El gobierno de Salta autoriza desmontes ilegalmente, a pedido de grandes terratenientes, en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques, y pone en riesgo más de 150.000 hectáreas (siete veces la ciudad de Buenos Aires).

Un sector del agro pretende presentar el reclamo contra esta violación de la ley como un obstáculo al desarrollo y no como lo que es, la denuncia de una verdadera emergencia ambiental.

Lamentablemente, se intenta justificar la deforestación ilegal con la escasez de los fondos recibidos por las provincias para la protección de los bosques, algo que Greenpeace viene también denunciando hace tiempo pero que de ninguna manera implica que se pueda desmontar donde la ley no lo permite.

Desde este sector, califican de “demencial” pretender que una nación “periférica” se haga cargo de conservar su biodiversidad antes de solucionar la pobreza. Sin embargo, en los últimos veinte años se han deforestado cerca de 5 millones de hectáreas en las provincias del norte, las más pobres del país, sin que ello haya significado mejoras sustanciales en la calidad de vida de sus habitantes.

En la mayor parte de los casos se desmonta para producir soja transgénica que es exportada a China y Europa, por lo que los grandes ganadores de este modelo no son los habitantes del bosque, ni los de la provincia en general, sino un puñado de terratenientes y el gobierno nacional mediante retenciones e impuestos. Los desmontes muchas veces implican el desalojo de comunidades campesinas e indígenas, para quienes el bosque es su casa, su almacén y su farmacia.

El reclamo para que se pague el lucro cesante por el dinero que ganarían si desmontan y plantan soja transgénica es completamente irracional: tanto en la ciudad como en el campo, si bien existe el derecho de propiedad privada, no se puede hacer cualquier cosa en esa propiedad. En las ciudades hay barrios donde está permitido construir edificios de veinte pisos y otros donde sólo se pueden hacer casas de hasta dos pisos; y sin embargo a estos últimos no se los indemniza por ello.

En este caso, la Ley de Bosques establece las zonas en las que se puede desmontar y zonas en las que no; y también dónde pueden hacerse actividades productivas que no destruyan el bosque, como el manejo forestal responsable, la ganadería extensiva bajo monte, la producción de miel y harina de algarroba, turismo, etc.

Uno de los últimos informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático advirtió que el 4,3 % de la deforestación global ocurre en Argentina, y que “la deforestación en el bosque chaqueño se ha acelerado en la última década a partir de la expansión agrícola, convirtiéndose así en la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”.

Greenpeace vienen reclamando hace tiempo en todo el mundo y, principalmente a las naciones más contaminantes, por un acuerdo climático global ambicioso, justo y vinculante, además de la creación de un fondo mundial para la protección de los bosques. Pero todos los países deben hacer un esfuerzo.

Finalmente, resulta preocupante la falta de respeto a una ley nacional sancionada apenas hace siete años tras el reclamo de un millón y medio de personas. Esto demuestra poco apego a la democracia y al bien común, representado en este caso por los bosques nativos.