El Tribunal de Cuentas de Uruguay dio vía libre al Gobierno para que le entregue la licitación del puerto de Montevideo a a la multinacional belga, Katoen Natie, para la explotación del puerto de Uruguay hasta de 2081, tal como reveló LPO. 

En la rúbrica, el Estado le entrega el monopolio absoluto en el manejo de contenedores y el control reglamentario del propio puerto la empresa y para la oposición, esto mata a la competencia para favorecer a un privado.

Ahora, el Tribunal de Cuentas presentó un  segundo informe jurídico que aconsejaba no observar el acuerdo  y se abstuvo de iniciar un arbitraje millonario contra el Estado uruguayo e invertía en el Puerto de Montevideo una suma que oscila en 500 millones de dólares. Los belgas también se comprometieron a implementar rebajas en tarifas de hasta 30%.

Lacalle Pou suma otro escándalo con la entrega del puerto de Montevideo por más de medio siglo a una multinacional

La decisión del TC se aprobó por cuatro votos a favor y tres en contra. Los integrantes que apoyan la privatización son, casualmente, los designados por el oficialismo. De esta forma, la aprobación fue justificada en base al informe favorable del director y subdirector de Jurídica y del director del departamento a estudio del expediente sustentado en el antecedente de un decreto del año 1992, en el contexto de la creación de la Ley de Puertos, que sostenía que la terminal especializada debía tener prioridad sobre muelles públicos en la carga y descarga de los barcos portacontenedores. Antes de 1992, el Puerto era operado por el Estado a través de la Administración Nacional de Puertos pero la ley abrió la posibilidad de que privados comenzaran a realizar todos los servicios de carga y descarga.  

El Tribunal de Cuentas presentó un segundo informe jurídico que aconsejaba no observar el acuerdo y se abstuvo de iniciar un arbitraje millonario contra el Estado uruguayo e invertía en el Puerto de Montevideo una suma que oscila en 500 millones de dólares. La empresa belga también se comprometió a implementar rebajas en tarifas de hasta 30%.

El Senador Charles Carrera fue uno de los legisladores que tomó la posta opositora  cuando estalló la polémica y avanzó en la interpelación de los funcionarios implicados en la operación. En diálogo con LPO explicó que "la decisión del TC no la conocemos, tenemos información que ha trascendido en la prensa, donde cuatro ministros habrían votado el contrato con Katoen Natie sin observaciones y tres habrían disentido con la mayoría, entendiendo que hubo ilegalidades y por tanto, estarían para agregar una discordia a la Resolución. Este asunto viene desde hace meses. Según sabemos desde hace tiempo el TC viene debatiendo este asunto. Y en realidad, lo llamativo es que hace unas semanas se supo públicamente que se había elaborado un informe suscripto por dos abogados del TC que señalaban nueve ilegalidades al acuerdo". 

"Es decir, de un trabajo que llevó meses, la jurídica del TC entendió que lo que había hecho la ANP con el contrato con Katoen Natie tenía múltiples observaciones. Luego de que se elabora ese informe, trasciende públicamente la existencia otro que sustentaba la tesis contraria, que daba por válidos los argumentos de la empresa, pero al menos destacaba el hecho de que el Presidente de la ANP se había atribuido competencias del Directorio, informando directamente al Poder Ejecutivo", cuestionó el ex ministro del Interior.

Carreras considera que "se arrogan las competencias del directorio de la ANP que es el órgano que rige y toma las decisiones en el organismo que preside, es un hecho gravísimo que fue reconocido no solo por el primer informe sino también por el segundo, que no señalaba más irregularidades que esa. Ahora, lo más llamativo es la noticia de esta semana, donde aparentemente ni siquiera observó ese punto. Quedamos muy sorprendidos cuando nos enteramos que un expediente donde dos abogados señalaban nueve observaciones, haya salido finalmente sin ninguna observación por la voluntad de cuatro de sus miembros (tres de ellos designados por los partidos de la coalición de gobierno)". 

La verdad, es que quedamos muy sorprendidos cuando nos enteramos que un expediente donde dos abogados señalaban nueve observaciones, haya salido finalmente sin ninguna observación por la voluntad de cuatro de sus miembros (tres de ellos designados por los partidos de la coalición de gobierno)

"Sería apresurado sacar conclusiones, pero sería lamentable que el Tribunal de Cuentas que es el órgano que debe velar por la legalidad de los actos de gobierno, entre otras cosas, esté poniendo lo político por encima de lo jurídico", asegura.

En el Frente Amplio plantean que no hubo licitación sino una decisión arbitraria del gobierno que sin asesoramiento jurídico y económico y violando la normativa vigente de manera arbitraria, otorgó un nuevo contrato a Katoen Natie bajo un régimen de exclusividad, matando al resto de la competencia. 

"Hoy en día, además han tenido serios inconvenientes para llevarlo a la práctica, porque justamente la consecuencia de esta decisión arbitraria, más allá de ser ilegal, implica la pérdida de cientos de puestos de trabajo y eso lo saben. Pero como tomaron decisiones sin medir las consecuencias y ni siquiera analizaron seriamente el ordenamiento jurídico vigente, el gobierno se encuentra en una especie de callejón sin salida, asumiendo compromisos que ni siquiera pueden cumplir", reprochó el Senador frenteamplista. 

Charles Carrera advierte que "esto ya está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos. También veremos que decide el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que deberá resolver una acción de nulidad que presentó una empresa y el sindicato portuario". "De parte de los diputados del FA se inició un reclamo administrativo, por entender que no hubo participación política del Parlamento en todo este proceso, vulnerando la Constitución que exige mayorías especiales y estaremos a lo que se resuelva, sin descartar a futuro un reclamo en estrados internacionales", anticipó. 

Por último, el dirigente opositor asegura que habría resistencia civil porque "la entrega del negocio de los Contenedores a la empresa KNG, el año pasado hubo cientos de conflictos, que incluyeron paros y huelgas de los trabajadores. Ya hay cientos de trabajadores que han perdido y están perdiendo sus puestos laborales, o sea, cientos de familias perjudicadas. Pero además nuestro comercio exterior se ha visto fuertemente debilitado". 

"El año pasado con la pos pandemia hubo una explosión en el transporte mundial de contenedores. Y acá, por las pésimas decisiones que se tomaron, conformando este régimen de preferencia o monopolio a favor de KNG, la logística portuaria se vio fuertemente perjudicada. Hubo buques que no pudieron desembarcar y decidieron irse a otros puertos. En definitiva, más allá de la oposición política, existe un verdadero malestar generalizado de parte de los actores que operan en el Puerto de Montevideo", culminó.