Editorial
Grieta, consensos, instituciones y el Banco Central
Por Javier Alvaredo
A un mes de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía el saldo aparece como positivo.

 A un mes de la asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía de la Nación el saldo aparece como positivo. Además de plantear un cambio explícito en la agenda económica del gobierno, durante este breve lapso de tiempo se logró modificar para mejor la expectativa sobre la trayectoria fiscal de corto plazo y la confianza sobre los instrumentos de deuda pública domésticos. En efecto, hoy en día en la profesión se ve como factible el cumplimiento de la pauta fiscal acordada con el FMI cuando hace poco tiempo atrás lo que se discutía era el rango del desvío sobre la misma. También, a partir de un sinceramiento de las tasas de interés y mediante operaciones de canje de deuda, se logró un reperfilamiento de los vencimientos de corto plazo, lo que trajo aparejado una mejora en la percepción de riesgo. Así, la promesa de no recurrir a la emisión monetaria en lo que resta del año aparece como probable. Como desafíos todavía pendientes se pueden mencionar la dinámica de las reservas internacionales en el BCRA y la brecha cambiaria, que a pesar de una mejora sensible tanto en los activos de renta fija (bonos) y variable (acciones), sigue sin poder perforar el piso de 10.000 puntos básicos.

Como mencionamos en nuestra columna anterior, la designación del líder del Frente Renovador como piloto de la gestión económica tenía un atributo no menor que fue la restauración de un acuerdo político, ausente durante mucho tiempo, al interior de la coalición gobernante. También, la emergencia de Massa y el planteo de su agenda más de centro, tuvo impacto político en la coalición opositora, el más visible y sonoro de ellos la violenta irrupción de Elisa Carrió con sus acusaciones infundadas hacia rivales y aliados con la clara intención de dinamitar cualquier atisbo de diálogo y búsqueda de consensos. A este cocktail se agregó en los últimos días la reacción de los sectores más reactivos de la coalición oficialista en torno a la saga judicial que afecta a la ex presidenta, lo cual no ha hecho otra cosa que fomentar la grieta. No resulta claro aún que dichos eventos hayan tenido un impacto en lo económico aún, pero claramente limitan el espacio para alcanzar consensos ahora. Crispación al palo.

Las dificultades que genera la grieta en la gestión de la economía y los negocios son tan palpables que un observador extranjero a menos de ocho meses de llegar al país puede percibirla con claridad. El llamado del embajador Stanley a construir una "coalición ahora" para tomar ventaja de la coyuntura internacional es un claro ejemplo de esto. Tal vez porque ocho meses es poco tiempo, lo que el embajador estadounidense no pudo percibir aún es que la construcción de una coalición ahora resulta imposible porque a menos de un año del inicio del ciclo electoral presidencial, lo prioritario es dirimir la situación al interior de cada una de las coaliciones, y cualquier atisbo de diálogo a la luz de la grieta es percibido como una traición, lo que debilita a los actores más proclives al consenso.

Lamentablemente, la dinámica actual de la grieta también lesiona la posibilidad de construir una coalición en el futuro, ni hablar si los halcones se impusieran en sus respectivas internas, ya que el proceso de construcción de agenda de cada sector se vería contaminada por los extremos. Así, es probable que de un lado se observe una agenda de reformas extremas y sin anestesia, y del otro una resistencia a cualquier tipo de reforma.

Este contexto político tan complejo seguramente está dificultando la resolución de dicha problemática y explican en buena medida por qué luego de un mes de gestión no se hayan observado avances, ya que un movimiento no estudiado en ese frente plantea varias complejidades dado su potencial impacto en las variables sociales. Versiones periodísticas mencionan que más allá de la licencia política que Massa logró de sus socios para llevar adelante medidas más racionales desde el punto de vista de la técnica, aún enfrenta restricciones para modificar la política cambiaria imperante desde que asumió el gobierno actual, y que también estuvieron presentes en el pasado. En este sentido, Eduardo Levy Yeyati planteó recientemente de manera muy gráfica que una devaluación en Argentina es Kriptonita política.

La extraordinaria tensión política, en nuestra opinión explica en buena medida un fenómeno que no es muy tenido en cuenta en los diversos análisis, y que afecta el funcionamiento del Banco Central, organismo central en el diseño e implementación de la política cambiaria. En efecto, en su carta orgánica Ley 24,144, la autoridad monetaria estipula condiciones que estipulan estabilidad para la totalidad (art. 9) de los miembros de su Directorio, incluyendo al Presidente, situación que se gatilla luego de que el Senado de la Nación preste el acuerdo correspondiente. Este mecanismo funcionó de manera relativamente satisfactoria durante la década de los 90´s y también durante la crisis que se desató y perduró luego del default de principios de este siglo y del abandono de la Convertibilidad, cuando el Directorio estaba compuesto obviamente por miembros propuestos por el oficialismo, pero también por otros propuestos por la oposición y por diversos sectores del sistema financiero (bancas especializadas, banca nacional, banca pública). Sin embargo, a partir de que la "grieta" comenzó a dominar el escenario político ese equilibrio se fue perdiendo. De hecho, desde septiembre de 2010, cuando finalizó el mandato (inconcluso) de Martín Redrado a la fecha, sólo un miembro el Directorio de la autoridad monetaria, el ex Presidente Federico Sturzenegger (quien tampoco pudo terminar su mandato), contó con el correspondiente acuerdo del Senado. En la actualidad, los 10 miembros del Directorio fallan en contar con el respaldo previsto en la legislación.

Causa y consecuencia de esto, salvo excepciones momentáneas, el Directorio del BCRA ha ido adoptando una constitución monocolor, con miembros solo pertenecientes al oficialismo de turno, lo cual en mi opinión, ha repercutido negativamente en el accionar de la institución para cumplir con sus finalidades (art. 3 de la Ley 24.144), y en el caso que nos ocupa lo establecido en los incisos d) (Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos) y f) (Ejecutar la política cambiaria en un todo ...) del art. 4. Interesante es notar que previo a este proceso de deterioro institucional de la autoridad monetaria, en el año 2009, luego del conflicto con el campo por las retenciones móviles y de la crisis financiera internacional por la crisis de las hipotecas sub prime, el BCRA pudo llevar a cabo una política cambiaria que permitió lidiar con dicho contexto hostil sin que la corrección cambiaria llevada a cabo se transmita completamente al nivel de precios domésticos de la economía. En efecto, durante dicho año, la competitividad del tipo de cambio real multilateral mejoró un 11% y se observó una baja sensible de la inflación, que se redujo 8 puntos porcentuales respecto del año anterior (fue de 14,8%).

Pr otro lado, a partir de la instauración de conducciones monocolor, el BCRA priorizó estrategias más políticas que técnicas lo que llevo consistentemente a impulsar políticas que llevaron a una apreciación real de la moneda que terminaron impactando en la sostenibilidad de la política monetaria, y que agravaron la dinámica inflacionaria. Solo como ejemplo, podemos mencionar, durante el final del mandato de CFK en 2015 la venta masiva de "dólar futuro" a paridades insostenibles que terminó con serios efectos patrimoniales en el balance del Banco Central (y positivos para los especuladores del mercado), como así también, ante la negativa de proveer financiamiento al Tesoro en 2019 (para cumplir con un acuerdo con el FMI que estaba de hecho caído), la decisión de "reperfilar" letras del Tesoro nacional, que afectó duramente al mercado de capitales doméstico y cuyas consecuencias negativas se revivieron en junio último, lo que llevó a un episodio grave de inestabilidad financiera.

En un reciente artículo publicado por Raghuram Rajan, profesor de la Universidad de Chicago y ex gobernador del Banco Central de India y ex economista jefe del FMI (gracias Héctor Torres por haberlo difundido entre un grupo de colegas), se plantea que en épocas de crisis es un error facilista plantear reformas de los mandatos de los Bancos Centrales, y que "no importa cuán independiente es un Banco Central, sino que sus políticas deben ser percibidas como razonables, caso contario la declamada independencia se pierde". Justamente estamos en momentos de crisis y el BCRA debería esforzarse por dar respuestas razonables con el fin de reforzar su poder institucional.

En este contexto, la finalización del mandato de cuatro directores y el presidente del Banco Central el próximo 23 de septiembre representa una oportunidad práctica para acortar esas distancias políticas descritas más arriba. En un entorno como el actual, donde el discurso y la orientación económica genera más espacio a las coincidencias técnicas que en el pasado reciente, una propuesta del nombramiento de nuevas autoridades del Banco Central que contemple la incorporación de cuadros técnicos no sólo del oficialismo sino también de la oposición con el consiguiente resguardo funcional que otorgaría el acuerdo del Senado, representaría una mejora institucional no menor y una muestra de madurez de la clase política sin lugar para chicanas ni denuncias. Sería simplemente cumplir con una Ley.

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