En política, como en la vida misma, casi nunca la realidad se ajusta al propio deseo. Una máxima de inspiración freudiana que alude al "desajuste" producto de la confrontación entre los deseos propios de la infancia, centrados en la gratificación instantánea y el placer, y la realidad externa, que impone límites y normas.

Para el pensamiento psicoanalítico ese desajuste es fundamental para la maduración emocional y el desarrollo de la personalidad del individuo: un proceso en el cual progresivamente se va dejando atrás ese deseo inicial e irrefrenable de quererlo todo, ya, y a como dé lugar, para ir integrando las expectativas sociales y aprendiendo a diferenciar entre la realidad que proyecta la psiquis (los deseos) y la realidad material.

Una realidad que a 20 meses de haber asumido la presidencia sigue golpeando a un Milei que, por momentos, parece continuar aferrándose a sus deseos y que, como en una suerte de regresión infantil, avanza pese a las frustraciones acumuladas, las heridas narcisistas, y las evidencias de una materialidad que es irreductible a sus expectativas. Un desajuste entre el gobierno y la realidad que no solo es cada vez más evidente, sino más gravoso. No solo para un gobierno que parece no haber "madurado" lo suficiente como para evitar estos desfasajes que en los primeros tiempos podían adjudicarse a una inexperiencia o voluntarismo que irían aplacándose producto de una "curva de aprendizaje", sino para el propio país.

Lo cierto es que un gobierno que hasta hace apenas pocos meses se imaginaba en una suerte de paseo triunfal hacia una segura y contundente victoria en las elecciones de medio tiempo, hoy parece estar padeciendo ese tránsito como una suerte de "vía crucis". Y mientras la realidad -tanto política como económica- lo viene golpeando duramente, parece aferrarse al único plan de "resistir" y tratar de llegar a octubre, aún a costa de profundizar problemas y amplificar conflictos, imaginando una victoria electoral que milagrosamente operaría como gran ordenador, desbloqueando obstáculos, y despejando el camino para -ahora sí- el despliegue del proyecto libertario sin límites ni condicionantes.

Algo de esto desnudó la tan inquietante como curiosa falta de reacción oficial ante el escándalo desatado por los audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad en el que se describe una presunta trama de corrupción que involucraría nada menos que a la propia hermana del presidente y al principal armador político-electoral del oficialismo. Es que ante el inevitable shock inicial ante un hecho inesperado, el gobierno ignoró sistemáticamente las más elementales recomendaciones para la gestión comunicacional de una crisis, no solo profundizando el desconcierto, sino resignando cualquier intento de controlar la agenda, el vital flujo de la información, y la posibilidad de construcción de una "narrativa" que "explique" de manera convincente lo sucedido.

En definitiva, todas las acciones necesarias que indica cualquier manual de gestión de crisis para procurar contenerla, mitigar daños, y preparar el terreno para la "asignación de responsabilidades", que es la operación con la que habitualmente se procura clausurar -al menos la etapa mediática- de una crisis.

Conviene recapitular qué hizo hasta aquí el gobierno para entenderlo un poco mejor. Desde un primer momento, el silencio -tanto de voceros oficiales como oficiosos- resonó con mayor fuerza que los primeros intentos, pronto abandonados, de denunciar los audios como apócrifos. Y, cuando el gobierno parecía haber designado al jefe de gabinete como el vocero a cargo de transmitir la visión oficial -algo siempre recomendable-, los primos Menem pronto volvieron a instalar la confusión entre las filas del oficialismo, con posteos y declaraciones públicas donde adjudican las denuncias a una operación política cuyos detalles y presunta autoría no revelaron.

Mientras tanto, el presidente daba una conferencia en la que pontificaba sobre teoría económica, sin referencia alguna a lo ocurrido, ni siquiera en el terreno donde mayor verborragia despliega, es decir, su cuenta en la red social X. Recién el martes en Junín, ya en un tono abiertamente de campaña, ratificó la calificación del hecho como "operación política" y la subsumió a la lógica polarizadora de la estrategia electoral, reapareciendo en las redes sociales con un curioso reposteo de la desmentida publicada por la droguería involucrada en su cuenta oficial.

En otras palabras, parece claro el camino elegido por el gobierno, tan peligroso como desaconsejable para la gestión de una crisis: no solo la minimización del escándalo, sino una asignación de responsabilidad difusa, sin un flujo de información que perfile una explicación plausible de lo ocurrido, sin "fusibles" a la vista, ni estrategia concreta a la vista para intentar salir rápidamente de la fase crítica de la crisis y centrarse en otras medidas necesarias para lo que se conoce como reconstrucción de reputación. Sin embargo, nada de ello ocurrió, y mientras avanza la investigación judicial, el gobierno no se pronunció ni sobre el funcionario involucrado ni sobre el fondo de la cuestión, profundizando las sospechas y probablemente contribuyendo a una pronta escalada del escándalo.

Si bien por ahora no solo es prematuro, sino incluso improbable, que este affaire se convierta en el "cisne negro" de un proceso electoral que tendrá lugar en apenas dos meses, el impacto negativo será casi inevitable. Obviamente, como en otros temas, el daño autoinfligido podría ser mucho mayor si la oposición que enfrenta a Milei no estuviese tan fragmentada, carente de liderazgos y deficitaria en mayoría de legitimidad social. No obstante ello, las primeras encuestas dan cuenta de que el cimbronazo en la opinión pública existe, aunque -por ahora- no afectaría al voto duro libertario, que es el que viene apuntalando la performance del oficialismo en las urnas ante un escenario de creciente abstencionismo.

Un efecto que potencialmente podría profundizarse ante los manifiestos signos de desgaste que se evidencian en el programa económico, y que a su vez amplifican la fragilidad del dispositivo político libertario y multiplican los interrogantes respecto a la gobernabilidad. En este marco, la presunta trama de corrupción no solo coincide con el proceso electoral en curso sino con las turbulencias e incertidumbres que arrecian en los mercados, y que se profundizan también por algunas improvisaciones y daños autoinfligidos producto de las dificultades que tiene el gobierno para controlar el dólar, convertido en la principal ancla inflacionaria de cara a las urnas.

No solo el gobierno no compró reservas en las cantidades acordadas con el FMI -resignando poder de fuego para controlar la volatilidad-, jactándose además de que solo lo haría cuando la divisa colapsara debajo de la banda inferior, sino que generó un grave problema financiero por el improvisado desarme de las LEFI. Una maniobra que obligó al gobierno a aspirar pesos y que, tras el fracaso de la colocación de nuevos bonos, terminó en cada vez más regulaciones en los encajes bancarios y una escalada de tasas que torna inviable cualquier actividad económica, que no solo demorará aún más la potencial recuperación económica e impactará seguramente en el consumo y el empleo, sino que podría incluso generar una bola de deuda estatal en pesos virtualmente impagable.

Así las cosas, un gobierno cada vez más complicado por la realidad política y económica, enfrenta un escándalo de consecuencias impredecibles en medio de una manifiesta fragilidad, inocultable improvisación y crecientes internas, aferrándose a la imagen idealizada de unas urnas cuyo resultado favorable habría de ordenar el sistema, disciplinar sus actores y exorcizar los fantasmas.