La Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley 21.325 que endurece la política migratoria y permite la expulsión de extranjeros.

 El proyecto  fortalece las competencias de la Subsecretaría del Interior en materia de seguridad pública y otorga nuevas facultades para ejecutar las expulsiones administrativas, ampliando los criterios para decretarlas. 

Con esta reforma, el subsecretario del Interior podrá disponer la expulsión de extranjeros no solo por razones de seguridad interior o exterior, sino también por motivos de orden público.

Asimismo, se establece que la Policía de Investigaciones (PDI) estará autorizada para ingresar a los domicilios de las personas sujetas a órdenes de expulsión, con el objetivo de materializar su aprehensión. Este procedimiento estará supervisado por la Corte de Apelaciones correspondiente, que velará por su legalidad.

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En cada ingreso, los funcionarios policiales deberán identificarse y procurar causar el menor daño y molestias posibles a los ocupantes. Además, se exigirá informar al afectado sobre la resolución que fundamenta su aprehensión.

El subsecretario del Interior, como nueva autoridad facultada para ordenar expulsiones por razones de orden público, tendrá un papel clave en la aplicación de esta normativa, que busca reforzar el orden y la seguridad en el país. 

La Policía de Investigaciones (PDI) estará autorizada para ingresar a los domicilios de las personas sujetas a órdenes de expulsión, con el objetivo de materializar su aprehensión.

Chile, con una población de 19,6 millones de personas, acoge a cerca de 1,6 millones migrantes, de los cuales casi un 33% son venezolanos, el principal grupo de extranjeros en el país. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un 6,6% de toda la población extranjera residente (107.223 personas) se encuentran en situación irregular, una cifra calculada con base en las prórrogas de turismo vencidas junto con los registros de informes policiales (denuncias y autodenuncias por ingresos irregulares) que no tienen registro de solicitudes de permisos de residencia.

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Para los chilenos, en las vísperas de un año electoral la inmigración se ha convertido en uno de los principales debates en los últimos cinco años debido a que ha aumentado de forma vertiginosa.

De acuerdo con un informe de la consultora Ipsos, un 47% de los chilenos siente preocupación por el control de la inmigración, lo que supera al promedio del 17% de los 29 países medidos por esta empresa, mientras que una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestra que seis de cada 10 consultados cree que la principal causa de la delincuencia es la inmigración irregular, aunque no hay evidencia de ello.