La buena sintonía entre Donald Trump y Lula parece haber terminado. Tras declarar organización terrorista a los carteles Primeiro Comando Capital y Comando Vermelho, el goibierno de Estados Unidos decidió aplicar un nuevo arancel del 25% contra Brasil. 

Esto profundiza la tensión comercial con Lula a sólo cuatro meses de las elecciones presidenciales en donde Washington parece estar mas cerca de querer intervenir en favor de Flavio Bolsonaro que mantenerse al margen. 

La decisión surge tras una investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que evaluó diversas políticas económicas y regulatorias del gobierno Lula.

La preocupación de Washington apunta a que la expansión de Pix habría reducido el espacio de mercado para empresas financieras y redes de tarjetas estadounidenses, como las que dominan el negocio global de pagos electrónicos como Visa y Mastercard.

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Desde Brasil interpretan el cuestionamiento a Pix como una reacción al éxito del sistema. Sectores del oficialismo sostienen que la investigación responde a presiones de grandes empresas financieras estadounidenses preocupadas por un modelo que ofrece transacciones instantáneas con costos significativamente menores que los de las tarjetas tradicionales.

Desde Brasil interpretan el cuestionamiento a Pix como una reacción al éxito del sistema. Sectores del oficialismo sostienen que la investigación responde a presiones de grandes empresas financieras estadounidenses preocupadas por un modelo que ofrece transacciones instantáneas con costos significativamente menores que los de las tarjetas tradicionales

Aunque la investigación aún no concluyó, el caso refleja una disputa más profunda sobre el futuro de los sistemas de pagos digitales. Para muchos analistas, el verdadero debate no es únicamente Pix, sino la competencia entre modelos nacionales de infraestructura financiera y los grandes actores privados que históricamente dominaron el mercado global de pagos.

AP

El argumento que esgrimen es que "algunas prácticas brasileñas generarían obstáculos para empresas norteamericanas en áreas como comercio digital, propiedad intelectual, sistemas de pago electrónico, acceso al mercado de etanol y cuestiones ambientales". 

Sin embargo, la medida todavía no es definitiva. Antes de su eventual implementación deberá atravesar un período de consultas públicas y audiencias con representantes del sector privado. 

Entre las excepciones previstas figuran productos considerados estratégicos o de especial interés para la economía estadounidense, como el café, la carne vacuna, las tierras raras, determinadas materias primas metálicas y parte de la industria aeronáutica, incluidos aviones y componentes que Flavio Bolsonaro dice haberle pedido al Departamento de Estado, algo que nadie confirmó. 

La noticia generó preocupación entre exportadores e industriales, que temen una pérdida de competitividad en uno de sus principales mercados externos y advierten que un incremento de los costos de acceso al mercado estadounidense podría afectar sectores manufactureros y de mayor valor agregado, aunque el impacto final dependerá de la lista definitiva de productos alcanzados. 

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El gobierno brasileño, por su parte, sigue de cerca la evolución del proceso y apuesta a una negociación diplomática que permita evitar una escalada comercial mayor. La administración de Lula sostiene que las medidas cuestionadas por Washington forman parte de políticas soberanas y rechaza la idea de que constituyan prácticas discriminatorias. 

El período de consultas permanecerá abierto durante las próximas semanas y la decisión final quedará en manos de Trump, quien deberá definir si convierte la recomendación en una medida efectiva o si abre una instancia de negociación con Brasil antes de avanzar con el nuevo esquema arancelario.