera instancia es cuestionada por insuficiente fundamentación porque, para los magistrados de alzada, los jueces del TOF 1 de Rosario realizaron una lectura desacertada de los indicios reunidos. 

El segundo matiz es que el Tribunal no se limita a señalar eso que advierte como errores sino que da recomendaciones al tribunal que debe hacer un nuevo fallo para tener en cuenta al momento de sentenciar. Lo que permite deducir que en la nueva instancia habrá condenas, que en varios casos son de prisión perpetua.

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Casación convalida casi en todo la hipótesis de la fiscalía y de las querellas, que habían impulsado la apelación. Para el alto tribunal penal el delito es desaparición forzada seguida de muerte. Los miembros del TOF no votaron en forma unánime. Los vocales Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez absolvieron. Su colega Otmar Paulucci pidió condenas para cuatro policías pero descartó la figura de desaparición forzada: sostuvo que hubo privación ilegítima de la libertad seguida de muerte.

Diez años de trámite

Franco Casco llegó a Rosario desde Florencio Varela, donde vivía, a visitar a familiares en octubre de 2014. El 6 de octubre, cuando según su familia regresaba a Buenos Aires, fue detenido y conducido a la comisaría 7ª. Cuando sus familiares supieron que no volvían lo denunciaron en la comisaría 20ª. El 31 de octubre de 2014 lo encontraron sin vida en el río Paraná. La investigación por búsqueda de paradero iniciada en la Justicia provincial pasó a ser investigada por la Justicia Federal como desaparición forzada seguida de muerte. Así fueron procesados como responsables de ese delito los 26 policías que trabajaban en comisaría, entre ellos el jefe, Diego Alvarez, quien no estaba en la seccional. También fueron imputados por encubrimientos los cinco agentes que intervinieron en la investigación y además un vecino de la comisaría llegó a juicio por falso testimonio.

El juicio oral confrontó de una manera frontal y enérgica a defensas y fiscalía. Duró un año y medio e insumió 70 audiencias. Los acusados mantuvieron de manera férrea su inocencia. Los comprometieron testimonios de presos que señalaron haber escuchado que infligieron castigo a Franco en la comisaría. También describieron que a Ramón Casco le negaron al ir a preguntar información sobre su hijo lo que fue indicio de encubrimiento. Detallaron una mecánica de violencia y ocultamiento institucional.

Según las defensas, no quedó claro cómo murió Franco Casco con relación a la causa y mecánica de muerte ya que no se probó muerte violenta. Nadie de los testigos detenidos que se desdijeron y tuvieron ambigüedades constatadas en el mismo estrado pudo decir que el señalado por estar detenido en la comisaría 7ª era Casco. El fiscal habló de muerte por compresión de cuello pero nadie en las autopsias suscribió esa causa. La teoría acusatoria fue que lo mataron el 6 o madrugada del 7 de octubre de 2014 cuando los peritos hablaron de una fecha de muerte estimada entre el 10 y el 15 de octubre de ese año.

En un escrito que supera las 300 páginas, los tres jueces de Casación rechazan este punto, que fue tomado por los jueces. Indican que hay en los votos de los dos jueces que absolvieron "diversos quiebres" en la sana crítica racional de los indicios que llevan a una, para ellos, presunción de culpabilidad. "La calificación legal esbozada por los recurrentes, y sobre cuya plataforma fáctica se efectuó el análisis de los magistrados, conlleva a la necesidad de recordar el estándar probatorio que ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos de desaparición forzada de personas, en los cuales dijo que resulta especialmente válida la prueba indiciaria que fundamenta una presunción judicial", indica

El voto de marca descalificable el análisis de la mayoría del TOF con los testimonios de los presos que estaban la noche del 6 de octubre y madrugada del 7 de octubre de 2014 al restarles validez. Aduce que desatendieron el contexto en el que se produjeron los hechos, una dependencia policial, "en la cual los declarantes también se encontraban detenidos y bajo el control de la fuerza de seguridad. Es decir, al propio contexto de privación de la libertad, que de por si conlleva a un plausible grado de distorsión o falta de exactitud sobre el tiempo y la fecha de ocurrencia de los hechos, se debe sumar que los declarantes se encontraban en situación de detención bajo la misma fuerza policial que es sindicada por los acusadores como responsable de los hechos".

"Tampoco el grado de visibilidad y las posibilidades de interacción, aún en un espacio reducido como el de la comisaría -sitio en el que se realizó una inspección ocular- llevan a facilidades en la captación de los sentidos, mas no sea por la audición, aspecto sobre el que -en términos sustanciales- los testigos que declararon sobre el hecho han definido un parámetro de circunstancias contestes entre sí.

Ahora habrá nueva sentencia contra los policías absueltos hace 18 meses. Son Walter Daniel Ortiz, Diego José Alvarez, Cecilia Rut Elizabeth Contino, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, César Daniel Acosta, Guillermo Hernán Gysel, Cintia Débora Greiner, Rocío Guadalupe Hernández, Marcelo Guerrero, Enrique Nicolás Gianola Rocha, Esteban Daniel Silva, Ramón José Juárez, Romina Anahí Díaz y Franco Luciano Zórzoli. Habían sido desvinculados también los empleados de Asuntos Internos Pablo Andrés Síscaro y Daniel Augusto Escobar, y al vecino Daniel Crespo.

Algunas defensas concurrirán a la Cámara de Casación a fijar una apelación horizontal, es decir, un pedido para que otra sala de ese órgano realice una revisión de lo resuelto este martes.