El gobierno de Estados Unidos alertó sobre los graves casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández. Se trata del informe anual Human Rights Report elaborado por el Departamento de Estado quien además destacó "problemas con la independencia del poder judicial".

En el informe analiza la situación de los derechos humanos en el mundo y fue uno de los trabajos insignias de la diplomacia norteamericana, implementado en la presidencia de Jimmy Carter en los 70.

Allí se destaca que si bien "el gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o participaron en actos de corrupción", no fueron las suficientes para lograr que los acusados fueran condenados.

"La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no aplicó la ley de manera efectiva", sostiene el informe que hace alusión a "un sistema judicial politizado" que "socavó los intentos sistemáticos de frenar la corrupción".

Incluso sostiene que hasta septiembre de 2022 había varias investigaciones en curso contra figuras políticas de alto rango, como la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es decir, hace omisión la condena de seis años de prisión que recibió la ex presidenta por la causa Vialidad, en diciembre del año pasado.

En declaraciones publicadas por Clarín, el secretario Antony Blinken explicó en una conferencia de prensa que el informe sirvió durante más de medio siglo como "un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia".

De todas maneras, el informe hace un resumen sobre la situación judicial de Cristina y otros nueve imputados principales (de 45 en total), que fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando la actual vicepresidenta era la Jefa de Estado.

"Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en USD160 millones", señala el reporte de EE.UU, y "pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y se impusiera una prohibición de por vida para servir para ejercer cargos públicos", dice el texto.

En lo que respecta a la corrupción, el Departamento de Estado señaló a otros organismo donde predominan los delitos: "Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad". Y agregó que "los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes".

Además, advirtió sobre "las demoras prolongadas, los atascos procesales, las largas lagunas en el nombramiento de los jueces permanentes, el apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial" argentino.

En otra parte del informe, el Departamento de Estado señala otros estamentos donde predominan los delitos: "Hubo corrupción y la complicidad oficial en algunas fuerzas de seguridad", denuncian. Y dice que "los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de las personas involucradas en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes".

El reporte también hace referencia a la situación de la libertad de expresión en la Argentina. Señala que en nuestro país "la Constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, y el gobierno generalmente respetó este derecho".