La Corte Suprema de Brasil está discutiendo las penas que le corresponden a los condenados por el intento de golpe de estado del 8 de enero de 2023. Según detalla Folha, la diferencia está si se aplica la máxima condena o penas más suaves. 

Alexander De Moares es relator de los 1600 proceso vinculados con el ataque a la sede de los tres poderes del estado y defiende la aplicaciones de las penas máximas. 

De los 11 ministros de la Corte Suprema,  Moraes tiene el apoyo de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Flávio Dino y Cármen Lúcia. Por el otro lado, Cristiano Zanin y Edson Fachin acompañaron a Moraes pero con reservas y proponen una pena intermedia de 15 años.

A su vez, Luís Roberto Barroso, André Mendonça y Kassio Nunes Marques presentaron votos diferentes en casi todos los procesos. Barroso señala divergencia parcial con Moraes y sostiene sobreseer la condena por el intento de abolición del Estado democrático de derecho, por entender que el caso configura el delito de golpe de Estado. 

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Esto reduciría la sentencia de 17 años a 11 años y seis meses. Mendonça y Nunes Marques son los más alineados a la posición de Bolsonaro, presidente que los designó en el máximo tribunal.  Este escenario de empate hace que los ojos estén sobre Luiz Fox, que en un primer momento pareció alienado con Moraes pero ahora se filtró que podría cambiar su voto.

Sin embargo, Fux no es de benevolencia en asuntos penales dado que se le considera uno de los miembros del sector punitivo de la Corte Suprema pero podría reabrir el debate sobre el principio de consumo, una regla que establece que una persona no puede ser condenada por un delito de medios si el objetivo final era un delito fin. 

De los 11 ministros de la Corte Suprema, Moraes tiene el apoyo de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Flávio Dino y Cármen Lúcia. Por el otro lado, Cristiano Zanin y Edson Fachin acompañaron a Moraes pero con reservas y proponen una pena intermedia de 15 años.

La defensa de los condenados argumenta que este principio debería impedir la condena por intentar abolir el estado democrático de derecho si el objetivo final de la turba era un golpe de Estado. 

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En paralelo, el Partido Liberal de Jair Bolsonaro, espera resolver el impasse en la tramitación del proyecto de ley que concede amnistía a los detenidos el 8 de enero el próximo jueves.

La fecha coincide con la reunión de líderes de la Cámara de Diputados, cuando el presidente de la Casa Hugo Motta deberá consultar a los representantes de las bancadas sobre el destino del texto.