La Justicia Laboral de la provincia de Santa Fe sigue respondiendo en bloque contra la reforma previsional de Maximiliano Pullaro. Hace una semana un tribunal de alzada de ese fuero convalidó el amparo de 18 ex magistrados que pedían que no se les imponga un aporte solidario a sus haberes jubilatorios. Ayer ocurrió lo mismo con un fallo de primera instancia que favorece, en el mismo sentido, a 19 ex altos funcionarios judiciales santafesinos.

Los 19 amparistas iniciaron su reclamo a fin que se declare la inconstitucionalidad, para no ser aplicados, los artículos de ley previsional aprobada por la Legislatura santafesina en septiembre, que declara la emergencia de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe y fija un "aporte solidario" a los pasivos a partir de determinado ingreso, para financiar un organismo que paga un porcentaje marcadamente más alto que la Ansés en un contexto de desfinanciamiento crónico.

La reforma previsional impuso un aporte solidario, que va del 2 al 6 por ciento del ingreso según las escalas, a los que cobren más de tres jubilaciones mínimas, que es un piso que hace tres meses estaba en 1.125.000 pesos. En el caso de los demandantes a los que se les da la razón las remuneraciones percibidas, todos ex magistrados, defensores o fiscales, no son menores a los 8 millones de pesos.

La resolución del juez laboral de primera instancia de Rosario Fabián Vega destaca, a lo largo de diversos precedentes e institutos legales citados en su resolución, en el derecho a velar y asistir a las personas mayores, en especial vulnerables, y también al derecho de estas a su independencia y autonomía.

La disputa más política que legal del gobierno de Pullaro es que personas que reciben más de 10 millones de pesos de ingresos no están en una situación de fragilidad y que el déficit crónico de la Caja de Jubilaciones empuja a la mayoría de pasivos, que reciben mucho menos, a un panorama incierto si no se subsana el desfinanciamiento, acentuado por la negativa desde el inicio del gobierno de Milei de realizar los aportes a las Cajas provinciales comprometidos en 1990. Antes de la reforma el gobierno señalaba que el déficit anual de la Caja santafesina llegaría a 400 mil millones de pesos. Y que con la enmienda de hace tres meses ese rojo comenzará a corregirse de manera notoria a partir de 2025.