Lo ocurrido en Avellaneda deja en claro que la "unidad" del oficialismo es meramente una precaria decisión táctica que desnuda la falta de una visión "estratégica" para erigir una oferta electoral competitiva de cara a 2023. |
Como ha sido recurrente en los últimos meses, cada vez que la brutal interna en el Frente de Todos parece mermar, la vicepresidenta se encarga de lanzar algún misil para volver a poner las "cosas en su lugar": marcar sus profundas diferencias con el presidente, criticar duramente la gestión económica, apuntar contra determinados ministros y secretarios y, sobre todo, seguir hilvanando su particular "relato" con el que busca preservar su posicionamiento y, más especÃficamente, la identidad del espacio que conduce.
Un relato que no sólo incluye una particular y sesgada visión del pasado, sino también una lectura del presente que se aleja de lo propositivo y constructivo, en momentos en que el paÃs atraviesa una crisis económica, social y polÃtica de una profundidad e intensidad inédita en la historia reciente. Lo ocurrido el lunes pasado en Avellaneda vuelve a dejar en claro que la "unidad" del oficialismo es meramente una precaria decisión táctica que desnuda la falta de una visión "estratégica" para erigir una oferta electoral competitiva de cara a 2023 y, más aún, entraña la ratificación de que Cristina ya decidió ser la jefa de una minorÃa -La Cámpora y otros pequeños grupos más afines- que se repliega cada vez más en la provincia de Buenos Aires en lugar de aspirar a ser protagonista de un espacio más amplio como el que llevó al peronismo al poder en 2019.
En este contexto, del largo discurso de la vicepresidenta no llamaron esta vez tanto la atención sus habituales diatribas contra determinados, sus referencias cada vez más explÃcitas a lo que considera la pasividad o inacción del presidente, sus crÃticas a sectores del empresariado nacional o su permanente revisionismo histórico, sino la dureza con la que se refirió a los planes sociales y las organizaciones que los administran.
No fue improvisado el lugar elegido para lanzar ese furioso ataque. Con la mise en scene que aportó la CTA, central obrera que rivaliza con la tradicional CGT, no sólo criticó la metodologÃa de tercerización de planes sociales sino que afirmó que entregar esos subsidios "no es peronismo" y, como develando una fórmula mágica, que la clave pasa por generar empleo.
En primer lugar, cabe una lectura polÃtica en clave coyuntural. Si ya venÃa espantando a la clase media -ya vapuleada por la inflación y la mala praxis económica del gobierno- con sus atisbos decisionistas (la "lapicera") y recetas económicas arcaicas, ahora se encargó de fustigar no sólo a una buena parte del voto duro del Frente de Todos, sino a organizaciones sociales que, como el Movimiento Evita, son actores centrales de la coalición de gobierno y garantes del piso de gobernabilidad que el gobierno tiene pese al difÃcil clima social reinante. En definitiva, un comportamiento que, por lo destructivo, no deja de sorprender ni siquiera a una buena parte de quienes comparten sus crÃticas al gobierno, pero eligen otras formas de canalizarlas.
En segundo lugar, y ahora en clave más bien histórica, no deja de llamar la atención que se escandalice por cosas que ya sucedÃan o que, incluso, se profundizaron durante sus dos mandatos presidenciales. Y no hablamos de las constantes fugas de divisas que llevaron a la instauración de los primeros cepos al dólar en octubre de 2011 o a la fuerte devaluación de enero de 2012, sino al propio sostenimiento del esquema de los planes sociales y las organizaciones que se consolidaron a su amparo.
La oposición como espejo del oficialismo
Si bien ya en la década del '90, a consecuencia de las privatizaciones y el crecimiento de la desocupación, se habÃan creado los Panes Trabajar y el Fondo Nacional de Empleo, estos funcionaban como un subsidio al empleo directo, es decir, el Estado financiaba el trabajo en empresas que hacÃan obra pública o los trabajos para la comunidad en municipios. Si bien por entonces ya habÃa grupos de piqueteros que -además de las empresas y municipios- se erigÃan como unidades ejecutoras de esa contraprestación, su alcance era muy limitado, ya que nunca manejaron más de 250 mil subsidios.
Los planes sociales, en sentido estricto, nacen en 2002 como emergentes de la crisis de diciembre de 2001. Legitimados en el marco de las mesas del denominado "Diálogo Argentino", el gobierno de Duhalde distribuyó algo más de 2 millones de Planes Jefas y Jefes de Hogar. No se trataba únicamente de un salto cuantitativo sino de una transformación en la naturaleza de esta polÃtica: se pasa de un subsidio directo a la empresa o municipio a un subsidio directo a la persona quién, luego, serÃa convocada a una supuesta contraprestación. Sin embargo, los consejos consultivos que definÃan los beneficiarios en cada municipio fueron rápidamente cooptados por organizaciones que acabarÃan definiendo las pautas de su distribución, en lo que serÃa el antecedente de la situación actual.
Concebidos como una medida excepcional en el contexto de emergencia producto de la tragedia económica y social de 2001, se esperaba que con la recuperación económica su alcance se fuera limitando hasta tender hacia su sustitución plena por trabajo genuino. Y la reactivación económica llegó: entre 2004 y 2012 el PIB creció un promedio de 50%, el empleo privado formal creció un 50% y el salario real formal un 80%.
Sin embargo, durante el kirchnerismo hubo en promedio un millón de planes sociales, demostrando que era una realidad que habÃa llegado para quedarse, más allá de los ciclos económicos. Llaman la atención, por ello, las palabras de la ex mandataria que alimentó durante su gobierno esta estructura, no sólo como herramienta de polÃtica social, sino fundamentalmente como estrategia para el desarrollo territorial y la acumulación de poder. Aquà aparecen no sólo los nombres del ahora fustigado "Movimiento Evita" sino también de la organización "Tupac Amaru" de Milagro Sala, "Barrios de Pie", el MTE de Juan Grabois, entre otras.
Si bien es tan cierto que a finales del último mandato de Cristina se habÃan reducido significativamente como que durante el gobierno de Macri volvieron a crecer significativamente al amparo de un "acuerdo tácito" entre el Ministerio de Desarrollo Social conducido por entonces por Carolina Stanley -de aceitados vÃnculos con la Iglesia-, y un conjunto de organizaciones sociales, o que volvieron a crecer exponencialmente como efecto combinado de la pandemia y la crisis heredada en el gobierno actual, la "lectura" de Cristina no deja de mostrar fuertes inconsistencias.
Por ello, lo que deja en evidencia el "relato" de Cristina es una triste realidad que da cuentas de la decadencia de la dirigencia polÃtica argentina: la manifiesta incapacidad para crear trabajo genuino y la utilización polÃtica de los pobres son las dos caras de una misma moneda.
Lamentablemente más que una "autocrÃtica" y un llamado a la reflexión para la clase polÃtica sin distinciones partidarias, lo que está detrás del planteo de la vice no es más que una necesidad propia de la realpolitik: los gobernadores e intendentes, sobre todo en el conurbano, viene reclamando que se les quiten la distribución de los planes a algunas de estas organizaciones que vienen acumulando poder territorial y se animan a desafiar a los dirigentes tradicionales, tanto dentro del propio peronismo como "por izquierda". Los planes para federalizar el acceso a los planes significan, ni más ni menos, que la vuelta de los mismos a la órbita de municipios y gobiernos provinciales.
Ojalá fuese una oportunidad para restaurar esa idea del trabajo digno como piedra angular de la movilidad social ascendente que supo caracterizar a la Argentina de mediados del siglo pasado, y no perpetuar esta perversa "polÃtica de los pobres" que no conoce de diferencias partidarias ni matices ideológicos. Lamentablemente, parafraseando a Lampedusa en el Gatopardo, parecemos estar frente a un planteo "de que todo cambie para que todo siga igual".
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