El gobierno comienza el siempre tórrido -climática y políticamente hablando- mes de diciembre, un momento de recurrentes tensiones, habituales zozobras y ocasionales desbordes para muchos de los gobiernos desde el retorno de la democracia, en el marco de una inusitada calma.

Una situación impensable hasta hace unos meses, cuando el gobierno caminaba hacia un abismo de consecuencias impredecibles, y que comenzó a cambiar con un respaldo del "amigo" Trump que insufló nuevos bríos a una campaña que naufragaba entre internas y escándalos. El tan contundente como inesperado -en su magnitud y extensión- resultado electoral acabó dándole vida a un proyecto que parecía agotarse anticipadamente, dotándolo no solo de un fuerte respaldo electoral sino de la musculatura política y volumen parlamentario imprescindible para su gobernabilidad.

Con los astros nuevamente alineados, y con un mayor pragmatismo que convive aún con la habitual desmesura, narcisismo y euforia megalómana, lo cierto es que Milei parece esta vez querer aprovechar el espaldarazo de las urnas para ordenar "la política", algo que durante tiempo no ocultó en despreciar y desdeñar como un asunto de la "casta". Tras las turbulencias de este año, agravadas por la sucesión de errores no forzados, altas dosis de improvisación, internas y escándalos, y amplificadas por la sucesión de derrotas parlamentarias, finalmente pareció entender la necesidad de construir un oficialismo, tanto en el plano parlamentario como en lo territorial.

Una construcción que no solo implica delinear los contornos del espacio político, trazar fronteras, definir (o redefinir) liderazgos y establecer mecanismos -más o menos institucionalizados- para la toma de decisiones, sino también erigir una política de potenciales alianzas y de instancias de búsqueda de acuerdos y consensos relativamente previsible y estable. Con el empoderamiento de la hermana presidencial, y la emergencia del tridente Santilli-Menem-Bullrich, el oficialismo avanza entonces en ese plano, aunque aún con varias incógnitas y no pocos interrogantes respecto a si está dispuesto a ceder en función de ampliar sus bases de gobernabilidad y, más aún, si está abierto a revisar un plan económico que no solo ya luce agotado, sino que comienza a mostrar un perfil marcadamente excluyente.

En el plano parlamentario, por estos días se multiplican las buenas noticias para el oficialismo. En Diputados finalmente consiguió la primera minoría, engrosando la cosecha electoral con dirigentes cooptados del PRO y la UCR, y horadando el declinante bloque del peronismo con la ayuda de un puñado de gobernadores no dispuestos a alinearse con las directrices de San José 1111 que prefieren negociar con anteponiendo los intereses locales. En el Senado también se emparejaron las cosas y con 20 senadores propios y la alta dispersión de los espacios provinciales, tiene un mayor margen para encontrar las aritméticas que le permitan aprobar iniciativas.

Sin embargo, más allá del optimismo que se respira en las filas oficialistas, son horas decisivas para un gobierno que durante las deliberaciones y debates parlamentarios de este verano se jugará en gran medida el futuro de su gobierno y su plan económico, en un contexto en donde ya comenzó la cuenta regresiva de cara a una potencial reelección en 2027. El gobierno buscará sin dudas prolongar este "veranito electoral" para impulsar las tan mentadas reformas estructurales, a sabiendas que la "ventana de oportunidad" no permanecerá abierta por mucho tiempo: un sector importante de la sociedad le dio a Milei una inédita segunda oportunidad ante el temor de un retorno a un pasado que repudia, pero sigue alerta ante una economía real que no da tregua y no muestra señales que permitan avizorar un horizonte esperanzador.

El primer test para este nuevo esquema será el presupuesto 2026, donde no solo debutarán los nuevos bloques parlamentarios de LLA, sino donde se verá el alcance del renovado acercamiento a los gobernadores. El ministro del interior hizo su trabajo: recorrió miles de kilómetros, digirió litros de café y posó para los flashes. Lo que no está claro es si las necesidades de los gobernadores serán finalmente atendidas, lo que dependerá de la disposición de Caputo para abrir la billetera y en definitiva de la voluntad del propio Milei. Por ahora, como dijo el gobernador salteño, "el poncho no aparece", y algunos gobernadores como Pullaro ya dejan entrever cierto malestar.

Más álgida será la discusión de la reforma laboral, no solo por su alto voltaje político, sino también por otros factores. En primer lugar, porque como consecuencia del empoderamiento de Karina Milei, los gremios quedaron sin interlocutores en el gobierno. Quienes mantenían canales de diálogo abiertos con los dirigentes sindicales, o quedaron relegados en la interna oficialista o ya no están en el gobierno. Y, en segundo lugar, porque esta falta de interlocución se amplifica por el contenido del proyecto, que al menos en las versiones que han trascendido lleva el sello radicalizado de Sturzenneger, e incluye temas sensibles para el mundo sindical.

Los más caracterizados libertarios minimizan la capacidad de presión de un sindicalismo que no escapa ni a la impugnación a la clase dirigente tradicional ni a la crisis del peronismo. Es más, desde el gobierno no falta quien diga que un paro contra la reforma laboral sería incluso una buena noticia y un hecho funcional a los intereses del oficialismo. Sería no solo un exceso de confianza y un acto de soberbia, sino una jugada muy peligrosa a mediano plazo, cuando un potencial ciclo de conflictividad gremial pueda confluir con sectores aún más golpeados por la situación económica.

El riesgo es por estas horas más que evidente: que un gobierno encandilado por la victoria electoral repentinamente se enamore de la política para sostener un plan económico cuyas fisuras y problemas parecen obviarse. Los bajos salarios y el empleo comienzan a aparecer entre las principales preocupaciones ciudadanas que miden las encuestas y los focus, al tiempo que se multiplican despidos, suspensiones y cierres de empresas, muchas de ellas emblemáticas. Una situación que no es casual si se miran los indicadores de actividad: un reciente informe de la UIA da cuentas de un estancamiento similar al del cuarto trimestre de 2024, aproximadamente un 10% por debajo de 2022 y 2023. Es más, si se excluyera la intermediación financiera - uno de los pocos favorecidos-, la situación sería peor. Un dato en absoluto menor: mientras la construcción, la industria y el comercio emplean al 48% de la fuerza de trabajo, la intermediación financiera emplea a solo el 2% de los trabajadores registrados.

Desde el gobierno minimizan estos datos y se aferran a la inminente llegada de una "lluvia de inversiones" en áreas como la minería o la energía que, más allá de su potencial, no compensarían la destrucción del entramado productivo. Es que se trata de sectores de alta rentabilidad aunque de baja mano de obra intensiva, como lo demuestra el ejemplo de Vaca Muerta, que en su momento de mayor productividad apenas generó 7 mil nuevos puestos de trabajo.

Mientras tanto, el gobierno ya insinúa que volverá a los mercados internacionales de deuda, pese a que el riesgo país quedó estancado en la franja de los 600 puntos. Probablemente intentará aprovechar el golpe de efecto en el Congreso para intentar conseguir hacer un roll over de los vencimientos de deuda del año próximo. Un escenario demasiado optimista, más allá del apoyo estadounidense, como quedó claro con algunas advertencias de grandes bancos respecto a la persistente fragilidad externa del país y la falta de interés del equipo económico en robustecer las reservas.