El gobierno está en una situación incómoda y delicada. Mientras la relación bilateral con Brasil se preserva únicamente por la buena relación entre sus cancilleres y el sentido de responsabilidad de Lula, el bolsonarismo presiona para que Milei formalice la protección de los prófugos condenados por intentar el golpe a Lula.

El pedido del clan Bolsonaro es claro: los casi 100 brasileños que se escaparon a nuestro país son perseguidos políticos que deben recibir ese estatus. 

La Corte Suprema de Brasil exigió a Elon Musk que abra las cuentas de Cerimedo por el intento de golpe a Lula

Una fuente cercana al entorno de Bolsonaro confirmó a LPO que empieza a crecer al malestar entre los amigos de Milei y uno de los abogados de los prófugos estará en Buenos Aires para reunirse con Diana Mondino o alguien de su equipo. 

"Estarán del 30 al 4 de septiembre para explicarle al gobierno detalles del procedimiento que están omitiendo pero no están logrando coordinar la reunión", afirma esta fuente muy cercana a la situación. 

Este importante dirigente que trabaja de cerca para lograr el asilo político apuna que "notamos que los abogados de CONARE tienen dificultades para comprender el procedimiento judicial que se desarrolla en el Supremo Tribunal Federal. Hago hincapié en que todo está mal. Piden recursos, pero no hay forma de apelar. Es el último recurso. Ojalá se pudiera explicar esto". 

Los especialistas legales que están próximos a llegar al país dicen tener los elementos legales para justificar que el procedimiento de la Corte brasileña está actuando fuera de la ley y tiene que ser justa para todos y no cumple los derechos y garantías de los ciudadanos. 

"Dirigentes del PT fueron detenidas en flagrancia prendiendo fuego dos ministerios públicos en 2016, fueron detenidos y luego liberados. En el caso de los sucesos de 2023, las puertas estaban abiertas y entraron sin forzarlo, esto sin dejar de penar a los que sí lo hicieron y a los que les corresponde una pena de 3 a 6 meses. Esta comparación sirve para medir la diferente vara con la que se condenó", insisten. 

Una fuente cercana al entorno de Bolsonaro confirmó a LPO que empieza a crecer al malestar entre los amigos de Milei y uno de los abogados de los prófugos estará en Buenos Aires para reunirse con Diana Mondino o alguien de su equipo.

Para esta fuente, lo del PT en 2016 fue más grave que la invasión a Planalto por el nivel de violencia y porque en ese momento había gente trabajando adentro. 

En cuanto a los inicios de los procesos de 2023 fue instaurado de oficio  y transferido a Alexander De Moraes, una decisión que en el bolsonarismo consideran "fuera del orden jurídico" porque es algo que corresponde al Ministerio Público Federal. "De Moraes innovó e hizo conexiones que no tienen nada que ver a los hechos", insisten. 

Pero el problema del gobierno argentino no es de comprensión legal del proceso sino de cálculo político. Un dilema que recorre la gestión de Javier Milei entre sus simpatías ideológicas y las responsabilidades institucionales.

Por este motivo, Mondino esquiva todo encuentro posible con el tema y deja a la Conare que cumpla con lo tiempos que considera necesarios para evaluar cada uno de los pedidos de asilo que se presentaron en los últimos meses, como reveló en exclusivo LPO. 

Otro dilema similar es el que está relacionado con la grave acusación contra Fernando Cerimedo, involucrado en la causa del intento de golpe contra Lula y por el que el mismo Alexander De Moraes pidió información a Elon Musk sobre el contenido de su cuenta por no cumplir con la ley brasileña. 

No se puede criminalizar a las personas por su pensamiento político o su religión. Lo que está haciendo De Moraes y ocurre en Brasil es dictatorial

Desde sus redes, Cerimedo suele caracterizar al gobierno de Brasil como un régimen que viola libertades, pero lo cierto es que la justicia lo considera una pieza clave en la causa del intento de golpe y, en paralelo, por haber formado parte del llamado "Gabinete del Odio" liderado por Carlos Bolsonaro que fue el motor de distribución de las noticias falsas durante todo el mandato de su padre. 

La ofensiva de la justicia brasileña contra los que estuvieron detrás del intento de golpe y difundieron noticias falsas contra el sistema electoral es total y amenaza con una condena ejemplar. Cabe recordar que el mismo Jair Bolsonaro fue inhabilitado para ser candidato, tiene retenido el pasaporte y podría ir a prisión por este tema. 

El gobierno quiere dormir la causa de los bolsonaristas prófugos 

El posicionamiento de Miei es muy importante. Si juega para el bolsonarismo, puede poner en riesgo el vínculo bilateral del que hoy depende la protección de la embajada argentina en Caracas y los 6 opositores perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro que se encuentran a resguardo. 

Lula no tiene inconvenientes que los prófugos cumplan su condena o sigan sus procesos en Argentina pero no permitiría que Milei les de cobijo. Ese fino y peligroso equilibrio está Diana Mondino que evita reunirse con los enviados de Bolsonaro. 

"No se puede criminalizar a las personas por su pensamiento político o su religión. Lo que está haciendo De Moraes y ocurre en Brasil es dictatorial", resumió la fuente. 

Telam