En su libro Por qué fracasó la democracia en España, Emanuel Rodríguez López detalla como las élites de ese país fueron angostando el sendero democrático que permitirían transitar a los movimientos sociales, a las centrales de trabajadores y al electorado desde el mismo momento en que muere el dictador Francisco Franco en noviembre de 1975.

Lo que el libro evita mencionar es que ese angostamiento, esas limitaciones bien concretas, como por ejemplo nunca consultar a los españoles si apoyaban o no la restauración de la monarquía, fueron convalidadas a través del bipartidismo PSOE/PP una y otra vez hasta el día de hoy, cincuenta años después.

Por élite entendemos un grupo pequeño, cerrado, privilegiado y por fuera de la legitimidad electoral que ejerce fuerte influencia sobre los destinos de un país. Algunos ejemplos: el ejército, la diplomacia, el episcopado, los jueces de la Corte y jueces federales, los dueños de los multimedios y sus periodistas estrella, los sindicalistas gerentes de las obras sociales, los intelectuales y, por supuesto, los distintos grupos empresariales, a veces aliados entre sí, a veces enfrentados.

Hay consenso entre los historiadores que Argentina nace antielistista. Por haber sido por dos siglos la periferia de la periferia del imperio español, por la ausencia de títulos nobiliarios en la colonia rioplatense, por la escasa cantidad de mano de obra indígena en comparación con México y Perú, por la ausencia de plantaciones y por lo tanto de masiva mano de obra esclava negra en contraposición a Brasil, por una revolución que tuvo que apelar a un fuerte igualitarismo para convocar y para abrirse camino, por las sucesivas guerras que a lo largo de medio siglo rompieron estructuras y expandieron al estado confiscador y por la mayor ola de inmigrantes del planeta en términos relativos y comparativos de la edad contemporánea. Esos inmigrantes tarde o temprano impondrían su mayoría en la idiosincrasia nacional y, crucialmente, en las elecciones.

Los inicios de las provincias unidas fueron de revolución, guerra y creciente anarquía hasta que una nueva élite toma a la provincia de Buenos Aires por el mango: los ganaderos de la campaña bonaerense representados por Juan Manuel de Rosas. Podemos afirmar que los diferentes grupos agroexportadores fueron sectores minoritarios y poderosísimos que controlaron los destinos de Argentina por al menos un siglo. Ni la caída de Rosas ni el ascenso del radicalismo cambiaron ese hecho ya que facciones de ese mismo grupo tomaron la posta.

Las primeras nubes aparecieron en el horizonte cuando esa élite ya no pudo garantizar el crecimiento al que Argentina estaba acostumbrada, con breves interrupciones, desde la creación del virreinato. La aparición de la palabra "oligarquía" en el diario del establishment La Prensa fue una luz amarilla y, décadas después, una medida inédita: las juntas de granos que decidirían el precio de la producción agropecuaria en la década de 1930.

En junio de 1943 llegó el golpe y un cambio casi total. Otra élite reemplazaría por cincuenta años a los grupos agroexportadores como el sector minoritario que, por fuera de la legitimidad electoral y a los tumbos, decidió más que ningún otro actor hasta 1983 para donde iría el país; el ejército.

Hoy ambos sectores se encuentran corridos del escenario. El ejército directamente en el subsuelo: sus sueldos manoseados, sus inmuebles rematados y su voz nula incluso para impedir que bases extranjeras, como la construida en Neuquén, se instalen dentro del territorio nacional.

El campo consigue pulsear mejor porque los diferentes gobiernos, al gastarse las reservas del Banco Central, se ven obligados a ceder. Pero, aun así, la captura por parte del estado de entre un cuarto y un tercio de su renta bruta a través de las retenciones es la mejor prueba de que el enorme poder que los agroexportadores acumulaban antes de 1943 se fue para no volver.

El ascenso del electorado

¿Qué reemplazó a estas dos élites cuando su poder se licuó? Ningún sector minoritario con esa misma intensidad.

La situación más común en casi cualquier país democrático es que las élites, sean los grandes exportadores, los egresados de la École nationale d´administration en el caso de Francia o los tecnócratas del bipartidismo australiano, proponen un camino detallado y el electorado evalúa. Hay instancias de fricción y negociación entre élites y opinión pública/votantes. Hoy día, en el primer mundo, esta fricción podemos percibirla entre sectores minoritarios lúcidos que entienden sus países necesitan inmigrantes y el electorado que rechaza esa dirección cada vez con más asertividad.

En Argentina esta dinámica es distinta. A partir del hundimiento del poder de las fuerzas armadas por la derrota en una guerra, diferentes grupos empresariales fueron los grandes candidatos a tomar la posta como la minoría que fijaría un rumbo que el electorado evaluaría. Pero la situación argentina tan única de haber desactivado tanto el poder de los exportadores como la gravitación del ejército sólo aumentó las sospechas en ese empresariado sobre qué le sucedería si ocupaba ese mismo lugar por largo tiempo. Además, esos empresarios nunca contaron ni cuentan con los recursos económicos del enorme complejo agroexportador ni con las herramientas de los militares.

Diferentes gobiernos intentaron recrear una élite con hombres de negocios que acompañen a fijar un rumbo. Ya sea los llamados capitanes de la industria en los ochenta o la nueva burguesía nacional fomentada por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Todo terminó en aprovechamientos de la influencia concedida: ya sea al comprar baratas las empresas del estado o con licuaciones de deuda que fueron costeadas por los ahorristas -y por el mismo estado- o directamente regulaciones a medida como las que sigue obteniendo el grupo clarín.

El nuevo centro del sistema solar argentino sería el electorado y por décadas su mejor representante: el peronismo. Cuando se reitera la pregunta de por qué otros países de la región consiguieron macroeconomías estables y Argentina no, una respuesta posible es que más allá de que sus electorados hayan aprendido las lecciones de cada crisis o no, sus élites seguro sí lo hicieron. Y actuaron en consecuencia.

En Argentina la clave es que el electorado sea convencido de forma profunda. Importante resaltar ese punto: un convencimiento que llegue al hueso. Nada reemplazará esa acción. Apostar por una resignación masiva y larga de los argentinos que simplemente dejarán que élites sin legitimidad hagan lo que les plazca encontrará su límite bien pronto dentro de la idiosincrasia nacional. El ausentismo electoral puede subir o bajar, lo que es seguro es no se permitirá que un sector minoritario actúe como le venga en gana por largo tiempo.

Más participación, no menos

Crece entre grupos políticos e intelectuales de Buenos Aires, la metrópoli cuya apuesta por el viejo bipartidismo PJ/PRO fue inapelablemente derrotada en las elecciones de 2023 y de 2025, la convicción de que se necesita menos participación del electorado para darle tiempo al gobierno de turno a hacer los duros ajustes. Es decir, eliminar la elección legislativa de medio término.

Esa opción generará el efecto opuesto al esperado. Ante la lejanía de las elecciones, los votantes tendrán más tiempo para desentenderse de lo que ellos mismos decidieron. Cada dos años, los argentinos debemos reflexionar sobre nuestra votación anterior. Esa importantísima instancia de reflexión se anularía porque en vez de comprometer al electorado se lo ignoraría.

Provincias que no tienen renovación parcial de sus legislaturas están lejos de ser estables o casos exitosos de progreso como Tucumán, Santa Cruz o Tierra del Fuego.

La faceta más negativa será que la opinión pública encontrará canales menos democráticos para expresarse. Es decir, el poder pasaría de la legalidad y legitimidad de las urnas a la dudosa legitimidad de la calle. Aumentaría el poder de la CGT o de lockouts patronales o de movimientos piqueteros o de cualquier minoría de derecha o de izquierda que convoque manifestaciones de decenas de miles de personas. Provocar caos en nombre de una supuesta mayoría silenciosa, que ya no tendría la herramienta del voto en la mitad del mandato para expresarse, cotizará alto.

También puede ocurrir que un gobernador de la provincia de Buenos Aires haga lo que ya hizo el actual y llame a elecciones en su distrito aún si se eliminan los comicios nacionales. Inevitablemente, como siempre sucedió, sucede y seguirá sucediendo, esas elecciones se nacionalizarán. Gobernadores del interior también podrían acordar llamar a elecciones para renovación de sus legislaturas todos en la misma fecha con el mismo fin: obligar a la casa rosada a jugar en su cancha. De nuevo, se le permitiría a una minoría, ya sean los bonaerenses o electorados puntuales del interior, expresarse en nombre del conjunto del país.

Si las diferentes administraciones agotan los dólares de las reservas del Banco Central antes de las elecciones de medio término eso está lejos de ser responsabilidad de los votantes. Como cualquier otro desmanejo financiero.

Plebiscitos

Si el presidente Milei pudo llevar adelante un ajuste del cinco por ciento del PBI en 2024 es porque los ciudadanos tuvieron bien claro lo que habían votado en 2023. Si Argentina pudo llegar a una paz duradera con Chile es porque los votantes fueron consultados en noviembre de 1984. Por ese plebiscito es que el gobierno siguiente de Carlos Menem se animó a ir aún más lejos en la clausura de los conflictos limítrofes. Si hoy día los libertarios no llaman a consulta popular para arancelar las universidades es por la seguridad de que serán derrotados.

El electorado debe ser consultado más, no menos. En las provincias que se debate habilitar o no la minería a cielo abierto la única manera de que las multinacionales confíen y hundan sus inversiones por décadas es con una aceptación explícita de los mendocinos, de los chubutenses, de los rionegrinos. No sólo de algunas ciudades o pueblos, sino de la provincia completa. Si alguno de esos electorados expresa con claridad que rechaza la minería que utiliza cianuro y gigantescas cantidades de agua entonces el debate se cierra y una de las interminables catarsis de las élites argentinas también.

Al menos dos reformas estructurales también deben pasar por las urnas: la jubilatoria y la laboral. Lo que sucede es que esas reformas deben ser diseñadas de forma tal que marquen un punto óptimo de equilibrio entre los intereses de empresarios, de trabajadores, del estado y de los próximos jubilados. Si se diseñan cambios de fondo buscando la aprobación sólo del empresariado, o peor, fuera de nuestras fronteras, fracasarán y serán revertidas por gobiernos subsiguientes. En otras palabras, esas reformas durarán poco y nada si lo que opinan la Asociación Empresaria Argentina o Blackrock o la embajada china es más determinante que lo que los mismos argentinos consideran cambios con coherencia y sentido común.

La creencia de que los votantes sólo aprobarán cambios demagógicos y dañinos para la macroeconomía choca de frente con el hecho de que este mismo electorado votó una motosierra del cinco por ciento del PBI, la apoyó ampliamente en encuestas y volvió a sostenerla en las elecciones legislativas de 2025, a pesar del sufrimiento. Evitemos también pasar por alto que la derecha liberal es el sector con mayor crecimiento electoral desde la restauración democrática, hoy con igual caudal de votos que el peronismo.

La caída en la participación electoral tiene diferentes explicaciones, pero la menos explorada es que las mismas personas de a pie toman conciencia del poder que tienen y muchos de ellos prefieren evitar usarlo ante las fuertes e inmediatas consecuencias de sus decisiones. Esa es una diferencia con cualquier otro país donde grupos minoritarios logran neutralizar las dinámicas más radicales de los resultados electorales.

Convencer, no sustituir al votante

La promesa de 1810 de cada vez mayor participación popular es una realidad. La promesa de 1853 de república verdadera fue concretada. Los sectores humildes fueron incorporados al juego electoral con el primer peronismo, el mismo que clausuró el fraude. La promesa de 1983 de democracia duradera sin proscripciones es también una realidad.

Explotemos las ventajas de que el electorado argentino se pone cada vez más al hombro lo que decide. También que le es cada vez más irreal culpar a agentes externos de las dificultades para abandonar el estancamiento. Esas acciones son más productivas que llorar las consecuencias de que la gente vote o de malgastar tiempo especulando con reformas constitucionales que sabemos no se concretarán.

Como país desactivamos una élite tras otra. Hoy ninguna cuenta con suficiente respeto para dirigir a los cuarenta y siete millones de argentinos. El único sendero que nos queda es, exclusivamente desde la dirigencia política, convencer de forma perdurable a cada elector de un proyecto ambicioso para el país y de aceptar sus sacrificios. Después llevarlo a las urnas a través de plebiscitos para las cuestiones clave.

Es una apuesta poco explorada, incierta pero absolutamente argentina. Allí reside buena parte de la fortaleza y del futuro de uno de los países más democráticos del globo.