Situación actual

Argentina dio un salto enorme en pagos digitales. Desde Transferencias 3.0 implementado en 2021, las transferencias entre CBU y CVU son inmediatas y el QR interoperable permite pagar desde prácticamente cualquier banco o billetera. Si los distintos sistemas y estructuras estuvieran interconectadas entre sí, gran parte de la experiencia se parecería a la desarrollada en Brasil alrededor de Pix.

Hoy, en nuestro sistema de pagos actual, conviven cinco problemas:

1. Infraestructura de base atrasada.

2. La multiplicación de intermediarios dificulta saber cuánto cuesta realmente procesar una operación.

3. La regulación no alcanza de forma pareja a todos los "jugadores" del mercado que realizan una misma actividad.

4. Se han eliminado (desregulado) límites de comisiones y plazos máximos de acreditación, elementos que protegían a los comercios que adoptaban estos instrumentos.

5. El sistema tributario termina castigando al pago digital precisamente porque es el más trazable.

El resultado es paradójico: Argentina tiene pagos modernos, pero comercios y usuarios todavía enfrentan costos, impuestos y reglas que pertenecen a otra era.

El próximo paso

El próximo paso es hacer que ese sistema sea más barato, más competitivo y esté mejor regulado. La propuesta no es estatizar el sistema de pagos. La propuesta es modernizar las reglas de juego, mejorar los incentivos para la adopción de pagos digitales y que el Estado, a través del Banco Central, mejore la infraestructura y pueda ofrecer una solución pública que compita con los esquemas privados.

Para esto último, el proyecto de ley impulsa la creación del "Sistema Integral de Pagos y Liquidaciones de Argentina" (SIP), una infraestructura creada y administrada por el BCRA que funcionará, en los hechos, como una empresa testigo: mostrará cuánto cuesta realmente procesar y liquidar un pago y generará un precio de referencia para todo el mercado.

El privado que pueda hacerlo mejor, compite. El que viva de una renta, tendrá que bajar el precio.

Hoy, el costo termina en el comercio y, finalmente, en el consumidor. Estas distorsiones no quedan dentro del sistema financiero. Se trasladan a la economía real.

Un comercio que cobra digitalmente puede enfrentar simultáneamente una comisión por aceptar el pago, costos adicionales por distintos servicios y adelantos impositivos sobre fondos que necesita para financiar su capital de trabajo. También puede tener que esperar para disponer de su dinero.

El costo que se le carga al sistema de pagos y sus jugadores termina apareciendo de tres maneras: menor margen para el comercio, mayores precios para el consumidor y más incentivos a operar en efectivo.

La propuesta

La solución que propone el proyecto de ley se apoya entres vértices.

Banco Central ordenador del sistema

Primero, un Banco Central con poder para ordenar todo el sistema y con capacidad de supervisar a todos los actores que intervengan en una operación de pago, cualquiera sea su forma jurídica o contractual.

Esta ley viene a fortalecer y complementar las facultades que el BCRA ya tenía en su carta orgánica y en la Ley de Entidades Financieras. Es la ley marco para el sistema nacional de pagos en su conjunto.

La regulación seguirá la función económica. Bancos, PSP, emisores, adquirentes, subadquirentes, agregadores, aceptadores, procesadores, cámaras, administradores de esquemas e infraestructuras equivalentes quedarán alcanzados cuando realicen funciones equivalentes.

Además, la ley recuperará la capacidad de establecer topes máximos a las comisiones que paga el comercio, eliminados por Milei en el DNU 70/2023. El límite alcanzará al costo obligatorio de toda la cadena y no solamente a uno de sus eslabones.

Finalmente, el BCRA fijará plazos máximos de acreditación y, cuando un operador demore los fondos por encima de esos límites, deberá compensar automáticamente al comercio.

Todos los participantes deberán garantizar interoperabilidad dentro de cada esquema y quedarán prohibidas las restricciones técnicas, comerciales o de marca destinadas a encerrar usuarios dentro de una red.

Operación digital no puede ser más cara que usar efectivo

Segundo, algo lógico: formalizar no puede ser más caro que usar efectivo. Si el Estado puede ver mejor una operación digital, debería cobrar menos por adelantado, no más.

La segunda decisión es cambiar los incentivos fiscales para el uso de medios de pago digital. Las operaciones de hasta 250 UVAs quedarán fuera de los regímenes nacionales de retención, percepción o recaudación anticipada que operen al momento del pago o acreditación.

La obligación tributaria continúa. Lo que desaparece es el adelanto automático generado exclusivamente porque la operación pasó por el sistema financiero.

Competencia entre privados, pero el Banco Central entra a jugar

La tercera decisión es tecnológica, pero también política. Argentina creará SIP, una nueva infraestructura pública de pagos administrada por el Banco Central.

SIP modernizará las capacidades actuales del MEP y funcionará 24 horas por día, 365 días al año, con estándares modernos de mensajería, APIs abiertas, herramientas automáticas de liquidez y capacidad para procesar pagos minoristas de manera masiva.

La innovación central será permitir liquidación bruta en tiempo real a escala minorista y mayorista en un ciclo ininterrumpido durante todo el día: una operación podrá producir directamente una transferencia definitiva entre las cuentas de las instituciones participantes en el Banco Central. Es la innovación central del SPI brasileño aplicada sobre la infraestructura que Argentina ya construyó.

El Estado no se limitará a regular desde afuera. SIP podrá prestar servicios de procesamiento, ruteo, mensajería, directorio, conciliación y liquidación a bancos, PSP y demás participantes. Esos servicios se prestarán bajo un principio de recuperación de costos, alineado con SPI/PIX. No se busca obtener una renta: se busca construir un benchmark público, transparente y de alta calidad.

SIP no reemplaza al mercado. Le pone un precio testigo y nadie está obligado a usar SIP, pero todos están obligados a competir contra él. SIP no elimina las cámaras existentes. No estatiza COELSA. No elimina a Link ni a Prisma. No prohíbe infraestructuras privadas y no obliga a bancos o fintechs a abandonar los sistemas que utilizan actualmente.

Las cámaras y administradores privados podrán seguir operando, innovando y compitiendo. Incluso podrán conectarse a SIP para utilizar determinados servicios o realizar la liquidación final de sus operaciones.

La diferencia es que, con este proyecto, existirá una alternativa pública de alta calidad y al costo.