El Fiscal General, Paulo Gonet, denunció formalmente a Jair Bolsonaro y buena parte de sus funcionarios por el supuesto plan golpista contra Lula luego de las elecciones de octubre de 2022. 

Para la fiscalía brasileña, el ex presidente está acusado del del delito de intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal, que contemplan penas que pueden llegar a los 30 años de prisión efectiva.

La denuncia incluye a ex funcionarios de peso que cargan con prisión preventiva como el General Walter Souza Braga Netto o el ex asesor Filipe Martins, asegura que Bolsonaro "puso en práctica el plan de insurrección" y que el hecho habría ocurrido "mediante transmisión en vivo desde las instalaciones del Palacio de Planalto a través de internet".

"Las declaraciones públicas (de Bolsonaro) comenzaron a ser cada vez más agresivas, con ataques directos a los poderes fácticos, infundiendo sentimientos de indignación y rebelión en sus partidarios", enfatiza la denuncia.

El procurador Gonet decidió no incluir a Cerimedo y otros dos acusados en la elevación a juicio de la investigación, que ahora instruye el juez de la Corte Suprema, Alexander de Moraes y deberá resolver el máximo tribunal de Brasil.

Según Gonet, las acciones tenían como "objetivo hacer aceptable e incluso esperable el uso de la fuerza contra un resultado electoral en el que triunfó el oponente político más consistente".

Entre los excluidos de la causa está Fernando Cerimedo, estratega digital de Milei y ex asesor de Jair Bolsonaro durante su gobierno. El comunicador estaba incluido en la denuncia presentada por la Policía Federal por formar parte de las llamadas "milicias digitales" del bolsonarismo. 

Sin embargo, Gonet decidió no incluir a Cerimedo y otros dos acusados en la elevación a juicio de la investigación, que ahora instruye el juez de la Corte Suprema, Alexander de Moraes y deberá resolver el máximo tribunal de Brasil.