Uruguay
Fuerte interna en el gobierno de Uruguay por la explotación de petroleo
El gobierno autorizó la exploración petrolera en aguas territoriales del país a las empresas APA, PGS, CGG y Searcher. Resistencia del ala ambientalista del Frente Amplio.

La explotación de petróleo generó una grieta dentro del Frente Amplio de Uruguay entre los que tiene una postura extractivista y la pata ambientalista.  

El gobierno autorizó la exploración petrolera en aguas territoriales del país a las empresas APA, PGS, CGG y Searcher. Los estudios sísmicos recopilarán datos de siete bloques offshore, que luego se venderán a importantes compañías petroleras (como Chevron, Shell, APA e YPF) para ayudarles a decidir si invertir en medidas más costosas, como la perforación exploratoria.

Sin embargo, dado el posible impacto, el Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay exige a los buques de exploración que desactiven inmediatamente sus cañones de aire si se avista fauna marina a menos de 1.000 metros, un estándar más cauteloso que los 500 metros habituales.

A pesar de estas restricciones, el gobierno también planea declarar ciertas áreas marinas protegidas (AMP) que, de manera preocupante, se superponen con los mismos bloques otorgados para la exploración petrolera. Estas zonas frágiles incluyen montículos de coral de aguas frías y cañones submarinos.

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En ese marco, el programa del Frente Amplio propone convocar "un diálogo nacional" para analizar los "impactos y alternativas" de la "exploración y extracción de fuentes de energía fósil". La diputada Tatiana Antúnez, cumplir con los compromisos de la gestión anterior con las empresas "no inhabilita" a cumplir con las bases programáticas.

"Si aparece petróleo, por supuesto que vamos a trabajar con Ancap en criterios de exploración y explotación del recurso", dijo a la periódico uruguayo La diaria el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. 

Si aparece petróleo, por supuesto que vamos a trabajar con Ancap en criterios de exploración y explotación del recurso

Esto fue seis meses antes de que el ministerio otorgara la autorización ambiental previa a las cuatro empresas que la solicitaron casi dos años antes para llevar adelante proyectos de exploración sísmica 3D de hidrocarburos en el espacio marítimo: Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS.

Ortuño dijo que "Uruguay debe conocer las riquezas que tiene o no" y que debe avanzar "con mucha cautela y ceñido a las mejores prácticas ambientales de gestión en materia de prospección". 

Edgardo Ortuño, ministro de Medio Ambiente de Uruguay.

Por otra parte, los proyectos de exploración tienen probabilidades de éxito menores al 25%, de una en cuatro, indicó el gerente de Transición Energética de Ancap, Santiago Ferro, ante la Comisión de Frente Marítimo, Río de la Plata, Laguna Merín y Antártida de la Cámara de Diputados.

Ferro explicó también que en Uruguay la exploración ha tenido un "proceso continuo e incremental desde 2007". En 2009 se lanzó el llamado a ofertas para contratos de exploración y producción de hidrocarburos, la Ronda Uruguay; le siguieron otros procesos licitatorios, en 2012 y 2018.  El segundo "fue un éxito a nivel global" y recibió inversiones privadas por aproximadamente 1.500 millones de dólares. 

En ese sentido, en el Frente Amplio hay voces que advierten sobre la contradicción que implica la exploración de petróleo respecto del objetivo de profundizar la transición energética.

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La Diaria hizo un trabajo de consulta a representantes de todos los espacios del Frente Ampllio que lidera Yamandú Orsi y confirma esta grieta entre los que consideran que Uruguay no debe continuar con las exploraciones con quien sostiene que "la exploración y extracción de fuentes de energías fósiles", apunta a convocar "un diálogo nacional para analizar sus impactos y alternativas".

Yamandú Orsi deberá lidiar con esta tensión interna como lo hizo Lula cuando se autorizó la exploración petrolera en el Amazonas por parte de Petrobras. Lula logró calmar a su pata ambientalista encarnada en la ministra Marina Silva con la presentación del cumplimiento de los requisitos que establece el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama). 

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