El Fiscal General, Paulo Gonet, denunció formalmente a Jair Bolsonaro y buena parte de sus funcionarios por el supuesto plan golpista contra Lula luego de las elecciones de octubre de 2022. Para la fiscalía brasileña, el ex presidente está acusado del del delito de intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal, que contemplan penas que pueden llegar a los 30 años de prisión efectiva.

La denuncia incluye a ex funcionarios de peso que cargan con prisión preventiva como el General Walter Souza Braga Netto o el ex asesor Filipe Martins, asegura que Bolsonaro "puso en práctica el plan de insurrección" y que el hecho habría ocurrido "mediante transmisión en vivo desde las instalaciones del Palacio de Planalto a través de internet".

"Las declaraciones públicas [de Bolsonaro] comenzaron a ser cada vez más agresivas, con ataques directos a los poderes fácticos, infundiendo sentimientos de indignación y rebelión en sus partidarios", enfatiza la denuncia. 

Según Gonet, las acciones tenían como "objetivo hacer aceptable e incluso esperable el uso de la fuerza contra un resultado electoral en el que triunfó el oponente político más consistente". 

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"Esta búsqueda de apoyo a la insurrección por parte de las máximas autoridades militares de cada una de las Fuerzas es una caracterización indiscutible de un intento de golpe de Estado", acusa el Fiscal.  La denuncia también se refiere a un "acto de insurrección en curso, que aún no se ha consumado en todo su potencial dañino".

Las declaraciones públicas [de Bolsonaro] comenzaron a ser cada vez más agresivas, con ataques directos a los poderes fácticos, infundiendo sentimientos de indignación y rebelión en sus partidarios

A la causa del intento de golpe se le suma el del intento de asesinato que buscaba que generar conmoción social para nombrar un gobierno interino conducido por Braga Netto y Augusto Heleno.

En ese punto, el Fiscal General dice que "los integrantes de la organización criminal estructuraron, en el ámbito del Palacio de Planalto, un plan de ataque a las instituciones, con vistas a derrocar el sistema de funcionamiento de los Poderes y el orden democrático, que recibió el siniestro nombre de "Puñal Verde Amarillo".

"El plan fue ideado y llevado a conocimiento del Presidente de la República, quien lo aprobó, al mismo tiempo que se divulgaba un informe en el que el Ministerio de Defensa se encontraba en la posición de tener que reconocer la inexistencia de detección de fraude en las elecciones", remarcó.

Este plan buscaba generar conmoción social para que Bolsonaro tenga las condiciones para declarar la emergencia con un gobierno militar de transición que le impide irse del cargo hasta la convocatoria de nuevas elecciones.

Fiscal General, Paulo Gonet.

El próximo paso es que la denuncia sea aceptada por la Corte Suprema. En ese caso, Bolsonaro pasará a ser imputado y deberá enfrentar un proceso penal en los tribunales. Las posibilidad de una condena es alta pero, por regla general, la pena de prisión es consecuencia de una condena penal, que se ejecuta cuando ya no hay posibilidad de recurso.

El plan fue ideado y llevado a conocimiento del Presidente de la República, quien lo aprobó, al mismo tiempo que se divulgaba un informe en el que el Ministerio de Defensa se encontraba en la posición de tener que reconocer la inexistencia de detección de fraude en las elecciones

Si la Corte decide la absolución, el caso queda desestimado. Si hay condena, se fija la pena y se procede a la ejecución de la prisión resultante de la condena penal. Las formas y condiciones del cumplimiento de la pena se definirán en la decisión de los ministros, dependiendo del tiempo de prisión fijado para cada persona.

Los jueces que llevarán a cabo el juzgamiento de Bolsonaro serán Alexander de Moraes, Flavio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lucía y Luiz Fux. Fuente del bolsonarismo ponen el ojo en esto porque advierten que tres de los cinco están relacionados con Lula y no garantizan la parcialidad. 

Dino fue ministro de Justicia de Lula en este gobierno, Zanin fue el abogado defensor en tiempos de Lava Jato y Moraes está directamente vinculado con la denuncia por haber sido presuntamente involucrado en el plan golpista y fue justamente quien empujó la condena que inhabilitó a Bolsonaro hasta 2030 por difundir mentiras del sistema electoral en una reunión con embajadores.  

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El derecho penal brasileño  prevé que los tribunales podrán ordenar medidas cautelares distintas de la prisión como restricciones temporales de derechos para proteger el proceso o prevenir nuevos delitos relacionados con el caso que se aplican de forma aislada o pueden combinarse. 

Entre las medidas intermedias aparecen la comparecencia periódica ante el tribunal, prohibición de acceso a determinados lugares y de mantener contacto con otras personas investigadas, prohibición de salir de la ciudad donde vive, confinamiento domiciliario durante la noche, destitución de un cargo público y monitoreo electrónico con pulsera de tobillo. De hecho, el propio Bolsonaro tiene retenido el pasaporte y pesa sobre su figura la prohibición de contacto con personas investigadas. 

La denuncia aparece en un contexto de caída de imagen de Lula que envalentona al bolsonarismo para presionar al Congreso con la aprobación de una amnistía o la reforma de la ley de Ficha Limpia que le permita competir en las elecciones. 

Fuentes de la investigación dan por hecho que la Corte aceptará la denuncia durante el primer cuatrimestre de este año y podría dictaminar condenas en el segundo semestre del 2025.