En tiempos en los que la desconfianza y el descrédito sobre el funcionamiento de los organismos del Estado parece aumentar es necesario avanzar hacia una ley macro que garantice el Acceso a la Información Pública en la Provincia de Buenos Aires para que cada ciudadano pueda encontrar la información que necesite de manera ágil y comprensible.

Pensarlo de manera estructural y obligatorio es crucial, para poder poner en valor la información pública y que la misma no esté sujeta a la voluntad de los funcionarios de turno. En esencia significa contar con prácticas compatibles con una democracia madura.

La información en manos del Estado es pública por definición. Sin embargo esto que parece claro en términos teóricos, en la práctica suele diluirse en trámites burocráticos, silencios administrativos o respuestas insuficientes. Por eso, desde la legislatura bonaerense estamos trabajando en esta dirección: no sólo reconocer el derecho al acceso a la información sino para hacerlo efectivo de manera real, claro y exigible.

Que cualquier persona pueda solicitar información sin justificar motivos y sin intermediación legal no es un detalle menor. Es, en términos políticos, un gesto de igualdad. Implica correr al Estado de un lugar de superioridad y ubicarlo en una relación más horizontal con la ciudadanía.

Es necesario que la normativa no alcance solamente al Poder Ejecutivo, sino que se haga extensiva a los tres poderes del Estado. Esta decisión es clave: la transparencia no puede ser selectiva ni parcial. Si todos administran recursos públicos, todos deben rendir cuentas. Lo contrario no solo genera asimetrías, sino que debilita la legitimidad del sistema en su conjunto. En esta dirección, los municipios también deberían adherir a esta propuesta.

En definitiva, hay que poner sobre la mesa una discusión imprescindible: cómo reconstruir la credibilidad de las instituciones en un contexto de escepticismo generalizado. La transparencia no es solo un valor ético. Es una herramienta de gobierno. Y, sobre todo, es una condición necesaria para que la ciudadanía vuelva a creer.