Venezuela
Nuevo ataque de Maduro a los Derechos Humanos: ahora avanza contra las ONG
Presentó una ley que solo permite que trabajen las ONG con autorización del Estado. Replica la ofensiva de Ortega en Nicaragua.

Nicolás Maduro prepara una dura legislación para controlar la acción y el financiamiento de las ONGS que trabajan en Venezuela. En la narrativa chavista, las organizaciones sin fines de lucro están sostenidas por Estados Unidos para "conspirar contra el gobierno" y por eso buscan imitar lo hecho por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que encarceló a muchos representantes de la sociedad civil bajo esos cargos. Ortega fue más allá y les sacó la ciudadanía, obligándolos al exilio.

El rol de la sociedad civil en Venezuela es clave. Son quienes denuncian la violación a los derechos humanos, la crisis migratoria, la transparencia electoral o publican datos de la economía ante un gobierno intenta esconder la información pública. 

La ley fue anunciada una semana antes en el programa "Con el mazo dando", el programa que conduce el jefe de la bancada oficialista y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Esto es algo particular de la realidad venezolana porque en ese show televisivo se anticipan detenciones, candidaturas opositoras (Cabello dijo hace unos días que Capriles será el candidato de la oposición en 2024) y en este caso, proyectos de ley.

Exclusivo: Tras su faltazo a la Celac, Maduro quiere una "pronta reunión" con Alberto 

La activista venezolana y coordinadora del Observatorio Electoral, Griselda Colina explicó a LPO que "el proyecto fue presentado de forma apresurada e improvisada y tiene numerosas contradicciones conceptuales (ejemplo: se puede multar a algo que se dice que no existe)". "En la exposición de motivos se da al derecho de asociación una connotación derecho "liberal" cuando los DDHH no responden a ninguna ideología y tienen una conceptualización propia e independiente", añadió.

Colina amplía que "se argumenta que las ONG no están suficientemente reguladas, cuando simplemente no es cierto. Tampoco es cierto que se quiere dar a las ONG un régimen parecido a las sociedades de comercio".  

Se argumenta que las ONG no están suficientemente reguladas, cuando simplemente no es cierto. Tampoco es cierto que se quiere dar a las ONG un régimen parecido a las sociedades de comercio.

"Se afirma que los Derechos Humanos pueden ser limitados por medio de ley. Pero no se dice que la potestad del estado de limitarlos, tiene a su vez límites establecidos en los tratados de Derechos Humanos. Se argumenta que en otros estados existen regulaciones muy estrictas sobre las ONG. Se comparan peras con manzanas. En esos estados democráticos un juez puede dictar una sentencia contra un funcionario abusivo. Eso no ocurre en Venezuela", agrega.

Disosdado Cabello.

De aprobarse, este texto cambia el régimen jurídico de las ONG: se pasa de un régimen de notificación y registro de la organización a uno de autorización e intervención de las mismas. Además. estatiza a las organizaciones al intervenir su autonomía normativa, su autonomía de gestión y administración y su autonomía financiera.

Colina cuestiona que "el proyecto toma todo lo negativo de la legislación anterior y le agrega otros vicios en violación del derecho de asociación. No se busca supervisar a las ONG sino controlarlas. Está en el texto del proyecto. El proyecto, aunque invoca la progresividad de los DDHH, es profundamente regresivo y represivo. Ontológicamente represivo". 

El proyecto toma todo lo negativo de la legislación anterior y le agrega otros vicios en violación del derecho de asociación. No se busca supervisar a las ONG sino controlarlas.

"No se toman en cuenta los estándares internacionales en materia de regulación del derecho de asociación que están en los tratados de DDHH y que son derecho interno", continúa.

El fondo del conflicto radica en que se pasa de un régimen de notificación a uno de autorización y de renovación constante, bajo la discrecionalidad del gobierno chavista violando la autonomía.

Las sanciones para quienes no se ajusten a le nueva legislación van desde US$ 3.000 a US$ 12.000 de modo que su imposición provocaría el inmediato cierre de las organizaciones.

Griselda Colina finaliza: "Más grave que todo lo anterior es que ante la posible comisión de un incumplimiento de la ley, se prevé que con la simple apertura del procedimiento sancionatorio correspondiente se puede declarar cautelarmente la suspensión de la organización, "así como la disolución de oficio" de la misma. Esto es, sin que haya defensa previa, causándose de este modo un daño irreparable en violación de la presunción de inocencia y del derecho al debido proceso".

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