Hay dos ejes casi excluyentes en la construcción apelativa del discurso de Maximiliano Pullaro. Uno que apunta a la economía es el de la obra pública. El otro relativo a la vida civil de la población es el de la seguridad. En cualquier enunciación hay contradicciones. La inversión en obra pública del gobierno santafesino es fuerte, verificable y apunta al despliegue productivo. Algo distinto del gobierno nacional al que Pullaro sin embargo elige repetidamente como espacio aliado.

El discurso de seguridad pública que tiene como logro haber bajado marcadamente los índices de violencia lesiva que distinguieron durante 15 años especialmente a Rosario, la mayor ciudad de la provincia, hace un contraste permanente de este tiempo con el pasado. Es comprensible porque no solamente los números sino también en la atmósfera de la vida pública en los últimos dos años se vivió una transformación notoria.

Pullaro celebra una baja inédita de homicidios en Santa Fe y que la violencia en Rosario desacelera

En el aspecto de la seguridad hay un nudo enunciado por Pullaro, primero en la campaña y marcadamente en el ejercicio del mandato, que apunta a desterrar, minimizar o posponer todo el sistema de garantías en la persecución del delito. El gobernador y sus colaboradores tienen el diagnóstico de que la violencia que llevó a Rosario a duplicar sus homicidios y balaceras a partir de 2013 se acrecentó por los derechos concedidos de manera equivocada a personas acusadas de delitos o en ejecución de las condenas recibidas. A tal punto que el año pasado, cuando en Santa Fe sesionaba la Convención Constituyente, Pullaro decía que su pretensión era gestar "la Constitución más antigarantista posible".

Esto, que es una contradicción sustantiva, en realidad no podría haber ocurrido. Y no ocurrió. Una Constitución es fundamentalmente un medio normativo que sirve para otorgar obligaciones, derechos, pero también para fijar límites. Que no solamente son a las conductas de los ciudadanos para la cual rige sino también, muy fundamentalmente, a los poderes del Estado. Porque a la coacción legítima que ejerce el Estado hay que imponerles freno. De otro modo desde el Estado, donde se ejerce un poder concreto y real, habría carta blanca para cualquier desmesura promovida, precisamente, desde esa fuerza. La fuerza del Leviatán.

Pullaro entendió desde antes de entrar en el gobierno que para recuperar un control en el espacio público que se había perdido y dominar el delito debería generar confianza y legitimación hacia las fuerzas de seguridad. En particular la mayor de la provincia que es la Policía de Santa Fe. Si hubo algo coherente desde el arranque fue generar hacia la policía una idea manifiesta de respaldo y abrazo. En su discurso inaugural ante la Legislatura, Maximiliano Pullaro se ocupó de plantearle a la policía de Santa Fe que en un contexto de inseguridad feroz le daría un respaldo manifiesto. Les dijo a los 20 mil efectivos que un uniformado tenía un arma en la cintura para usarla y que impulsaría el juicio por jurados para que fueran ciudadanos comunes los que definieran la suerte de efectivos juzgados.

Cumplió con creces. Su primer gran gesto fue impulsar una acción para revocar la sentencia a un policía dos veces condenado, las dos por tribunales de tres miembros por unanimidad, a un policía acusado de haber matado en un enfrentamiento a dos delincuentes que ya estaban neutralizados. Fue un debate duro. Pullaro logró que se revisara esta sentencia y el policía, Luciano Nocelli, terminara absuelto.

Pullaro logró el fallo que esperaba para dar un mensaje clave de su política hacia la policía

Luego promovió y sacó el juicio por jurados de ciudadanos para algunos eventos delictivos entre ellos los cometidos por policías. Con la confianza de que un jurado civil sería siempre más comprensivo y tolerante con efectivos acusados de violencia ilegítima en el ejercicio de sus funciones.

Desde esa primera etapa quedó muy en evidencia en el discurso del gobierno una distinción muy fuerte en la consideración oficial respecto de los delitos. No ya por cómo fueran los actos, sino por quién los cometiera.

El planteo antigarantista tenía que ver muy notoriamente con los delitos de civiles. Los jueces de Santa Fe, que por abrumadora mayoría no dicen una palabra, en sus actos funcionales parecían muy de acuerdo. En Santa Fe ya no se habilitan hábeas corpus, no se conceden los beneficios previstos normativamente en la ejecución de las penas, tal como quiere el gobierno. Aquí hay una reivindicación manifiesta que, de una manera muy discutible, equipara la mayor eficacia en la seguridad pública con la restricción de garantías. Que a menudo es la negación de derechos que existen.

Pero cuando el acusado de un delito es un policía el volantazo es de 180 grados. De manera repentina es el gobierno el que no solamente reivindica garantismo. También le pide a la ciudadanía que tenga una posición en ese sentido cuando en otros casos predica lo contrario. Todos los postulados democráticos de racionalidad, congruencia, equidad y prudencia de los que rutinariamente se aparta, en estos casos los demanda.

Hace dos semanas un fiscal imputó a seis policías de la ciudad de Santa Fe de someter a apremios ilegales a un detenido, un hombre con problemas de salud mental denunciado por un incidente en la calle, hasta su muerte. La jueza que intervino en el caso ratificó la imputación contra cuatro de ellos y los dejó presos. La figura penal fue tortura seguida de muerte.

Santa Fe: Imputan a 6 policías por la muerte de un preso y el gobierno objeta al fiscal

Pero el gobierno santafesino salió a matizar lo ocurrido. Recordó que en dos casos recientes policías acusados de delitos semejantes terminaron absueltos en juicio. Y que una acusación precipitada les había generado descrédito a la vez que tronchado sus carreras policiales. Por eso tanto Pullaro como el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, pidieron prudencia.

Esa sola acción implica un principio de selectividad que no hay con nadie más. Porque una imputación siempre afecta la reputación y la estabilidad de quien la recibe. Pero esto solo se esgrime en el caso de los policías. Una distinción que se torna más marcada cuando el Poder Ejecutivo anuncia, además, que solventará los gastos que a los acusados les generen sus defensas particulares.

Esta excepcionalidad que rompe la consideración de igualdad ante la ley deja mal parados a los defensores públicos que podrían brindar una defensa técnica eficiente a los acusados. El gobierno lo nota y lo explicita señalando que un defensor general de la provincia había emitido una circular prohibiendo la representación de defensores públicos a policías implicados en violencia institucional. Algo que existió pero que es un pretexto de sustentabilidad dudosa. Ese funcionario, que dictó una norma que viola la igualdad ante la ley, fue suspendido en su cargo al que no volvió hace diez años.

El gobierno para reprochar una selectividad, aplica otra.

La palabra de la administración es un potente y sensible capital público. Es muy lógico que este gobierno ante un caso preliminar pida mesura, reflexividad, moderación y cautela. Pero es el mismo gobierno cuyos funcionarios, graduados en Derecho, dicen bautizar "El Infierno" a su prisión de máxima seguridad porque lo que busca es que los internos "sientan miedo", vale decir, generar sufrimiento que es algo por completo diverso al propósito de una pena. O divulgaron en sus redes públicas fotos denigrantes e ilegales a reclusos sentados y en formación en el suelo. O que ante un allanamiento revocado a la casa de un menor de edad por no tener orden judicial, que se revisará este lunes, le pide a la jueza que lo anuló "que se lleve a los delincuentes a sus casas".

Los jueces de Santa Fe chocan con Pullaro por la anulación de un allanamiento sin orden judicial

El gobierno al optar por el respaldo a su policía, en su política de seguridad, adopta una posición que se puede comprender. Rosario evidenció en los últimos 13 años actos criminales que no se vieron en ningún lugar del país. Balaceras contra restaurantes repletos, contra escuelas que ocasionaron muertes de alumnos. Disparos contra la casa de un gobernador y una decena de jueces. Asesinatos contra personas que esperaban el colectivo y ejecuciones frente a estadios de fútbol.

Enfrentar esta violencia sin igual es indispensable contar con fuerzas de seguridad determinadas a hacerlo. El problema es que investigaciones penales y juicios mostraron en la mayoría de estos incidentes extraordinarios que sectores policiales estaban involucrados a veces en posiciones determinantes. Se probó en juicios que las bandas más importantes, como Los Monos o la de Esteban Alvarado, funcionaban gracias a la protección policial, y sus enlaces recibieron condenas.

Esto no es algo de antes. Hace dos meses en Rosario condenaron a ocho miembros de una fuerza especial de la policía que mejicaneaba droga a dealers y conseguía información torturando con picana eléctrica. Hace un año se descubrió una red de más de 25 policías que hizo caer al jefe de policía de Rosario por un fraude multimillonario con partidas para combustible. Solamente esta semana detuvieron a dos ex policías por asesinar a un joven que está desaparecido desde enero y cuyo cuerpo aún no fue encontrado, y también condenaron a otros dos por falsear procedimientos en favor de una banda de narcomenudeo.

Condenaron en Rosario a seis policías de un grupo táctico por mejicanear droga y torturar con picana eléctrica

Cuando alguien que ejerce poder toma decisiones en función de intereses que no son iguales en todos los casos produce desigualdad. No en todos los casos el gobierno contrata abogados particulares y los paga. El interés del Estado no puede convertirse en el interés particular de ciertos imputados, aunque sea para asegurarles un proceso justo. Porque eso debería quedar por descontado en todos los del sistema penal.

El problema de fondo es el de una falacia muy difundida. Y es la falsa antinomia de que se puede proteger mejor a los ciudadanos si no se les garantizan derechos fundamentales a ciertos ciudadanos. Es una falacia. Las garantías lo que aportan es un marco prudente y razonable de reglas del juego para quien el Estado acusa de cometer una infracción. Pero cuando contra ese infractor hay prueba contundente ninguna garantía lo salva.

Castigar el delito es una cosa. Proteger y respetar los derechos individuales de quienes son acusados es una cosa distinta que no conspira contra la primera. El gobierno santafesino parece entender esto solo en el caso de los policías preliminarmente acusados, por los que excepcionalmente pide prudencia y les sufraga gastos de defensa. Aunque no sea en todos los casos, no en las palabras pero sí en los hechos, indicaría una admisión de que el sistema de garantías para algo sirve.o