En un libro ya clásico sobre la relación entre delito y mercado, el italiano Vincenzo Ruggiero hablaba del espacio de la economía oculta, donde criminales profesionales y pequeños empresarios no criminales conviven. El principal desplazamiento es que los primeros invierten en actividades no criminales gracias a la garantía de la economía oculta.

Hay una parva de casos de criminales profesionales que se encuentran con asesores e ingresan en el campo lícito. Hay gente que puede tener ingresos legales pero no como para tener posesiones cuantiosas, las que de repente le aparecen. Y que de la noche a la mañana no para de hacer negocios, se transforma en influyente, se rodea de círculos de poder real y se llena de dinero, sin que el origen de su solvencia quede explicado.

Desde julio pasado el ex director regional en Santa Fe y en Rosario de la hoy ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) camina por una cornisa. Prestó un servicio para sacar de aprietos a un hombre poderoso, un ex presidente de Vicentin SA, al que le habían encontrado un depósito de 250 mil dólares en una caja de seguridad. Para que este directivo pudiera justificar el director del ARCA Rosario apareció con una escritura señalando que esos dólares eran suyos.

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Después se estableció que lo trató de demostrar con una escritura falsa. Fiscales federales empezaron a mirarle el teléfono celular. Aún están perplejos por lo que encontraron. Carlos Vaudagna, durante dos décadas en cargos jerárquicos de la ex AFIP, se encarga de asesorar a contribuyentes para ocultar activos, cuando su trabajo es controlar precisamente que eso no ocurra. Detectan que actúa como contador, asesor financiero o gerenciador de múltiples empresas privadas. Para facturarles a esos clientes compra mutuales. Asesora a un sindicalista para que saque dinero del país y lo coloque en cuentas offshore. Adquiere dos empresas lácteas, centenares de hectáreas en Chaco, desarrollos inmobiliarios privados. Como un instructivo para quienes lo investigan, todo lo que hace lo deja explicado en los mensajes de su teléfono.

La conducta de Vaudagna abre una puerta para analizar los modos complejos en que se maneja el poder real. No se trata, como decía Ruggiero, de la convivencia de criminales profesionales y pequeños empresarios no criminales. En realidad es la estructura legal estatal asistiendo a personas jurídicas también legales para delinquir.

Es algo lleno de sentido que eso, en Rosario, ha ocurrido de modo regular. Está escrito y detallado cómo, por ejemplo, la Justicia Federal que tenía el poder persecutorio contra el narcotráfico durante 20 años ignoró la actividad de las bandas que desde 2013 bañaron de sangre la ciudad. Las omisiones sobre los grandes actores del negocio que florecían con ganancias a la vista fueron asombrosas y jamás esta institución dio la mínima explicación. Ahora hay un juez federal al que en el Consejo de la Magistratura le piden responder por negar medidas vitales para perseguir hace una década a Esteban Alvarado, un líder criminal tardíamente condenado por narcotráfico. Pero sería algo cómico, sino trágico, que se utilice una posible sanción individual para enjuagar responsabilidades colectivas.

La conducta de Vaudagna abre una puerta para analizar los modos complejos en que se maneja el poder real. No se trata, como decía Ruggiero, de la convivencia de criminales profesionales y pequeños empresarios no criminales. En realidad es la estructura legal estatal asistiendo a personas jurídicas también legales para delinquir.

En esa misma Rosario donde la Justicia Federal dejó crecer este fenómeno complejo sin meterse hubo durante seis años un funcionario superior de la ex AFIP que, según la investigación preliminar de los fiscales, les decía a los directivos de la mutual que había comprado cómo se debía asesorar a los empresarios "pasados de gastos", cómo triangular dinero para sacarlo del país, cómo adquirir mediante testaferros empresas o bienes para diversificarlos.

En general desde el poder real siempre se presentan estos hechos como incidentes que rompen una regularidad. Pero tienen un carácter sistémico más que eventual. El capitalismo actual es concentrado y para gestionar sus ganancias requiere de manera estructural, no episódica, del concurso estatal.

LPOJuan Casas

Más que centrar todo en un nombre propio, como el jefe de la AFIP Rosario, lo que conviene enfocar es que el intercambio corrupto tiene un inmenso poder tutelar y repetido desde el mismo Estado. El poder real de los que toman las decisiones se desconoce pero aparecen siempre en ámbitos privilegiados para producir beneficios regulares y múltiples.

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El actual jefe de la DGI, Andrés Vazquez, tiene un entramado de sociedades en el exterior por las que compró tres propiedades en Miami por más de dos millones de dólares nunca registradas en su declaración jurada ante la oficina anticorrupción. El ahora destituido senador justicialista Edgardo Kueider, que aportó el voto decisivo para que el gobierno obtuviera la Ley Bases, fue detenido junto a su secretaria ingresando 211 mil dólares que no pueden justificar a Paraguay. El jefe del bloque del PRO de diputados Cristian Ritondo tiene a su esposa como beneficiaria de una trama de sociedades offshore en Florida para comprar propiedades en Estados Unidos por valor de 2.600.000 dólares. En las últimas declaraciones juradas de Ritondo no hay mención a participación en las sociedades offshore de su mujer.

Multimillonarios que pagan pocos impuestos o se van a vivir a Uruguay para no hacerlo deterioran la calidad de las prestaciones. Personas solventes que no tributan y que para gambetear el control fiscal a veces son asistidas por figuras jerárquicas del Estado.

Vaudagna, Kueider, Vázquez y Ritondo tienen algo en común: ocupan roles centrales en la estructura del Estado para garantizar la legalidad. El año pasado fue viral una entrevista en la que Emanuel Alvarez Agis, ex viceministro de Economía y actual consultor de empresas, refería una paradoja dominante y nociva, que consiste en pedirle al Estado cada vez más formas de asistencia, al mismo tiempo que privarlo de recursos con una práctica legitimada en sectores inscriptos en la legalidad, que es la evasión estructural. Multimillonarios que pagan pocos impuestos o se van a vivir a Uruguay para no hacerlo deterioran la calidad de las prestaciones. Personas solventes que no tributan y que para gambetear el control fiscal a veces son asistidas por figuras jerárquicas del Estado.

Ruggiero ponía su análisis en una particular relación, la de las sociedades que armaban actores que habitan la economía oficial e individuos implicados en empresas criminales. Afianzada en su reiteración, constatada en sus prácticas, lo que se consolida como hecho permanente es el entramado vincular entre individuos que están de lleno en la legalidad: personas con alta jerarquía estatal y empresas legales se unen para hacer prácticas delictivas.

Con un adiestramiento de veinte años en sus cargos, el jefe de la AFIP Rosario les asegura servicios idóneos a personas jurídicas inscriptas para sus excesos, un diputado multimillonario con bienes en ultramar pide la Ficha Limpia, un senador súbitamente díscolo se enriquece al votar la ley de sus adversarios y un jefe de la DGI se arma un patrimonio sin declararlo como pide ese organismo. Todos hechos conocidos en algo más de un mes. "Las actividades legales e ilegales se entremezclan gracias a la captación del ámbito informal llevada a cabo por el formal", decía Ruggiero, sobre los proveedores estatales que son proveedores de servicios y los criminales. La novedad en este segmento privilegiado no hay tal captación. Todos los que hacen cosas que apestan son formales, representan la vereda de la ley y están en blanco.