La Fiscalía General de Brasil  solicitó  la condena del expresidente Jair Bolsonaro y los otros siete acusados por el intento de golpe contra Lula de enero de 2023. Esta postura se recoge en los alegatos finales de la fiscalía, presentados por el Fiscal Paulo Gonet ante el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal". 

Gonet dice en el documento que "la cooperación mutua de los acusados para alcanzar este objetivo final, bajo la coordinación, inspiración y determinación del expresidente de la República acusado, demuestra claramente la organización criminal, en su sentido penal".

La Corte Suprema de Brasil  espera que el caso vaya a juicio a principios de septiembre. El expresidente ya ha sido condenado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) por ataques y mentiras sobre el sistema electoral y está acusado ante la Corte de liderar la trama golpista de 2022. Actualmente no podrá ejercer el cargo hasta al menos 2030. 

De ser condenado por los delitos de asociación delictiva armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado, daños calificados por violencia, amenaza grave a la propiedad pública y daño al patrimonio histórico, la pena podría superar los 40 años de prisión. 

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"Si bien no todos participaron activamente en todos los hechos relevantes de la secuencia de hechos que condujeron a los actos contra las instituciones democráticas, todos los imputados colaboraron, en la medida en que fueron responsables en cada etapa del golpe, para que el conjunto de hechos que conforman los delitos denunciados se convirtiera en realidad, alineados con un sentido y propósito común", afirma la Procuraduría General de la República (PGR) en el documento al que accedió LPO.

La Procuraduría General de la República enfatiza además que, con base en lo anterior, "todos los actores del proceso en el que se desenvolvió el intento de golpe son responsables de los hechos interconectados". 

Para Gonet, Bolsonaro realizó una serie de flagrantes declaraciones golpistas, provocó crisis entre los poderes del Estado, cuestionó la celebración de las elecciones de 2022, amenazó con incumplir las decisiones del Tribunal Supremo y fomentó una campaña para desacreditar el sistema electoral del país con mentiras e inferencias. 

La cooperación mutua de los acusados para alcanzar este objetivo final, bajo la coordinación, inspiración y determinación del expresidente de la República acusado, demuestra claramente la organización criminal, en su sentido penal

Tras su derrota ante Lula, impulsó la creación y el mantenimiento de los campamentos golpistas que se extendieron por todo el país y dieron lugar a los atentados del 8 de enero. Durante este mismo período, adoptó una conducta que contribuyó a mantener la esperanza de que sus partidarios se mantuviera en el poder y, como admitió públicamente, se reunió con militares y asesores cercanos para discutir maneras de intervenir en el Tribunal Superior Electoral  y anular las elecciones. 

Paulo Gonet, Fiscal General. 

Además de Bolsonaro, los acusados que podrían ser condenado son el diputado y ex jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Alexandre Ramagem, el ex comandante de la Marina, Almir Garniel, el ex ministro de Justicia, Anderson Torres, el ex titular del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, el ex colaborador de Bolsonaro Mauro Cid, el ex ministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira  y el ex Jefe de la Casa Civil y candidato a vicepresidente en 2022, Walter Braga Netto. 

Si bien no todos participaron activamente en todos los hechos relevantes de la secuencia de hechos que condujeron a los actos contra las instituciones democráticas, todos los imputados colaboraron, en la medida en que fueron responsables en cada etapa del golpe, para que el conjunto de hechos que conforman los delitos denunciados se convirtiera en realidad, alineados con un sentido y propósito común

Todos ellos serían condenador por organización criminal, tentativa de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado, daño calificado por la violencia, grave amenaza contra el patrimonio público y deterioro de patrimonio.

En paralelo y a la espera de la condena, Bolsonaro apuesta a la presión de Trump que amenazó con imponer 50 por ciento de aranceles a partir del 1 de agosto en respaldo al ex presidente. El encargado de hacer lobby con el trumpismo en territorio estadounidense es Eduardo Bolsonaro que acaba de renunciar a su mandato como diputado para quedarse en el país del norte y advirtió sobre la respuesta de la Casa Blanca si su padre es condenado. 

Por su parte, el ex presidente brasileño puso énfasis en la supuesta declaración falsa de uno de los arrepentidos y dijo: "Estamos viviendo una auténtica caza de brujas, una persecución flagrante contra mí y los millones de brasileños que represento y a quienes doy voz. Todo se basa en un acuerdo de culpabilidad falso y defectuoso, obtenido mediante presión por el denunciante. Todas las acusaciones son falsas. Nunca he violado la democracia ni la Constitución". 

"Quienes violan la democracia son quienes inventan pruebas, arrestan a inocentes y abusan de su poder para perseguir y silenciar a sus oponentes políticos. El pueblo brasileño sabe lo que ocurre en Brasil y, cada vez más, la prensa brasileña y la comunidad internacional también lo comprenden", continuó.

Trump, el jefe de campaña de Lula

El Departamento de Estado lanzó una advertencia bastante directa y publicó que "Trump envió una carta imponiendo consecuencias largamente esperadas al Tribunal Supremo de Moraes y al gobierno de Lula en respuesta a los ataques contra Jair Bolsonaro, la libertad de expresión y el comercio con Estados Unidos". 

"Estos ataques son vergonzosos e irrespetuosos de las tradiciones democráticas de Brasil. Las declaraciones del presidente Trump son claras. Seguimos de cerca la situación", cerró.