San Pablo fue epicentro de un feroz ataque de la Policía Militar en respuesta a la muerte de una integrante de la fuerza, en el que terminaron matando a 14 personas. La matanza abrió una severa crisis política y complica al gobernador bolsonarista Taricisio Gomes de Freitas, que lejos de retroceder presentó el operativo como un éxito.

El enfrentamiento entre policías y supuestos narcos se produjo en el barrio de Jabaquara en Guaruja, en la denominada Bajada Paulista, donde había sido atacado a tiros un móvil del Batallón de Acciones Especiales de la policía. Luego del ataque se desplegó la denominada "Operación Escudo" que terminó en una masacre.

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Pero el nivel de violencia de la respuesta policial pareció darle la razón a aquellos que sostienen que San Pablo se está convirtiendo en un nuevo escenario de milicias similares a las que el bolsonarismo desplegó en Río de Janeiro. "No hay que descartar la existencia de una mafia integrada por policías y militares que estén haciendo ajustes de cuentas y limpiando el territorio. Además, el puerto de Santos es el más grande de Brasil y es por donde pasa toda la droga que viaja a Europa. No es cualquier lugar", afirmó a LPO una fuente brasileña que conoce bien las zonas paulistas más calientes. 

La fuente agregó que en esa zona fueron arrestados integrantes de la mafia italiana y albanesa que tenían conexiones con el Primeiro Comando Capital, principal organización narco de Brasil, con operaciones en todo el continente. 

No hay que descartar la existencia de una mafia integrada por policías y militares que estén haciendo ajustes de cuentas y limpiando el territorio. La desproporcionalidad de los resultados, con 14 muertos, habla de una venganza.

Para tratar de entender que está pasando en San Pablo, LPO consultó a Francisco Thiago Rocha Vasconcelos, coordinador del laboratorio de Estudios de la Violencia y la Radicalización (Levir), de la Universidad de la Integración Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) de Ceará y asociado al Foro Brasileño de Seguridad Pública.

"La Operación Escudo en la Bajada Santista de San Pablo no convence como una acción efectiva de combate al crimen organizado dado que no hay evidencias, hasta el momento, de resultados en el sentido de investigar flujos financieros o desmantelar vínculos de sustentación política y protección. Afirmar que los excesos de la policía serán investigados al mismo tiempo en que se justifica la operación como legítima defensa policial es jugar a una ambigüedad que permite la continuidad de la violencia", señaló Vasconcelos.

El especialista planteó que "la desproporcionalidad de los resultados, con hasta el momento 14 muertos, demuestra que no se trata de legítima defensa sino de una operación de venganza que hace regresar la seguridad pública a la acción de cerco de territorios, donde habitan pobres, para cazar enemigos indeseables". 

Protestas de vecinos de Guarujá el gobernador Tarcisio Gómez.

La política parece haberse cruzado en el episodio. El gobierno de Lula viene de anunciar avances en la investigación por el asesinato de la concejal carioca Marielle Franco, asesinada supuestamente por milicias vinculadas a Bolsonaro, espacio que tiene sus propias internas.

El gobernador Taricisio Gomes aprovechó el impacto que generó la matanza de Guarujá para posicionarse en un momento de fuertes tensiones con el bolsonarismo. Al respecto, Rocha Vasconcelos, aseguró que "al contrario de la imagen que Tarsiciso quiere mostrar, la situación en San Pablo revela la falta de control sobre la cadena de mando de la Policía Militar, del cual depende para sus fines políticos electorales". 

"Al mismo tiempo, hay una tentativa de apropiación política de la operación para construir la imagen de Tarcisio como un líder nacional de linea dura contra el crimen", agregó.

El experto consideró que "el efecto de la operación parece aumentar la disposición para demostraciones de fuerza del mismo tipo, como pasa en Río Janeiro y Bahía". En efecto en este último estado del nordeste de Brasil también hubo hace pocos días una matanza policial.

Sobre la gestión de Lula en seguridad, Rocha explicó que "no es fácil determinar las causas de la variación de los índices de violencia en apenas seis meses, porque son fenómenos complejos que se relacionan con la dinámica de letalidad entre facciones en los diferentes mercados ilegales". 

Pero el especialista planteó que "Brasil convive con un legado histórico de acciones de seguridad pública sin continuidad entre los gobiernos, reformas interrumpidas, falta de articulación entre niveles de gobierno y políticas públicas de seguridad reducidas a contingencias  de crisis".

"El Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), aprobado durante el gobierno de Temer, aún no ha demostrado ser una estrategia efectiva. Las políticas de seguridad pública, salvo excepciones, se mantienen de acuerdo con la lógica tradicional de actuación de las corporaciones policiales en cada entidad federativa. Mientras tanto, se incrementó el incentivo para que el Estado se hiciera cargo de la seguridad pública, con la legitimación de las armas en manos de civiles. Una comprensión privatista de la resolución de conflictos que refleja la lógica de parte de una sociedad que convive con el dominio territorial de milicias y facciones y desconfía de la seguridad pública que ofrece el Estado", evaluó Vasconcelos.

Bolsonaro y el gobernador Tarcisio de Freitas.

AP

"La dinámica criminal se volvió más compleja. La expansión de las facciones por el territorio nacional y las intersecciones entre mercados legales e ilegales tornan imprescindibles la investigación y la represión de flujos financieros", opinó Vasconcelos.

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"Algunos gobernadores entienden que ante esta situación es necesario apelar al populismo penal como vía para recuperar la legitimidad. Pero en el medio de este escenario, el país fue sorprendido por masacres escolares por parte de adolescentes radicalizados en culturas virtuales de odio y extremismo violento que parecen tener tendencia a repetirse", alertó el especialista. 

Y concluyó: "El juego político de los últimos 10 años ha debilitado los procesos de diálogo entre las fuerzas del orden, la policía, la sociedad civil y las universidades, los cuales necesitan ser fortalecidos, ya que constituyen la base para una reforma en seguridad pública".