Tras la sorpresa provocada por la elección legislativa nacional, y algunas señales confusas respecto a la manera de interpretar los resultados, el gobierno parece haber dado pasos concretos que parecen indicar que el particular experimento libertario ingresará, sobre todo a partir de este próximo 10 diciembre, a una nueva etapa.

Hablamos, por ahora, de una nueva etapa en la político, ya que los grandes interrogantes respecto a la capacidad del plan económico al que Milei se aferra -como si no tuviese fisuras- para generar crecimiento se multiplican.

Lo cierto es que en lo que respecta a la política, finalmente Milei parece haber aprovechado la victoria electoral no solo para respirar un poco más aliviado tras largos meses de coquetear con el abismo, sino para avanzar en lo que no pocos analistas señalaban como uno de sus principales déficits: la construcción de un oficialismo con fronteras y contornos más nítidos, y una política de alianzas relativamente previsible y estable de cara a la búsqueda de consensos.

Con su liderazgo reforzado y oxigenado, y una moderada aunque siempre provisoria renovación de expectativas, Milei y su gobierno parecen recuperar índices de aprobación de gestión e imagen bastante cercanos a los máximos registrados en enero pasado. No tanto por la convicción de que el crédito electoral puede ser efímero sino se abordan los problemas de la economía real, sino más que nada urgido por los tiempos parlamentarios y la necesidad de avanzar con su agenda de reformas estructurales, el gobierno emprendió un raid de negociaciones tendientes a armar un esquema de gobernabilidad y robustecer aún más su musculatura legislativa.

El tridente integrado por Santilli, Martín Menem y Bullrich, siempre bajo la supervisión de la empoderada Karina Milei, no solo ha comenzado a reconstruir puentes con gobernadores dialoguistas y legisladores otrora aliados, sino que han avanzado en estrategias de cooptación fagocitando legisladores de otros espacios, así como en maniobras para romper u horadar los bloques del peronismo en ambas cámaras.

En este contexto, con la incorporación de legisladores provenientes tanto de un esquilmado PRO como de un detonado radicalismo, así como con la fragmentación del PJ y aliados en bloques propios que se están definiendo por estas horas, el oficialismo no solo procura allanar el camino para avanzar con las reformas sino que incluso se ilusiona con erigirse como la primer minoría -superando a Unión por la Patria- y quedar muy cerca de la posibilidad de contar con quórum propio.

Por ahora, los gobernadores no logran unificar posiciones. Algo que, por cierto, es funcional a un gobierno que prefiere negociar mano a mano, más aún en un contexto en donde necesitará menos votos en el Congreso y con recursos escasos para satisfacer demandas. Por fuera del rol más marcadamente opositor que encarnarán Kicillof, Insfrán, el fueguino Melella y el riojano Quintela, y el de los aliados Frigerio, Cornejo y Jorge Macri, el resto de los gobernadores se reparte en dos grupos que por ahora encaran estrategias diferentes: de un lado, Provincias Unidas, con Pullaro y Llaryora como principales exponentes, y por el otro, el nuevo espacio de la "gobernabilidad" (que busca convertirse en bloque formal), representado por fuerzas provinciales y peronistas que no reconocen el liderazgo de Cristina (Sáenz, Passalacqua y Figueroa, junto a los peronistas Jaldo, Jalil, Zamora y Ziliotto)

Sin embargo, a pesar de estas ventajas con las que cuenta un oficialismo más ordenado políticamente tras las elecciones, el gobierno aún tiene varios "deberes" pendientes de cara a las sesiones extraordinarias del Congreso. En primer lugar, definir qué estará dispuesto a negociar con los gobernadores, con reclamos que se multiplican (obras, deudas, ATN, coparticipación, etc.) y que solo podrán satisfacerse con recursos. Y, en segundo lugar, definir con claridad y realismo los textos de la reforma laboral e impositiva que enviará al Congreso, evitando cometer nuevamente el mismo error de la primera y demasiado ambiciosa versión de la ley bases.

Así las cosas, parece claro que -al menos por un tiempo- el principal problema al que se enfrenta Milei no será la política, sino la economía, en un contexto donde si bien es cierto que el resultado operó como una suerte de renovación de expectativas de futuro en importantes franjas del electorado, parece claro que no solo no hay ya margen para más ajuste sino una demanda muy concreta de una recuperación económica que impacte en el bolsillo.

Y es precisamente aquí donde anidan las incógnitas con respecto a un plan económico que no solo parece insuficiente para el crecimiento, sino que incluso parece más enfocado en el orden macro y financiero que en lo productivo. Cabe preguntarse, entonces, si la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, las desregulaciones, y la apertura y alineamiento con los Estados Unidos son una receta que conduce a la reactivación económica y la recuperación del consumo. En este sentido, resulta difícil imaginar que con inversiones en sectores de poca mano de obra intensiva como la minería o la energía, sin una política industrial que evite la destrucción del sector, sin protección para las PyMES que generan más del 40% del empleo formal, y sin contemplar las necesidades de las economías regionales, pueda haber un crecimiento económico que no sea meramente estadístico y se plasme en desarrollo.