El gobierno de Javier Milei enfrenta por estas semanas grandes desafíos y múltiples interrogantes amplificados por un contexto de creciente tensión política y conflictividad social.

No solo del resultado de la gestión de estos conflictos, actuales y potenciales, sino también de las formas e instrumentos con que el gobierno navegue estos turbulentos escenarios, dependerá en gran medida ya no tanto la suerte del oficialismo en el plano electoral sino algo quizás aún más importante, cómo construirá gobernabilidad durante el segundo tramo de su mandato.

Desafíos e interrogantes que, paradójicamente, no derivan ni de la presión de una oposición altamente fragmentada, carente de nuevos liderazgos y con poca legitimidad social; ni de cuestionamientos de una opinión pública que mayoritariamente sigue viendo con buenos ojos al presidente y su gobierno, ni siquiera de la performance de algunos de los indicadores macroeconómicos relevantes, que proyectan el clima de relativa estabilidad económica que se erige como uno de los sostenes del gobierno de cara a una sociedad hastiada del patrón de frustraciones acumuladas y recurrentes fracasos de los gobiernos anteriores. Es que, como ya hemos señalado en repetidas oportunidades en otras columnas, el principal desafío y riesgo siempre latente para Milei es, precisamente, el propio Milei.

Un presidente que siempre hizo apología de jugar al límite, lo hace cada vez con mayor recurrencia ya no solo en el plano discursivo, sino en los propios límites de la democracia, tensionando -y a menudo torsionado- los mecanismos institucionales y republicanos.

De la audacia a la irracionalidad, de la legitimidad social a la habilitación para avanzar a como dé lugar, de la intransigencia discursiva a la vocación totalizante, del mandato de las urnas a una "batalla cultural" de dudosa legitimidad, para Milei no se trata de cuestiones de fondo, sino apenas de discusiones estériles de formas y matices. El riesgo, aunque pueda no tener consecuencias en lo inmediato, es a todas luces evidente en lo que respecta a la progresiva erosión de la convivencia democrática que tanto nos consiguió recuperar tras las noches más aciagas de la dictadura militar.

En este marco, y con un oficialismo ya acelerando a fondo de cara a un proceso electoral para el que si bien todavía falta un semestre a nivel nacional, ya tiene sus primeras citas de importancia en provincias como Santa Fe y en la Ciudad de Buenos Aires, hay un rasgo del particular liderazgo de Milei que parece venir profundizándose: la obsesión por el control.

Control de la inflación, control del dólar, y de otras variables macroeconómicas e indicadores financieros. Control de una narrativa de fronteras lábiles y contradicciones recurrentes, en virtud de la cual se traza una línea amigo-enemigo con enorme discrecionalidad y un criterio más pragmático que político-ideológico. Control de la iniciativa política, aún ante los recurrentes "errores no forzados" o -de mínima- desprolijidades y negligencias, en un esfuerzo que exige dosis crecientes de "cesarismo" democrático (los decretos designando en comisión a miembros de la Corte y el ya "blindado" DNU del FMI, por ejemplo) y maniobras que atentan contra el pluralismo y la representación (desde las diatribas y ataques a la prensa, a las "maniobras" para bloquear la participación proporcional de la oposición en comisiones legislativas relevantes)

Y, desde hace un par de semanas, se sumó a estas obsesiones por el control, una que si bien ya había estado presente tanto a la hora de desarticular el financiamiento de los movimientos sociales, diseñar el denominado "protocolo anti-piquetes" e incluso reprimir a los manifestantes durante la discusión parlamentaria de la ley bases, ahora parece haber adquirido una creciente centralidad en la narrativa libertaria: el "control" de la calle. Y si bien por ahora, y tras los coletazos de la feroz y desproporcionada puesta en escena del dantesco operativo represivo de la semana pasada, este miércoles la plaza mostró una situación más calma, el gobierno subió la vara y habrá que ver, en otras circunstancias, si está dispuesto o puede sostenerlo.

Obsesiones peligrosas, tanto las de índole económica como las políticas y sociales. En lo económico, más aún tras conocerse el muy posible acuerdo con el FMI y los pocos detalles que revela un DNU de dudosa constitucionalidad, vuelve a agitarse el fantasma de una devaluación que, en el marco de una economía que aunque pueda haber salido estadísticamente de la recesión no ha recuperado niveles de actividad y consumo, ni mucho menos atraído inversiones ni generado empleo, podría tener efectos devastadores sobre la clase media, los jubilados y trabajadores de ingresos fijos.

Y en lo político, tanto a nivel más discursivo (la narrativa) como a aquellas obsesiones de "control" que apuntan a la gestión y el plano de lo fáctico, el peligro que entraña una evidente "deriva autoritaria" que, en el marco del ya de por si crispado clima preelectoral, y ante un empeoramiento o estancamiento de la situación macroeconómica que impactara nivel de las expectativas, podría plantear un serio y peligroso conflicto institucional y social de difícil resolución.