El gobierno de Brasil firmó un decreto para regular el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad pública y abrió un frente con los gobernadores bolsonaristas. 

Según el texto firmado por Lula las armas de fuego deben utilizarse como "medida de último recurso" y el nivel de fuerza utilizado debe ser compatible con la gravedad de la situación. "Los órganos y profesionales de la seguridad pública deben asumir la responsabilidad por el uso inadecuado de la fuerza, una vez concluido el proceso de investigación, respetando el debido proceso legal y la defensa plena", reglamenta el decreto. 

Según el decreto, las fuerzas de seguridad pública no pueden utilizar armas de fuego en situaciones que involucren a una persona que huye desarmada o contra un vehículo que no respeta el bloqueo policial. "Se autoriza su uso en casos de riesgo para los profesionales de la seguridad u otras personas, reza. 

En relación al uso de la fuerza, sólo podrá utilizarse cuando otros recursos de "menor intensidad" no sean suficientes. La decisión del gobierno propone directrices generales y no especifica los niveles de fuerza que puede utilizar la policía. Por lo tanto, el decreto deja claro que el Ministerio de Justicia emitirá normas adicionales para implementar las medidas del decreto. 

La devaluación impacta en la imagen de Lula y hay más brasileños que creen que están peor que con Bolsonaro

Otro de los lineamientos es que los profesionales de la seguridad pública no pueden actuar de manera discriminatoria en relación al color de piel, identidad de género y orientación sexual, una medida que apunta a reducir los asesinatos contra los sectores más pobres. 

El primer gobernador en salir a cuestionar este intento de regulación del uso de armas fue Claudio Castro, mandatario de Río de Janeiro de mismo partido que Bolsonaro, que defiende la libre portación de armas. 

Los órganos y profesionales de la seguridad pública deben asumir la responsabilidad por el uso inadecuado de la fuerza, una vez concluido el proceso de investigación, respetando el debido proceso legal y la defensa plena

Para el jefe territorial, el decreto está hecho a medida de los delincuentes que son "los que más celebraron en esta noche buena". 

Brasil es uno de los países con alto indice de violencia institucional de América Latina y cuenta con estados como Río con zonas totalmente militarizadas. Cabe destacar que en 2018, Michel Temer decidió intervenir con el Ejército el ministerio de Seguridad y quedó a cargo el general Walter Braga Netto quien luego fue ministro de Bolsonaro y hoy se encuentra detenido por el intento de golpe a Lula. En su gestión al mando de la seguridad carioca ocurrió el asesinato de Marielle Franco. 

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

Jair Bolsonaro hizo de la libre portación de armas una bandera electoral y de gestión a punto tal que su marca fue la ametralladora imaginaria que hizo con sus manos. Durante su presidencia no pudo lograr la aprobación de la medida en el Congreso pero la terminó sacando por decreto a pesar de la resistencia de la Corte Suprema.

En julio de 2023, Lula firmó el decreto para limitar el acceso que abrió indiscriminadamente Bolsonaro como parte de un ambicioso plan para fortalecer la seguridad pública y combatir la violencia en la Amazonía, endurecer las penas para delitos antidemocráticos y contar con medidas drásticas contra los ataques a escuelas. 

En julio de 2023, Lula firmó el decreto para limitar el acceso que abrió indiscriminadamente Bolsonaro como parte de un ambicioso plan para fortalecer la seguridad pública y combatir la violencia en la Amazonía, endurecer las penas para delitos antidemocráticos y contar con medidas drásticas contra los ataques a escuelas.

Sobre el decreto llamado "Regulación responsable de armas", Lula recordó que era un "compromiso" adquirido en la "campaña electoral" para "restablecer los asuntos de seguridad". Entre las principales alteraciones a la actual legislación están la reducción de armas y municiones en manos de civiles, entre ellos cazadores, tiradores y coleccionistas, y el control de las mismas, que será retirado del Ejército y asumido por la Policía Federal.

El número de armas por cada persona fue  reducido a la mitad, pasando de cuatro a dos y el de municiones bajará de 200 a 50 por año, mientras que la validez de los registros de posesión de armas será reducida de diez a tres años.

Según cifras oficiales, el número de armas de fuego en manos de particulares creció un 241 % en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro. 

Sin embargo, esta última medida es más cuestionada porque no se trata de la población civil y se entiende que limita el accionar de la policía a la hora de enfrentar a ladrones y nacotraficantes que están armados y controlan territorio enteros.