La llegada de Néstor Kirchner a la presidencia marcó el antecedente más reciente respecto de la embestida del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquél momento se puso en marcha el juicio político contra la denominada "Corte Menemista" o "Mayoría Automática". Sólo cinco de los nueve miembros del máximo tribunal fueron alcanzados por esa iniciativa: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Antonio Boggiano. Sin embargo, sólo los dos últimos fueron destituidos en 2004 y 2005, mientras que los primeros tres, ante la certeza de que prosperaría la destitución, decidieron renunciar antes.

En el caso de Boggiano la Cámara Alta dictaminó que el supremo fue culpable por "mal desempeño" en la causa "Meller" (por haber legitimado un proceso administrativo fraudulento). También se lo acusó de evadir su responsabilidad en aplicar el control de constitucionalidad que le impone la ley. A diferencia de Moliné O´Connor, Boggiano fue inhabilitado por tiempo indeterminado para ocupar cargos públicos.

Tengamos en cuenta que el juicio político post 2001, estuvo en sintonía con el clamor popular de "que se vayan todos". La salida a la crisis también implicó la búsqueda de mejorar la justicia y la mayoría de la dirigencia política apoyó este proceso, legitimados en una exigencia de la ciudadanía.

Ahora, el asunto es bien distinto. El gobierno intenta una embestida en un momento de debilidad política, donde le va a ser casi imposible reunir los dos tercios en ambas cámaras del Congreso para que se logre la destitución de los integrantes de la Corte.

Aquí, la Comisión de Juicio Político debe analizar los 14 pedidos de juicio por mal desempeño, que podemos sintetizar en 4 causas: 1) la declaración de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura; 2) el fallo sobre coparticipación en favor de CABA; 3) el fallo que benefició con el 2×1 a los condenados por delitos de lesa humanidad y 4) el vaciamiento de la Obra Social de los Judiciales.

En cuanto al procedimiento los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional establecen el marco normativo por el cual debe realizarse el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que podemos resumir en 3 pasos:

La Comisión de Juicio Político de Diputados recibe las denuncias y es la debe decidir si hay razones para la destitución en función de aluna causal, y avanza o desestima los pedidos por mayoría simple de los presentes. El oficialismo en esta instancia cuenta con los votos necesarios para elevar el trámite a la Cámara de Diputados.

En la Cámara Baja la situación cambia drásticamente. Allí serán necesarios los dos tercios de los presentes al momento del tratamiento para avanzar con el juicio político. Es aquí donde la suerte de los jueces de la "mayoría automática" y los integrantes de la Corte Suprema actual pueden ser muy diferentes. En primer lugar, como bien dije en el caso anterior había un consenso generalizado en las distintas fuerzas políticas y en toda la sociedad para removerlos, mientras que actualmente el pedido es impulsado por el oficialismo en soledad, con una oposición que sólo necesita ir y votar para bloquear el pedido. Y que incluso en el caso de Lorenzetti, a quien Carrió tiene apuntado hace años, no pasaría a la siguiente instancia. Recordemos que en Diputados el oficialismo cuenta con 118 de los 257 integrantes del recinto, el problema es que de los restantes 116 son de JxC, por lo cual, aún forzando las matemáticas, no hay ingeniería posible para alcanzar los dos tercios de los presentes, necesarios para poder llevar el juicio político al Senado.

Ahora, en el hipotético caso de que se pudiera avanzar, en la Cámara Alta nuevamente se repetiría la misma exigencia de dos tercios de los presentes para que finalmente sean destituidos Rosatti, Rosenkantz, Maqueda y Lorenzetti. Nuevamente la matemática es desfavorable a la acusación, el oficialismo cuenta con 35 de los 72 Senadores, y podría sumar los votos de Solari Quintana y Weretilnek (aún no los tiene), número que los deja muy lejos del éxito, sobre todo considerando que con el resultado electoral del 2021 JxC cuenta con 33 votos, lo cual claramente les permitiría bloquear cualquier pedido.

Es difícil comprender entonces el sentido de seguir insistiendo en un proyecto que, al igual que pasó con la reforma judicial, la expropiación de Vicentín, o la remoción del Procurador por citar temas vinculados a la Justicia, están destinados al fracaso, máxime cuando podrían haber intentado perfectamente designar el reemplazo de Highton desde fines del 2021, pero ni siquiera presentaron un pliego para ser analizado, muestra de la debilidad que ostenta el presidente, cada día más solo.