El Tribunal de Cuentas de Uruguay dio vÃa libre al Gobierno para que le entregue la licitación del puerto de Montevideo a a la multinacional belga, Katoen Natie, para la explotación del puerto de Uruguay hasta de 2081, tal como reveló LPO.
En la rúbrica, el Estado le entrega el monopolio absoluto en el manejo de contenedores y el control reglamentario del propio puerto la empresa y para la oposición, esto mata a la competencia para favorecer a un privado.
Ahora, el Tribunal de Cuentas presentó un segundo informe jurÃdico que aconsejaba no observar el acuerdo y se abstuvo de iniciar un arbitraje millonario contra el Estado uruguayo e invertÃa en el Puerto de Montevideo una suma que oscila en 500 millones de dólares. Los belgas también se comprometieron a implementar rebajas en tarifas de hasta 30%.
La decisión del TC se aprobó por cuatro votos a favor y tres en contra. Los integrantes que apoyan la privatización son, casualmente, los designados por el oficialismo. De esta forma, la aprobación fue justificada en base al informe favorable del director y subdirector de JurÃdica y del director del departamento a estudio del expediente sustentado en el antecedente de un decreto del año 1992, en el contexto de la creación de la Ley de Puertos, que sostenÃa que la terminal especializada debÃa tener prioridad sobre muelles públicos en la carga y descarga de los barcos portacontenedores. Antes de 1992, el Puerto era operado por el Estado a través de la Administración Nacional de Puertos pero la ley abrió la posibilidad de que privados comenzaran a realizar todos los servicios de carga y descarga.
El Senador Charles Carrera fue uno de los legisladores que tomó la posta opositora cuando estalló la polémica y avanzó en la interpelación de los funcionarios implicados en la operación. En diálogo con LPO explicó que "la decisión del TC no la conocemos, tenemos información que ha trascendido en la prensa, donde cuatro ministros habrÃan votado el contrato con Katoen Natie sin observaciones y tres habrÃan disentido con la mayorÃa, entendiendo que hubo ilegalidades y por tanto, estarÃan para agregar una discordia a la Resolución. Este asunto viene desde hace meses. Según sabemos desde hace tiempo el TC viene debatiendo este asunto. Y en realidad, lo llamativo es que hace unas semanas se supo públicamente que se habÃa elaborado un informe suscripto por dos abogados del TC que señalaban nueve ilegalidades al acuerdo".
"Es decir, de un trabajo que llevó meses, la jurÃdica del TC entendió que lo que habÃa hecho la ANP con el contrato con Katoen Natie tenÃa múltiples observaciones. Luego de que se elabora ese informe, trasciende públicamente la existencia otro que sustentaba la tesis contraria, que daba por válidos los argumentos de la empresa, pero al menos destacaba el hecho de que el Presidente de la ANP se habÃa atribuido competencias del Directorio, informando directamente al Poder Ejecutivo", cuestionó el ex ministro del Interior.
Carreras considera que "se arrogan las competencias del directorio de la ANP que es el órgano que rige y toma las decisiones en el organismo que preside, es un hecho gravÃsimo que fue reconocido no solo por el primer informe sino también por el segundo, que no señalaba más irregularidades que esa. Ahora, lo más llamativo es la noticia de esta semana, donde aparentemente ni siquiera observó ese punto. Quedamos muy sorprendidos cuando nos enteramos que un expediente donde dos abogados señalaban nueve observaciones, haya salido finalmente sin ninguna observación por la voluntad de cuatro de sus miembros (tres de ellos designados por los partidos de la coalición de gobierno)".
"SerÃa apresurado sacar conclusiones, pero serÃa lamentable que el Tribunal de Cuentas que es el órgano que debe velar por la legalidad de los actos de gobierno, entre otras cosas, esté poniendo lo polÃtico por encima de lo jurÃdico", asegura.
En el Frente Amplio plantean que no hubo licitación sino una decisión arbitraria del gobierno que sin asesoramiento jurÃdico y económico y violando la normativa vigente de manera arbitraria, otorgó un nuevo contrato a Katoen Natie bajo un régimen de exclusividad, matando al resto de la competencia.
"Hoy en dÃa, además han tenido serios inconvenientes para llevarlo a la práctica, porque justamente la consecuencia de esta decisión arbitraria, más allá de ser ilegal, implica la pérdida de cientos de puestos de trabajo y eso lo saben. Pero como tomaron decisiones sin medir las consecuencias y ni siquiera analizaron seriamente el ordenamiento jurÃdico vigente, el gobierno se encuentra en una especie de callejón sin salida, asumiendo compromisos que ni siquiera pueden cumplir", reprochó el Senador frenteamplista.
Charles Carrera advierte que "esto ya está siendo investigado por la FiscalÃa de Delitos Económicos. También veremos que decide el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que deberá resolver una acción de nulidad que presentó una empresa y el sindicato portuario". "De parte de los diputados del FA se inició un reclamo administrativo, por entender que no hubo participación polÃtica del Parlamento en todo este proceso, vulnerando la Constitución que exige mayorÃas especiales y estaremos a lo que se resuelva, sin descartar a futuro un reclamo en estrados internacionales", anticipó.
Por último, el dirigente opositor asegura que habrÃa resistencia civil porque "la entrega del negocio de los Contenedores a la empresa KNG, el año pasado hubo cientos de conflictos, que incluyeron paros y huelgas de los trabajadores. Ya hay cientos de trabajadores que han perdido y están perdiendo sus puestos laborales, o sea, cientos de familias perjudicadas. Pero además nuestro comercio exterior se ha visto fuertemente debilitado".
"El año pasado con la pos pandemia hubo una explosión en el transporte mundial de contenedores. Y acá, por las pésimas decisiones que se tomaron, conformando este régimen de preferencia o monopolio a favor de KNG, la logÃstica portuaria se vio fuertemente perjudicada. Hubo buques que no pudieron desembarcar y decidieron irse a otros puertos. En definitiva, más allá de la oposición polÃtica, existe un verdadero malestar generalizado de parte de los actores que operan en el Puerto de Montevideo", culminó.
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El que gobirna tiene derecho a hacer lo que le parezca mientras no este infrgiendo la ley. El problema que tiene el FA es que luego que se de una concesión por 50 años, Cuando ellos lleguen al gobierno no la pueden voltear.
Es es la GRAN ventaja de los gobiernos liberales de derecha. Como no somos estatistas y fomentamos la competencia hacen acuerdos a largo plazo (vendemos la partia dirian los muchachos), que luego no pueden ser volteados por los gobiernos de izquierda.
Cuando gobierna la derecha tiene al menos 3 formas de ejercer poder sobre futuros gobiernos de izquierda. 1. La concesión a largo plazo de explotación de empresas públicas. B. Acuerdo de libre comercio y C. Perestamos del FMI (acaso Macri no ejerce poder sobre un gobierno nacpop cuando le pide plata al FMI??...y el estando cómodamente sentado mirando de afuera??)
En el caso de los acuerdo de libre comercio, eso es lo que se viene en el 23 (23 al 31 lo mas probable).
Las clausulas de escape para este tipo de acuerdo deben ser tan leoninas que a los zurdos ni siquiera se le pase por la mente voltear ningún acuerdo pactado por la derecha.
De a poco los gobiernos de izquierda tendrán que continuar mas lentamente, las políticas pautadas por la derecha. Como lo hacen mal, pierden popularidad y vuelve la derecha. en el transcurrir del tiempo esto los lleva a desaparecer. Es lo que se necesita o en su defeco una izquierda tipo chile que es mas de derecha que todas las derechas de Amerca salvo Boslonaro.