Gabriel Boric dio un giro inesperado para su base social. Tras rechazar la militarización del gobierno de Sebastián Piñera para hacer frente a la violencia en la Araucanía en manos de un sector de la comunidad mapuche, ahora decidió declarar el estado de excepción en esa zona y reforzar la seguridad. 

La realidad lo pasó por encima.  Pasó de 305 hechos de violencia a más de 1700, un récord histórico que la ministra del Interior, Izkia Siches dijo que "nos duele, preocupa y creemos que no solo lo podemos resolver como Gobierno, [sino que] lo necesitamos resolver como Estado". 

La ministra encargada de la seguridad pública del país y la relación con las comunidades originarias fue quien anunció la medida y sostuvo: "Nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo. Por ello es que no hemos desdibujado nuestra agenda a largo plazo de trabajar en medidas de fondo para la restitución territorial, demandas indígenas como perseguir la delincuencia, el narcotráfico, robo de madera y delitos que ocurren en el territorio".

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"Jamás esperamos que las Fuerzas Armadas ingresen a las comunidades. Ni que se hagan cargo de ninguno de los problemas de fondo que hay en La Araucanía y Biobío. No son para ello y ellos tampoco esperan tener enfrentamientos con civiles", agregó. 

Nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo. Por ello es que no hemos desdibujado nuestra agenda a largo plazo de trabajar en medidas de fondo para la restitución territorial, demandas indígenas como perseguir la delincuencia, el narcotráfico, robo de madera y delitos que ocurren en el territorio

Siches reconoció que en el fondo no apoyan el Estado de Excepción: "Nadie quiere a los militares en la zona. El gobierno tampoco los quiere. Es un consenso dentro de nuestro gobierno. Nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para resguardar el control del orden público y de los civiles, pero entendemos que son elementos necesarios".

"Nuestro gobierno no quiere un enfrentamiento, no quiere muerte de civiles, no quiere ser el gobierno en que un militar mata a un comunero", insistió.

Izkia Siches durante el anuncio del estado de excepción. 

La respuesta de los mapuches no tardó en llegar. En una entrevista a La Tercera, Víctor Queipul, lonko de Temucuicui y líder de una de las fracciones de esta comunidad emplazada en Ercilla lanzó una advertencia: "Nos vamos a defender. Sacando a los militares a la calle lo que ha hecho Boric es declararles la guerra a los mapuches". "Esto va a traer consecuencias, y puede ser peor. Por eso llamo al pueblo a tomar posición en el territorio y a defendernos", añadió.

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En diálogo con LPO, el periodista de El Mercurio Gabriel Pardo, dijo que "el gobierno del Presidente Boric buscó evitar en un principio declarar Estado de Excepción de Emergencia. Para ello intentó generar una reforma constitucional que creaba un "estado intermedio", pero al requerir alto quórum, de 3/5 en el Congreso, sumado a la falta de apoyo en parlamentarios de su propio sector, debió dejarlo atrás. Es claro que la falta de mayoría en ambas càmaras está incidiendo en sus decisiones. Por otro lado, la demanda de seguridad en una zona de alta conflictividad como es La Araucanía también influyó. Eso le trajo costos en sectores de izquierda y de pueblos originarios, quienes criticaron que "se militarizara" la zona". 

Boric intentó generar una reforma constitucional que creaba un "estado intermedio", pero al requerir alto quórum, de 3/5 en el Congreso, sumado a la falta de apoyo en parlamentarios de su propio sector, debió dejarlo atrás. Es claro que la falta de mayoría en ambas càmaras está incidiendo en sus decisiones

Pardo destaca el costo interno que paga el Gobierno con esta medida y remarca que "representantes de pueblos originarios y sectores de izquierda le han criticado al gobierno que está actuando igual que Piñera, al impulsar la misma medida. Desde el Partido Comunista han llamado a que sea una medida acotada y que no afecte a las comunidades mapuches".

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 "En los hechos, Boric había señalado durante su campaña y tras ser electo que no renovaría el estado de emergencia en la llamada "macrozona sur", al considerar que lo que se vivía ahí era un conflicto histórico entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, lo que requería otras herramientas. Es por ello que la determinación le ha generado costos en su propio sector", agregó.

Fuentes del Gobierno consultadas por LPO reconocen que la estrategia de institucionalizar la relación con la comunidad mapuche a través de la Convención Constituyente es insuficiente dado que los sectores radicalizados no están dispuestos a formar parte del nuevo Estado y buscan salidas violentas e insurreccionales. "No nos dejan opción", lamentan.