Amnistía Internacional cruzó duramente a Alberto Fernández tras su decisión de normalizar la relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Como relevó LPO, se trata de una medida que cuenta con el aval del gobierno de Estados Unidos en la que el Presidente busca ubicar a todos los países de la Celac. 

Sin embargo, el organismo de Derechos Humanos envió una carta en donde "observa con preocupación sus declaraciones sobre Venezuela". Alberto había dicho que "muchos de los problemas de ese país se han ido disipando con el tiempo" pero la misiva destaca que desde hace años viene documentando y denunciando la crisis y "las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, advirtiendo que los crímenes de derecho internacional, incluidas las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza han sido sistemáticas y generalizadas, por lo que podrían constituir crímenes de lesa humanidad".

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Además, recordó que la emergencia humanitaria compleja y la falta de acceso a derechos económicos y sociales para la gran mayoría de la población ha hecho que al menos 6 millones de personas hayan huido de Venezuela. Asimismo, "la política de represión continúa, y existen mínimos avances para luchar contra la impunidad de manera adecuada".

"Afirmar que los problemas en Venezuela están mermando es un grave diagnóstico para los derechos humanos. Argentina, en sus esfuerzos de apoyar una salida democrática de la crisis en ese país, debe tener presente la realidad que se vive bajo el gobierno de Nicolás Maduro y, en tanto autoridad que preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), tiene que liderar el camino para la región", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. 

Afirmar que los problemas en Venezuela están mermando es un grave diagnóstico para los derechos humanos

Según los últimos datos de ACNUR, hay más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo; más de 950.000 solicitantes de asilo de Venezuela en el mundo, alrededor de 7 millones de personas cuentan con diversos permisos de estadía en las Américas y más de 186.800 refugiados reconocidos procedentes de dicho país.

En 2021, Amnistía Internacional observó una escalada de la política represiva del gobierno: las personas defensoras de los derechos humanos y las y los trabajadores humanitarios fueron objeto de detenciones arbitrarias por motivos políticos.

Alberto se basa en los informes de Michele Bachelet en la ONU y la luz verde que viene desde Washington para dar un paso que lo puede depositar como mediador de los conflictos regionales.