La alianza libertadora entre San Martín y O'Higgins, inmortalizada en el abrazo de Maipú de 1818, de enorme carga simbólica, constituyó la primera y más lúcida manifestación de que Argentina y Chile comparten un mismo destino geopolítico. Sin embargo, superada la etapa emancipadora, la construcción de los Estados nacionales tomó rumbos divergentes que sembraron las bases de una prolongada desconfianza estratégica.

En efecto, la pronta consolidación institucional chilena bajo la Constitución de 1833 contrastó con décadas de guerras civiles que demoraron la organización nacional argentina. Cuando ambos Estados volcaron sus energías a la consolidación del espacio territorial -Chile tras la Guerra del Pacífico (1879-1884) y la Confederación Argentina luego del freno a las pretensiones hegemónicas extranjeras sobre la Cuenca del Plata y la ejecución de sucesivas ‘Campañas del Desierto' que terminaron por reafirmar la soberanía argentina sobre la Patagonia-, las élites políticas y militares a ambos lados de la Cordillera optaron por edificar una doctrina del recelo mutuo y competencia geopolítica ("balance de fuerzas") antes que la complementación estratégica.

El Tratado de Límites (1881) consagró una clara delimitación interoceánica -Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico-, pero la falta de una visión compartida transformó a los Andes en una frontera de contención defensiva. Las narrativas nacionalistas de ambos lados leyeron ese acuerdo pragmático en clave de pérdida, inaugurando un régimen de «miedo administrado» que operó como un recurso demagógico de cohesión interna y justificación defensiva, que obturó cualquier intento duradero por conformar una alianza geopolítica profunda. Un escenario de desconfianza y división en el Cono Sur sumamente favorable a intereses de potencias extra regionales, especialmente por sus implicancias sobre espacios geopolíticos de incalculables riquezas como, por ejemplo, el Continente Antártico.

Superar este desencuentro secular no es una utopía romántica, sino un imperativo del siglo XXI. Se trata de recuperar la visión continental sanmartiniana y transformar la cordillera en un eje de integración que subordine la geografía al hombre para convertir al territorio ampliado en un instrumento de riqueza, poder y bienestar para argentinos y chilenos. Dos países llamados por la historia y la geografía a ser aliados naturales, pero sistemáticamente (mal) educados por sus élites en la doctrina de la desconfianza y el recelo mutuo.

El examen riguroso de la historia diplomática trasandina parece revelar un patrón persistente: salvo contadas excepciones -como la encarnada en la visión continental de San Martín (1818), el germen del "Triángulo ABC" (1899-1902) entre los Presidentes Julio A. Roca de Argentina, Federico Errázuriz de Chile y Manuel Campos Salles de Brasil (luego retomada por el Barón de Río Branco), o el proyecto de unión económica impulsado por Juan Domingo Perón (1953)-, la relación entre Argentina y Chile osciló casi exclusivamente en torno a la búsqueda de mecanismos para administrar de modo pacífico las controversias y los conflictos. En ese marco de "mentalidades restrictivas localistas", se privilegió una diplomacia defensiva y juridicista, orientada a evitar la contienda mediante el arbitraje, la contención o el desarme; incapaz de edificar un proyecto geopolítico común. La ‘diplomacia de la prudencia' de los trasandinos no es una elección estilística, sino una doctrina forjada por dos traumas fundacionales: La guerra del Pacífico (1879-1884) y la Guerra Civil de 1891. La combinación del esfuerzo bélico externo y la posterior desvertebración política e institucional del Estado generó una convicción doctrinaria permanente en la esfera diplomática: el equilibrio, la moderación y el cálculo extremo del riesgo exterior. Chile entendió que no podía permitirse un nuevo colapso en un ciclo histórico corto.

Sin que ello implique, en modo alguno, introducir un elemento de justificación, aquel trasfondo histórico, aunque lejano, puede ser útil para comprender la arquitectura y dinámica de la crisis y ruptura de 1973: la acelerada polarización social, la parálisis institucional entre el Congreso y el Ejecutivo, la frágil situación de la economía, la conversación dinamitada con la Democracia Cristiana, el asesinato del general constitucionalista René Schneider, el paso a retiro del general Prats por desobediencia interna y la abierta injerencia de potencias extra regionales en un marco de Guerra Fría, erosionaron dramáticamente la capacidad del sistema político democrático para procesar las disputas y los conflictos del país. En este escenario de progresiva descomposición política, las Fuerzas Armadas -permeadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional y el concepto del "enemigo interno"- abandonaron su histórica prescindencia, clausurando el orden constitucional mediante un mediante un sangriento golpe de Estado que se cobró la vida del presidente Salvador Allende y dio paso a diecisiete años de dictadura militar.

En el plano bilateral con la Argentina, aquel cálculo extremo del riesgo exterior condujo a un escenario en el que la paz fue entendida como mera ausencia de conflicto. La incapacidad de ambos países para asumir un destino geopolítico común alcanzó su punto más crítico en diciembre de 1978. La disputa por el Canal Beagle situó a la Argentina y Chile al borde de la mayor conflagración bélica directa del siglo XX en el Cono Sur. En efecto, tras el rechazo argentino al Laudo Arbitral británico (1977) sobre las islas Picton, Nueva y Lennox, la lógica estrictamente militar terminó por subordinar transitoriamente a la diplomacia ordinaria, dando paso a una fase de "cuenta regresiva" hacia el conflicto armado. Las Fuerzas Armadas movilizaron tropas, blindados y escuadras navales completas a la frontera cordillerana y la zona austral en aquel mes de diciembre de 1978. La superación de ese umbral crítico requirió de la mediación vaticana -conducida por el cardenal Antonio Samoré bajo el mandato de Juan Pablo II- y la posterior gestión política del Presidente Raúl Alfonsín, quien sometió a plebiscito el paquete de acuerdos técnicos e institucionales negociado en el Vaticano que luego se transformaría en el Tratado de Paz y Amistad (1984). La firma y posterior ratificación parlamentaria de aquel Tratado desactivó la mayor hipótesis de conflicto bélico del siglo en la región y fijó la delimitación marina interoceánica; transformando un escenario de «ausencia de guerra» en el piso institucional sobre el cual fue posible edificar, con pragmatismo y voluntad política, un vínculo de interdependencia que cobró gran impulso durante la década de 1990.

La reconfiguración de la confianza en los noventa constituyó, en cierto modo, una etapa inédita. Ambos países asumieron la vecindad como una oportunidad estratégica imposible de soslayar. Canalizada a través de una diplomacia parlamentaria de peso, condujo a la resolución de las disputas limítrofes y al punto culminante con el trascendental Acuerdo sobre los Hielos Continentales (1998) rubricado por los cancilleres Guido di Tella y José Miguel Insulza. El Presidente Carlos Menem sostuvo entonces que el acuerdo "...no es meramente una cuestión de límites, sino un mensaje a la comunidad de naciones que demuestra el modo en que dos pueblos hermanos y amantes de la paz son capaces de vivir orgullosamente en democracia". A partir de entonces, se avanzó en la construcción de infraestructura física de interconexión, se flexibilizaron las fronteras y se promovieron inversiones a uno y otro lado de la Cordillera sin el fantasma de la expropiación y sin hipótesis de conflicto a la vista.

Esa arquitectura de confianza se astilló cuando la Argentina, ante un escenario de déficit de abastecimiento de su mercado interno, interrumpió los envíos de gas a Chile en 2004, llevando la relación entre el Presidente Néstor Kirchner y su homólogo chileno Ricardo Lagos al borde de la ruptura. La Argentina perdió su condición de proveedor energético confiable y La Moneda sacó una conclusión pragmática: diversificar sus fuentes y proyectarse al Pacífico prescindiendo de su vecino continental.

Años después, Cristina Fernandez y Michelle Bachellet firman el Tratado de Maipú (2009), en el lugar en que se produjera el abrazo entre San Martín y O'Higgins. Con este acuerdo ambas mandatarias procuraban fortalecer los canales de conectividad e infraestructura binacional y dar por superada la crisis por la energía de 2004, sentando las bases institucionales para que, casi una década más tarde -con el impulso de Vaca Muerta-, la Argentina reanude los envíos de gas y petróleo a Chile.

El largo y complejo recorrido iniciado en 1818 desemboca hoy en una coyuntura dominada por una acentuada parálisis bilateral. En la Argentina actual, la primacía del sesgo ideológico sobre el pragmatismo diplomático y la adscripción a un dogma de mercado que desestima el rol del Estado en las inversiones estratégicas han dejado en un segundo plano la agenda de integración física. Como resultado, la infraestructura trans-cordillerana permanece prácticamente congelada, los pasos fronterizos operan bajo esquemas logísticos del siglo pasado y el desarrollo de los corredores bioceánicos no es prioritario. A este inmovilismo se suma una posición tan inesperada como contradictoria en torno a la Causa Malvinas, fruto de un nacionalismo declamativo e impostado que confunde la diplomacia de Estado con la sobreactuación en redes. Al desmantelar los canales formales de la gobernanza binacional, desatender la facilitación fronteriza y banalizar los consensos históricos sobre el Atlántico Sur, la Argentina de Milei parece renunciar a la construcción de una verdadera alianza continental con Chile. Este evidente repliegue se agrava al constatar el simultáneo enfriamiento de la relación estratégica con Brasil, donde la sustitución del pragmatismo histórico por la confrontación retórica ha devaluado el principal motor de la integración sudamericana. Se consuma así un proceso de involución geopolítica que nos margina del centro dinámico del Indopacífico y debilita la posición común en el espacio antártico frente a las ambiciones de potencias extrarregionales.

El Ejecutivo argentino incurre en un grave equívoco estratégico al suponer que la afinidad retórica con sectores minoritarios de la derecha trasandina sustituye a la política de Estado. Confundir la diplomacia con la agitación en redes sociales, amplificada por el aparato de propaganda paraestatal, desacredita al país en el frente externo. Los desatinos de un canciller que, sin ruborizarse, manifiesta no encontrar impedimento alguno a la compra de una provincia por parte de extranjeros ilustran la profundidad de la crisis de liderazgo. Los insultos dirigidos hacia presidentes y referentes de Estado chileno ignoran la cultura institucional de La Moneda: para las élites trasandinas, sus figuras públicas pueden ser objeto de controversia interna, pero resulta inadmisible el agravio proveniente de un mandatario extranjero que, además de su preferencia por el uso y abuso de un lenguaje agresivo y denigrante, impropio de un primer mandatario, revela una profunda ignorancia de los procesos históricos fundamentales acontecidos en el país vecino.

Finalmente, adjudicarse un "cambio histórico" en la postura chilena sobre la Cuestión Malvinas desnuda un preocupante desconocimiento de la diplomacia regional. La posición de Chile no responde a concesiones coyunturales, sino a una política de Estado ininterrumpida expresada de forma sistemática en los foros multilaterales desde el gobierno de Eduardo Frei Tagle. Vender como una conquista inédita lo que constituye una constante histórica de La Moneda confirma que la actual gestión confunde la propaganda doméstica con el interés nacional.

Es hora de asumir la realidad geopolítica y recuperar la línea histórica que se remonta hasta el proyecto sanmartiniano: Argentina y Chile deben reconocerse como aliados naturales y socios estratégicos. Chile representa la plataforma logística de la Argentina hacia el Indopacífico y una ventana de inserción global; la Argentina constituye la profundidad territorial, la potencia energética y el respaldo productivo que Chile requiere para superar la estrechez de su faja costera. Unidos, además, por la condición indelegable de ser la "puerta de entrada" al continente antártico. Subordinar este imperativo histórico a la propaganda ideológica y el dogma de mercado es condenar a ambas naciones a la irrelevancia estratégica en el orden global del siglo XXI.