Donald Trump lanzó toda su furia contra el juez del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, James Boasberg, que emitió una orden que paralizaba las deportaciones con la vetusta Ley de Enemigos Extranjeros y ordenó que los aviones dieran marcha atrás en pleno vuelo. 

Sin embargo, la Casa Blanca hizo caso omiso del fallo, con el argumento de que las aeronaves ya se encontraban en espacio aéreo internacional, fuera de la jurisdicción del tribunal. Esto ha generado tensiones entre el juez y Trump pidió directamente su destitución.

Más allá de la narrativa encendida, el gobierno de Estados Unidos duda en seguir implementando esta política amparada en la ley del 1700.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los estadounidenses verán más deportaciones, pero no llegó a afirmar que el Gobierno continuará con los vuelos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

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"Los estadounidenses pueden esperar absolutamente ver la continuación de la campaña de deportación masiva que ha sido liderada con éxito por este presidente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y también nuestro secretario de Estado, Marco Rubio", dijo Leavitt en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La vocera sostuvo que el gobierno cree que jueces de Tribunal de Distrito de EE.UU. como Boasberg "están actuando erróneamente". Sin embargo, al ser cuestionada sobre si la administración planea continuar con vuelos de deportación como los que transportan migrantes a El Salvador, Leavitt dijo a la prensa: "No tenemos ningún vuelo planeado específicamente, pero continuaremos con las deportaciones masivas". 

No tenemos ningún vuelo planeado específicamente, pero continuaremos con las deportaciones masivas

Trump calificó al juez de "lunático" y pidió su destitución, lo que provocó una rara intervención de John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, quien defendió la independencia judicial, afirmando que la destitución de jueces no es una respuesta apropiada a desacuerdos judiciales. 

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Durante una audiencia celebrada el lunes, Boasberg expresó su preocupación por el desafío de la administración y pidió al Gobierno que proporcionara más detalles sobre los vuelos de deportación. 

En su defensa, la administración argumentó que dos de los vuelos de deportación salieron de territorio estadounidense antes de que se emitiera su orden, lo que los eximiría de la medida cautelar. El miércoles el departamento de Justicia debía responder a la petición, pero no lo hizo.