Prácticamente nadie, ni en las filas del oficialismo ni la oposición, dudaba de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación acabaría ratificando el fallo del Tribunal Oral, y dejando firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Ni Javier Milei ni siquiera Cristina Kirchner albergaban duda alguna acerca de cuál sería el temperamento de la Corte cuando en abril pasado la denominada "causa Vialidad" llegó al tribunal con la presentación del recurso de queja, pero siempre primaba la idea de que los jueces se iban a tomar un tiempo para definirlo. De hecho, el "apuro" del PRO en forzar la discusión del proyecto de "ficha limpia" en el Senado partía del diagnóstico de que el máximo tribunal no resolvería la situación de Cristina antes del proceso electoral de este año.

Sin embargo, aunque no pueda hablarse de una sorpresa por la decisión ni por la naturaleza de la misma, tanto entre los referentes de partidos y sectores que se cuentan entre los más acérrimos opositores a la ex presidenta como entre los más convencidos seguidores, no dejaron de llamar la atención las formas y los tiempos con que el máximo tribunal se abocó al abordaje de una causa sin precedentes en la historia institucional argentina.

Lo cierto es que más allá de la defensa o cuestionamiento que pueda hacerse desde el ámbito del derecho a la decisión que viene a ratificar la Corte (una discusión que va más allá de la crítica kirchnerista al lawfare, abarcando desde el respeto a las garantías del debido proceso hasta las dudas sobre la posibilidad de acreditar "responsabilidad objetiva" de la ex presidenta cuando la Cámara desestimó la figura de asociación ilícita), nadie puede desconocer que la decisión del tribunal tiene una fuerte connotación política que los tres jueces de la Corte no pueden en absoluto desconocer. Más aún los jueces de una Corte que ha venido mostrándose siempre muy afecta a las decisiones "salomónicas", de la mano de algunos cortesanos que se mueven dentro del mundo judicial con inocultable prestancia política.

Y, como se sabe, en política, el fondo y las formas se confunden o, dicho con otras palabras, las formas hacen también al fondo. De allí que no hayan pasado desapercibidas ni la inusitada celeridad, ni el timing "preelectoral", ni el apartamiento de ciertas prácticas y "usos y costumbres" del propio tribunal. Un tribunal, por cierto, que funciona con el mínimo número de jueces posible, algo que si bien no invalida la legitimidad de sus decisiones (que únicamente pueden adoptarse por unanimidad), no deja de ser la evidencia de una Corte de "transición", que carece de la diversidad y amplitud que garantiza un mayor proceso deliberativo.

Lo cierto es que la decisión, tanto por su naturaleza como por su criterio de oportunidad, tiene un fuerte impacto sobre un sistema político que aún estaba en vías de reconfiguración, con consecuencias aún impredecibles cuyos contornos se irán definiendo en las semanas y meses sucesivos.

En el corto plazo, está más que claro que habrá una inevitable reconfiguración de la estrategias electorales y posibles escenarios en la provincia de Buenos Aires de cara a la elección provincial del próximo 7 de septiembre. No solo la ex presidenta ya no podrá encabezar la boleta en la Tercera Sección Electoral, sino que la elección legislativa provincial se queda sin su principal figura gravitante, eje tanto de las estrategias del propio peronismo como de sus rivales.

Una ausencia fruto de una decisión judicial que, previsiblemente, la ex presidenta procurará inscribir en la larga historia de las "proscripciones" del peronismo. Una narrativa victimizadora que Cristina ya había venido abonando discursivamente en los últimos meses, y que incluso intensificó en las horas previas a la sentencia, con la apelación a ciertos símbolos muy caros a la historia y la liturgia peronista, como el recuerdo de los fusilamientos de José León Suarez por la Libertadora, que la llevaron incluso a autopercibirse como una "fusilada que vive".

Esta épica que seguramente buscará imprimirle a su propio arresto no está destinada a convencer a las importantes franjas de la opinión pública favorables a su condena, que encontraron en la decisión del máximo tribunal la confirmación de una convicción previa y muy arraigada, sino a movilizar al propio peronismo en torno a una causa "común" que se entronca con la historia del movimiento e interpela la propia identidad del peronismo.

Por ello, el fallo de la Corte podría potencialmente actuar no solo como una suerte de revulsivo para la movilización de un partido que todavía lucía conmocionado tras la derrota de 2023, sino también como un factor galvanizador para aunar a los diferentes espacios y referentes que venían protagonizando las cada vez más virulentas tensiones internas. Aún sin Cristina en la boleta, este efecto no debería minimizarse, no solo pensando en la posibilidad de que los candidatos de un peronismo unido tras una narrativa común puedan usufructuarlo, sino también en las chances de que una revitalización de la discusión política concite un mayor interés para una contienda local que redunde en un aumento de la participación electoral cuya merma viene favoreciendo a los libertarios.

Estos factores explican, en gran medida, la inusual mesura con que el presidente y, por añadidura los referentes que ofician como habituales corifeos del primer mandatario, y los siempre activos trolls libertarios, abordaron la noticia. Una reacción que estuvo muy lejos de la habitual virulencia verbal que maneja la comunicación del gobierno, y que de alguna forma da cuenta de las incógnitas y desafíos que lo ocurrido le plantea al propio gobierno.

Si bien el fallo le permite al oficialismo desmarcarse de las recurrentes acusaciones de un pacto de impunidad con el kirchnerismo (un tema que sobrevoló la larga discusión del proyecto de ficha limpia y se coló en la elección porteña), y parece incluso haber tenido un impacto moderadamente positivo a nivel de los mercados, es indudable que obliga a repensar toda la estrategia electoral no solo de cara a septiembre sino también a octubre. Una estrategia electoral que apuntaba a construir al kirchnerismo en general y a Cristina en particular como el principal enemigo del proceso en curso, algo que ya evidenciaba el slogan "kirchnerismo o libertad" que debutó con éxito en la elección porteña de hace apenas un mes.

A ello se le suma el desafío que podría plantearle al gobierno el posible ciclo de protestas y movilizaciones, y la lectura que inversores y analistas puedan hacer de los potenciales episodios de violencia, lo que podría tensionar los dispositivos represivos del "protocolo antipiquete" de Bullrich y echar por tierra el promocionado logro de haber llevado "orden" a las calles. Tampoco es menor el efecto que la sentencia tendrá sobre la propia justicia, tanto en términos de credibilidad y valoración ciudadana, como de cara a otros procesos en curso hacia el interior del poder judicial, como la implementación del sistema acusatorio tendiente a moderar el peso del fuero federal, las cientos de vacantes en juzgados de diversos fueros, y las discusiones respecto a la integración y eventual ampliación del máximo tribunal.

Así las cosas, una decisión tan precipitada como probable, amenaza con reconfigurar -una vez más- el tablero político, obligando tanto al oficialismo como a la principal fuerza opositora a reformular y repensar estrategias, inyectando aún mayores dosis de incertidumbre en un contexto donde es difícil dilucidar aún quienes son los ganadores y perdedores en materia política.